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Los asesinatos por el narco se cuentan por miles. El caso de México suele ser tomado como ejemplo a escala internacional de todo lo malo que puede ocurrir cuando el narcotráfico le gana la pulseada al Estado. Por eso, la decisión del nuevo gobierno de ese país de presentar un proyecto de ley para regular el mercado de marihuana es considerado hito por quienes pretenden un cambio en la política internacional de drogas.
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Uruguay no es ajeno a ese proceso. El equipo del presidente electo Manuel López Obrador se asesoró con el gobierno uruguayo para elaborar el proyecto que presentó al Congreso la senadora Olga Sánchez Cordero, futura secretaria de Gobernación (equivalente a ministra del Interior), dijo a Búsqueda el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Diego Olivera.
El jerarca estuvo en Ciudad de México en los últimos días de octubre y se reunió con parte del equipo del futuro gobierno. En el encuentro conversaron sobre el modelo uruguayo y quedó abierto un canal para el “intercambio técnico” entre los dos países, informó Olivera, quien preside el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca). “Hay interés en que vayan técnicos uruguayos a asesorar”, añadió.
El gobierno uruguayo considera positivo que México y Canadá aprueben normas similares a la regulación del cannabis porque eso mejora su posición en el debate internacional sobre política de drogas.
Uno de los “puntos centrales” que querían conocer los mexicanos de Uruguay era el rol del Ircca, dijo Olivera.
El intercambio de puntos de vista quedó reflejado después en la propuesta que llegó al Congreso. El proyecto mexicano tiene varias similitudes con la ley que aprobó Uruguay en diciembre del 2013, una decisión que lo convirtió en el primer país del mundo en habilitar el comercio de marihuana a escala nacional. Así, el proyecto habilita el autocultivo de cannabis con un tope de 480 gramos de producción anual, el mismo límite que en Uruguay. También crea la figura de “cooperativas productoras”, algo similar a los clubes de cannabis uruguayos y repite el tope de 480 gramos.
El proyecto establece que las personas pueden portar hasta 30 gramos de cannabis —en Uruguay son 40— y que el sistema será monitoreado por el Instituto Mexicano de Regulación y Control del Cannabis.
El tercero.
Si el Congreso mexicano aprueba el proyecto, lo que parece probable porque el partido de López Obrador tiene mayoría, México se convertirá en el tercer país en regular el mercado de marihuana.
El segundo fue Canadá, que el 17 de octubre se convirtió en la primera economía industrializada y miembro del G7 en legalizar el cannabis para uso recreativo. Previo a la aprobación de esa ley, los canadienses mantuvieron reuniones con las autoridades uruguayas para conocer las ventajas y desventajas del modelo.
También en el caso de Canadá, ambos países establecieron un intercambio técnico en el tema. De hecho, en setiembre el gobierno lanzó una guía con recomendaciones para prevenir el consumo problemático de marihuana elaborada con el apoyo de especialistas canadienses.
Dos menos.
El gobierno considera positivo que México y Canadá aprueben normas similares a la regulación del cannabis porque eso mejora su posición en el debate internacional sobre política de drogas. Uruguay había quedado a la vanguardia del movimiento que busca terminar con el “prohibicionismo” y la llamada “guerra contra las drogas”.
Si el Congreso mexicano aprueba el proyecto, lo que parece probable porque el partido de López Obrador tiene mayoría, México se convertirá en el tercer país en regular el mercado de marihuana.
Sin embargo, no han sido todas buenas noticias para Uruguay en esa área, explicaron a Búsqueda expertos consultados al respecto. Colombia, hasta hace poco un aliado en ese tema, cambió de gobierno y las nuevas autoridades tienen una mirada más restrictiva.
El presidente Iván Duque aprobó un decreto que prohíbe la tenencia para consumo personal. La policía tendrá “la legitimidad en el espacio público para destruir la droga y para demostrarle al país que no vamos a dejar que los parques y los colegios se conviertan en un espacio donde los jíbaros (vendedores de drogas) se sienten a sus anchas”, dijo Duque en la ceremonia de firma del decreto.
Al cambio de enfoque en Colombia se sumará, evalúan en Uruguay, una posición más restrictiva de Brasil con la llegada del ultraderechista Jair Bolsonaro a la presidencia. Si bien los gobiernos del Partido de los Trabajadores no apoyaron expresamente la ley uruguaya, tampoco pusieron trabas en ámbitos internacionales, explicó uno de los consultados.
