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Los uruguayos —al igual que los argentinos, brasileños, chilenos y los trinitarios— soportan una “elevada” presión fiscal cuando se engloban todos los tipos de cargas tributarias, y es comparable a la del promedio del club de países desarrollados.
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En la mayoría de las economías de América Latina y el Caribe hubo en décadas recientes una “racionalización intensa” de los sistemas impositivos, y en ese marco se produjeron “incrementos importantes en la carga tributaria en los últimos diez años”, afirma el especialista argentino Martín Bès en una consultoría hecha para el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias.
En su estudio aborda el concepto de presión fiscal ajustada (PFA) desarrollado por dicho centro —un organismo de asistencia técnica y capacitación para funcionarios de oficinas recaudadoras de sus 39 países miembros— y el Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene en cuenta como fuentes de ingreso fiscales los tributos nacionales y departamentales, los asociados a la explotación de recursos naturales y los aportes destinados a financiar la seguridad social. Constituye, a su juicio, “el indicador relevante al momento de analizar” la carga fiscal en América Latina y el Caribe, y para realizar comparaciones, en la medida en que refleja “con mayor precisión la realidad” en este plano.
La PFA, calculada como todos los ingresos fiscales en relación al Producto Bruto Interno (PBI), aumentó sin excepción por países desde los años noventa y hasta 2010, pero varía sustancialmente de uno a otro.
Para un primer grupo la misma es “elevada”: Brasil 33,9%, Argentina 31,5%, Chile 28,2%, Trinidad y Tobago 32,1%, y Uruguay 30,3%. Son niveles comparables al promedio de los países más prósperos que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) —donde la PFA ronda el 32,5%—, “algo impensable 20 años atrás”, sostiene el consultor.
En el caso de Uruguay, ese nivel de PFA para el período 2005-2010 se compara con el 24,1% de 1990-1994, 26,2% de 1995-1999 y 31% de 2000-2004. Quiere decir que la presión en el período más reciente es 6,2 puntos porcentuales del PBI mayor que a comienzos de los noventa o 25,7% superior, según los cálculos incluidos en el trabajo.
En otro grupo —Colombia, Costa Rica, México y Panamá—, la PFA representa algo más de 20% de sus PBI, mientras que para Paraguay esa relación ronda el 19% y para Perú es de 18,1%. En algunos de estos países lo recaudado por la explotación de recursos naturales “puede haber disuadido” el cobro de otros impuestos, señala Bès.
¿Qué se grava?
El aumento de la PFA se dio sobre todo por el “fuerte incremento” de los gravámenes directos —como el impuesto a la renta, a la propiedad y a las transacciones financieras—. “Sin embargo y a pesar de esta alza, lo recaudado (...) dista mucho del potencial, principalmente para las personas físicas. En un continente que se caracteriza por una elevada concentración del ingreso resulta imprescindible aumentar la participación del impuesto a la renta de los individuos en el total”, afirma el consultor.
Destaca que la reforma que hizo Uruguay con la introducción del Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas en 2007 “resultó la más importante a nivel conceptual. Su elemento distintivo fue el tratamiento dual de los ingresos provenientes de los salarios y de las rentas financieras, lo cual permitió aumentar la recaudación aportada por las personas físicas en un punto y medio del PBI” entre 2006 y 2008.
En relación a los ingresos que financian la seguridad social, advierte que cargas equivalentes a entre 5% y 8% del PBI como registran Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Panamá y Uruguay “pueden resultar insuficientes para financiar las demandas futuras” de sus sistemas.
Fiscal
Los impuestos nutren la caja del Estado, que a su vez enfrenta gastos diversos. Si la entrada de dinero no llega a cubrir los egresos, se produce un déficit fiscal.
Esa es la situación que históricamente han mostrado las finanzas públicas uruguayas.
Ayer miércoles 31 el Ministerio de Economía divulgó las cifras de junio que mostraron un deterioro.
A esa fecha, el déficit en las cuentas públicas en el período de 12 meses fue de U$S 1.003 millones, lo que equivale a 2% del PBI. Eso representó un incremento frente al año móvil cerrado a mayo, cuando el desequilibrio era de poco más de U$S 890 millones (1,8% del Producto).
