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Estos son días intensos para los funcionarios vinculados a la temática presupuestal, con llamadas telefónicas y reuniones continuas preparando el proyecto de Rendición de Cuentas que irá al Parlamento a fin de junio. Se aumentará el gasto pero menos de lo que se espera de lo hagan los ingresos: la intención de las autoridades económicas del gobierno es ir bajando el déficit como parte de un plan de “consolidación fiscal”. Alegando que no se trata de algo drástico, le dan ese nombre a lo que algunos analistas y políticos de la oposición identifican como un ajuste fiscal.
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Más allá de esa cuestión semántica, lo cierto es que Uruguay tiene una larga historia —aunque no tanto como otros países de la región— en este tipo de medidas que usualmente combinan recortes del gasto e incrementos de impuestos. Con un “enfoque narrativo”, a partir de las intenciones y acciones llevadas adelante por los distintos gobiernos, el Fondo Monetario Internacional (FMI) identificó para Uruguay nueve planes de “consolidación fiscal” desde fines de la década de los ochenta. El más duro fue el de 2002, cuando las medidas de recorte de gasto y subas de impuestos fueron por el equivalente a 3,27% del Producto Bruto Interno (PBI).
Así surge del documento de trabajo titulado Un nuevo conjunto de datos basados ??en acciones de consolidación fiscal en América Latina y el Caribe publicado por el organismo el 26 de abril. Antonio David y Daniel Leigh analizaron los cambios en los impuestos y en el gasto gubernamental efectivamente hechos —no simples anuncios—, motivados por un deseo de reducir el déficit presupuestal y la salud fiscal a largo plazo, y no por una respuesta a condiciones económicas puntuales. También incluyeron acciones que buscan otros objetivos, como cambios tributarios dirigidos a reducir la desigualdad, mejorar los incentivos, aumentar la eficiencia, entre otros, que en algunas ocasiones en la serie de datos anotaron con un signo negativo si implicaron expansiones en el déficit presupuestal (en el caso de los recortes de impuestos, por ejemplo).
Para identificar la motivación de este conjunto de medidas los economistas examinaron documentos oficiales, informes de los bancos centrales, así como reportes del propio FMI y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. El estudio abarcó a 14 países de América Latina y el Caribe —entre ellos Uruguay— para el período 1989-2016. Identificó en total 76 ajustes que tuvieron, en promedio, un impacto de 0,9% del PBI.
Uruguay.
Para Uruguay se contabilizaron “consolidaciones fiscales” en 1990, 1995, 1996, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2015. Fue uno cada tres años, en promedio, en todo el período de estudio.
La primera consistió en aumentos de impuestos de 1,7% del PBI y estuvo motivada por la necesidad de reducir un “gran déficit heredado”, según el documento. También buscó frenar el gasto por la vía de recortes en la inversión (0,5% del Producto) y una reducción en términos reales en los salarios del sector público (0,3% del PBI), aunque fueron más que compensados ??por el incremento del gasto en otras áreas, agrega.
El ajuste de 1995 ascendió a 1,6% del PBI, con recortes de egresos de 0,9% e incrementos de impuestos de 0,75%. “La nueva administración apunta a mejorar el desempeño del crecimiento en el mediano plazo mediante la reducción de la inflación a los niveles de los países industrializados y la eliminación de los impedimentos estructurales para el crecimiento, al tiempo que mantiene la viabilidad de la balanza de pagos. En el corto plazo, las autoridades están implementando un programa basado en una reducción sustancial del déficit del sector público, junto con la restricción monetaria y salarial, para reducir la inflación al 30% durante 1995-96 (es decir, el año que finalizó en marzo de 1996), coherente con el mantenimiento de la política cambiaria actual”, cita el estudio de un informe del staff técnico del FMI de la época.
La consolidación fiscal iniciada en 1995 continuó en 1996, con medidas impositivas que totalizan 0,25% del Producto.
En 2000 hubo recortes de gastos por 0,8% del PBI. Los equipos del Fondo señalaban que el gobierno de coalición colorado-blanca del presidente Jorge Batlle apuntaba a un “fortalecimiento significativo de la competitividad en la economía mediante la consolidación fiscal a mediano plazo y las reformas estructurales orientadas hacia el mercado”, indica el documento de trabajo.
En 2002 la consolidación fiscal consistió en 1,6% del PBI en medidas impositivas y 1,7% en baja de gastos. El paquete fue adoptado ante la necesidad de reducir la deuda, en un contexto de crisis bancaria y de balanza de pagos, y una grave recesión económica. Las medidas formaban parte de un programa respaldado por el FMI, señala.
El ajuste de 2003 fue por 1,4% del PBI en medidas de ingresos y de 0,2% en recortes de gastos. “Los objetivos clave del programa son garantizar la solidez fiscal, monetaria y bancaria”, cita de otro informe. Por el lado de los ingresos, las autoridades adoptaron también medidas para impulsar el superávit operativo de las empresas públicas; el estudio asignó un efecto neto equivalente a 0,9% del PBI por estas medidas.
Algunas medidas tributarias que habían sido introducidas durante la crisis, fueron desmanteladas años después. Eso determinó una caída de los ingresos, que el estudio computó como de medio punto del PBI en 2004 y 0,9% en 2005.
Ya más cerca en el tiempo, el estudio identifica acciones de consolidación fiscal en 2015, que consistieron en recortes de gastos de 0,6% del Producto. Fue para “reducir un déficit heredado y preservar la sostenibilidad fiscal”, indica, citando el informe de monitoreo anual al país que hace el FMI. “Las autoridades reafirmaron su compromiso de reducir el saldo fiscal general a 2,5% del PBI en 2019 e hizo hincapié en la posibilidad de revisar el presupuesto en 2017 para cumplir con este objetivo”, consigna. Agrega que el mismo reporte arroja luz sobre las motivaciones para tomar las medidas: “La desaceleración (económica) actual presenta una serie de desafíos macroeconómicos; la reducción de la inflación (bajo control, pero, sin duda, a tasas más altas de lo previsto), la preservación de la competitividad, el mantenimiento de un camino sostenible de cuentas fiscales y la continuación de la solidez de la estabilidad financiera, constituyen altas prioridades para el gobierno uruguayo”.
