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Antes de que termine el período, el presidente Luis Lacalle Pou deberá definir si Uruguay avanza en el dragado a 14 metros del acceso al Puerto de Montevideo, pese a la oposición de Argentina. Es que el gobierno considera que en los próximos meses estará habilitado a iniciar la obra, una interpretación del tratado binacional que regula la actividad en el Río de la Plata que la contraparte argentina rechaza.
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El tratado establece que para poder desarrollar el proyecto para la ampliación y profundización del canal de acceso al Puerto de Montevideo la delegación uruguaya en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) debe entregar información completa a los argentinos. Esa acción dispara un plazo de 180 días, a cuyo término el país puede empezar a dragar, una posibilidad que Uruguay plantea a Argentina desde hace años.
El presidente de la delegación uruguaya en la CARP, Alem García, dijo en julio a los argentinos que para el gobierno ya se había proporcionado información “completa”, por lo que el plazo de seis meses estaba en marcha.
La delegación argentina aprovechó la sesión del 29 de agosto de la CARP para dejar constancia de que tienen una interpretación opuesta sobre el proceso. El embajador Diego Tettamanti dijo que recibía “con preocupación la manifestación” uruguaya, porque su país entiende que todavía no obtuvo la información necesaria sobre el proyecto de dragado.
El delegado argentino sostuvo que todavía están esperando que Uruguay responda a consultas sobre el proyecto, por lo que no se puede decir que recibieron información “completa” y, mucho menos, que el plazo de 180 días esté corriendo.
En noviembre del año pasado Uruguay presentó el proyecto en la CARP y en enero, dentro de los 30 días de plazo previstos, Argentina solicitó información complementaria. Tettamanti dijo que solo fueron evacuadas cinco de las 29 consultas hechas a los uruguayos, por lo que un nuevo pedido fue cursado.
Uruguay respondió en julio e informó que consideraba que con ese acto el plazo de 180 días empezaba a correr. Argentina, en cambio, estudió los nuevos datos recibidos y formuló otras consultas. La delegación, “al día de la fecha, está aguardando que el Uruguay responda a este pedido de requerimientos ampliatorios y aclaratorios a la documentación presentada”, dijo Tettamanti, según consta en el acta a la que accedió Búsqueda.
El titular de la delegación uruguaya respondió entonces que era “obvio” que estaban “ante diferentes criterios de interpretación sobre los hechos acaecidos y las normas aplicables relativas al procedimiento establecido en el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo”.
En su respuesta, García reseñó los diversos pedidos de información elevados por Argentina y las respuestas uruguayas. Insistió en que el proyecto presentado por Uruguay es muy bueno y que se ha dado información necesaria para satisfacer las dudas de la contraparte. Reconoció, sin embargo, que “quedan 13 puntos” sobre los que Argentina “todavía está solicitando una respuesta” y que se trata de temas “absolutamente técnicos que tienen que ver con el proyecto de obra”.
Y agregó: “La Cancillería estima —y esta delegación también, por supuesto— que la información brindada es absolutamente completa; por lo tanto, a juicio de Uruguay, el plazo de 180 días está corriendo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Oportunamente, lo tendrá que decidir el Poder Ejecutivo, es decir, la Presidencia de la República y la Cancillería; no es materia de quien habla”.