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En la misma semana que el oficialismo en el Parlamento está finalmente votando una ley que instaura un sistema jubilatorio común, la calificadora de riesgo Standard & Poor’s (S&P) subió ayer miércoles 26 la nota de la deuda pública uruguaya. Pasó de “BBB” a “BBB+” —dos escalones dentro del grado de inversión no especulativa o investment grade—, a la vez que mantuvo la perspectiva “estable”.
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Ponderó que “mejoras recientes al marco de política fiscal de Uruguay, incluida la probable aprobación de reforma de la seguridad social, debería contribuir a estabilizar las finanzas públicas en los próximos años y limitar el aumento de la carga de la deuda”, señaló en un comunicado. Sobre ese punto, agregó que si bien esta reforma no tendrá un impacto financiero inmediato, la aprobación respalda la visión de S&P en cuanto a la “efectividad institucional del país y contribuirá a la contención de las presiones presupuestarias a largo plazo”.
Para la agencia, las diferencias de política económica entre los diferentes partidos políticos son pocas en comparación con la mayor parte de la región. “Creemos que existe un amplio consenso sobre los aspectos macroeconómicos clave”, señaló, y destacó la “democracia vibrante” que tiene Uruguay.
S&P espera que estas políticas “respalden la ejecución fiscal, junto con el crecimiento” de la economía uruguaya sustentado por una cartera de proyectos de inversión “diversificados después de la finalización de la planta UPM 2 y relacionados con infraestructura este año”. Proyecta que el Producto Bruto Interno crezca alrededor de 1% en 2023, y que lo haga 2% en 2025-2026.