El aumento en la intensidad y la frecuencia de los desastres ambientales hace cada vez más evidente la necesidad de incrementar la disponibilidad de sistemas de alerta temprana (SAT), con el fin de que las comunidades se encuentren mejor preparadas para enfrentar esos fenómenos. A su vez, estos sistemas también son cruciales para prever otro tipo de eventos adversos, como aquellos de origen social o antrópico.
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Es por eso que días atrás se presentaron los resultados de la consultoría Apoyo a la implementación de Sistemas de Alerta Temprana Multiamenazas en Uruguay, impulsada por el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN).
El documento, al que accedió Búsqueda, se desarrolló entre diciembre de 2022 y mayo de 2023 y tuvo como fin evaluar los avances logrados en el desarrollo de SAT a nivel nacional. Pero también formular recomendaciones a los efectos de implementar mejoras “para avanzar hacia la planificación e integración de un sistema multiamenazas centrado en la población, los bienes de significación y el ambiente de Uruguay”.
Las autoras de la consultoría, Diana Espinoza y Virginia Arribas, elaboraron un diagnóstico a partir de entrevistas a más de 30 actores institucionales, que incluyeron ministerios, direcciones generales y nacionales y organismos como el Instituto Nacional de Meteorología, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, UTE, OSE, Antel y el Banco de Seguros del Estado, entre muchos otros.
En ese sentido, el informe identificó 17 SAT “que cubren las peligrosidades asociadas a Uruguay”, menciona el documento, los cuales se evaluaron en función de cuatro puntos: entender el nivel de conocimiento existente sobre ese riesgo, analizar la detección y la vigilancia, su difusión y la capacidad de respuesta. De ellos, concluyeron que 12 se encuentran “en desarrollo”, ya que existe “conocimiento sobre los riesgos de desastre”, así como “detección, vigilancia, análisis y predicción de los peligros y consecuencias posibles”; pero otros cinco SAT se definieron como “a desarrollar”, debido a que “no se identificaron acciones relevantes” en referencia a esos mismos parámetros.
Particularmente, entre esos SAT “a desarrollar” se encuentran varios referidos a cuestiones ambientales, como la presencia de algas marinas o la contaminación de agua, suelo y aire. Según el informe, hoy existe conocimiento de riesgo en ese sentido, hay una red de vigilancia y también planes y acuerdos. Sin embargo, afirma que es necesario “fortalecer la interconectividad de herramientas de monitoreo”, así como crear protocolos de reporte de datos interinstitucionales y vincular a la academia en la operativa del SAT.
Otro de los puntos débiles de Uruguay se identifica en los sistemas de alerta temprana vinculados a las sequías hidrológicas y meteorológicas. Según el documento, si bien actualmente se realizan monitoreos de cantidad y calidad de agua y se llevan adelante planes de abastecimiento y seguridad del agua, es necesario “mejorar el monitoreo y seguimiento de la persistencia de la sequía, así como crear protocolos de comunicación” y recomendaciones relacionadas a la salud humana.
Y en lo referido a los sismos, señala que ni siquiera se cuenta con información para describir la situación actual de ese SAT y recomienda la puesta en marcha de una mayor “coordinación con la academia” para la revisión de datos históricos y análisis técnicos. Los SAT vinculados a transporte aéreo, marítimo, en ferrocarril y por carretera y los daños en estructuras y derrumbes son otros de los puntos “a desarrollar”, según el estudio diagnóstico.
En tanto, aquellos que se encuentran “en desarrollo” y están por ende en una situación más favorable son, por ejemplo, los vinculados a derrames químicos, interrupción de servicios (electricidad, Internet, ciberataques), epidemias, enfermedades en cultivos, incendios e inundaciones. También las olas de calor y de frío, las lluvias, las tormentas y los vientos.
Nuevos horizontes
Consultada por Búsqueda, la especialista en sistemas de información geográfica del CIIFEN, Diana Espinoza, dijo que la institucionalidad existente hoy en Uruguay relativa a sistemas de alerta temprana es “bastante importante”, pero explicó que hay elementos dentro de algunos SAT “que deben ser abordados para mejorar su operatividad”.
En ese sentido, señaló que Uruguay debe aumentar su articulación institucional con el fin de que los distintos organismos puedan vincularse mejor para poder ofrecer una adecuada difusión y respuesta frente a los desastres.
“La implementación de las políticas y la vinculación de los gobiernos locales en los procesos son otros de los puntos que faltan trabajar y podrían fortalecerse. Hablamos de la complementariedad de servicios, de su participación como parte de los temas de monitoreo en las mesas técnicas, el trabajo coordinado con las instituciones nacionales y no solo con el Sinae”, explicó Espinoza.
Otro de los puntos donde se detectaron falencias refiere a que, si bien hay mucho trabajo en lo referido a los SAT, varias instituciones no han plasmado ni consolidado la información en documentos técnicos.
Por el contrario, la experta celebró el accionar de la Dirección Nacional de Aguas respecto al monitoreo de las inundaciones y lo catalogó como uno de los puntos fuertes del país, pero opinó que el monitoreo de las sequías “no es tan fuerte como debería”.
Por su parte, el director del Sinae, Sergio Rico, dijo a Búsqueda que los resultados obtenidos “dan un panorama del ‘estado del arte’ en materia de SAT a nivel país” y aseguró que contar con ese diagnóstico actualizado “sin duda es útil para la toma de decisiones”.
“Aunque el origen de la peligrosidad sea natural, todos somos parte de las acciones que derivan en que nuestras comunidades estén más o menos expuestas. Es muy importante entender esto para comenzar a pensar un desarrollo que incorpore este enfoque y evite la generación de nuevos riesgos”, indicó. Sin embargo, reconoció que el relevamiento “deja claro que se está muy lejos del imaginario ‘acá no pasa nada’”, lo que definió como un punto clave, ya que la baja percepción de los riesgos en Uruguay puede derivar en ocasiones en que la población se exponga inconscientemente.
Al mismo tiempo, Rico explicó que el desafío de Uruguay hoy es disponer de un sistema integral multiamenazas. Y para lograrlo, señaló, se han impulsado distintas acciones, como la inclusión de SAT en los protocolos departamentales de repuesta a emergencias, la creación de comités locales de emergencia y la instalación de mesas interinstitucionales para el análisis y el monitoreo de riesgos.
En tanto, el representante residente del PNUD, Alfonso Fernández de Castro, dijo a Búsqueda que la idea a partir de este diagnóstico es construir una hoja de ruta que defina las acciones a implementar para “buscar la siguiente frontera”.
“El país está avanzando en los sistemas de alerta temprana pero es el momento de dar un salto cualitativo y trabajar en un sistema de alerta temprana multiamenazas a nivel nacional que esté realmente interconectado”, señaló.
En ese sentido, mencionó que entre las recomendaciones transversales el estudio planteó la necesidad de fortalecer el acceso a la información en tiempo adecuado por parte de la población, así como identificar los actores clave para cada SAT y definir responsabilidades, y ver cómo se pueden fortalecer los equipos y las estructuras para que la información fluya, entre varios otros puntos.
