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    Uruguay es “vanguardia” en la actividad y regulación de los drones pero no tiene los recursos necesarios para fiscalizarlos

    Estiman que hay más de 20.000 en el mercado; la Dinacia quiere cambiar el marco básico actual por un reglamento que establezca, entre otros elementos, procesos de certificación de las empresas

    Hace unos cinco años la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia) empezó a ver con claridad cómo un fenómeno creciente ponía en cuestión conceptos básicos que hasta entonces se habían mantenido sólidos. “El espacio aéreo que nosotros manejamos, el tradicional para el Derecho Aeronáutico, entra en colapso cuando me llama una señora y me dice: ‘Tengo un dron volando arriba del espacio aéreo que me pertenece, sobre la piscina del fondo”. ¿Cómo le explico que hay servidumbre de paso para las aeronaves? Y hay desafíos jurídicos. ¿Cuál es la responsabilidad del comandante? ¿Dónde está el comandante?”, planteó el abogado José Palermo en un evento de aviación civil organizado por el Ministerio de Transporte.

    En una conversación con Búsqueda, el profesional que asesora a la Dinacia repite —casi como un latiguillo— que el derecho va siempre detrás de los hechos. En este caso, Uruguay fue uno de los primeros países en emprender la carrera detrás de la actividad de los drones. En 2014, cuando había pocos ejemplos internacionales para imitar, la Dinacia aprobó un marco básico de operación para esos dispositivos. Lo hizo, además, con un enfoque particular. Mientras los pocos países que habían regulado habían optado por un camino restrictivo, Uruguay decidió fomentar la actividad pero con orden y seguridad.

    El presidente de la Asociación Uruguaya de Drones, Miguel Remuñán, sostiene convencido que el país fue “vanguardista y pionero” con aquel marco normativo. También cree que la industria uruguaya tiene un alto nivel de desarrollo y está a la vanguardia internacional. Como ejemplo destaca que hay en Uruguay drones inspeccionando plantas de generación fotovoltaica.

    La Dinacia tiene registradas 29 empresas y cerca de 250 drones. Palermo valora el marco básico de 2014 como una herramienta que les permitió dar orden a la actividad y aprender mucho. Sin embargo, entiende que hoy es necesario dar un paso más y avanzar hacia un reglamento, además de dotar a la Dinacia, que tiene solo dos inspectores para el control de drones, de los recursos humanos y económicos que le permitan fiscalizar efectivamente su cumplimiento.

    Remuñán sostiene que la amplia mayoría de la actividad de drones se lleva a cabo al margen de la normativa. A partir de los registros de la Dirección Nacional de Aduanas desde 2014, Remuñán estima que hay en el mercado uruguayo al menos entre 20.000 y 25.000 drones, incluyendo en esa cifra los equipos de juguete.

    Madurez

    El nombre dron proviene del inglés drone. Algunas páginas web especializadas sostienen que la denominación simplemente surge de la sigla de Dynamic Remotely Operated Navigation Equipment (Equipo de Navegación Dinámico Operado Remotamente). Otras la vinculan a su significado: zángano, la abeja macho encargada de fecundar a la reina. Según esta segunda versión, la palabra se aplicó a los dispositivos aéreos por la similitud de su zumbido al del zángano. Actualmente la denominación técnica más común de los drones es la sigla RPA (Remotly Piloted Aircraft).

    La Dinacia eligió definirlos como Dispositivos Aéreos Operados a Distancia (DAOD) en el marco básico de operación que aprobó en 2014 a través de la resolución 291. El organismo entendió que la “proliferación” de esos equipos y su uso “indiscriminado” podía “comprometer la seguridad de la actividad aeronáutica”, y era necesario establecer un ordenamiento básico que brindara “niveles aceptables de seguridad operacional”.

    Había por entonces apenas unos pocos países con normativa al respecto, como Francia y España, pero con enfoques ampliamente restrictivos. La Dinacia tenía claro que quería recorrer otro camino. La visión era —y sigue siendo—, sostiene Palermo, la de “fomentar la aviación”. Y los drones son aviación.

    La resolución 291 procuró entonces discriminar en función de dos ejes: tamaño y actividad. En el primero, separó los equipos en “menores” (de 0 a 25 kilos), “medianos” (de 25 a 260 kg) y “mayores” (más de 260 kg). En el segundo, distinguió los drones utilizados para “deporte o recreación” de los empleados para “actividades remuneradas”.

    Si bien Uruguay fue pionero con su marco básico de operación, la Dinacia tiene carencias para poder fiscalizar su cumplimiento. El organismo solo tiene dos inspectores para el control de la actividad de drones.

    Para todos los casos prohibió, “salvo autorización expresa”, el transporte de pasajeros, las operaciones internacionales, el vuelo sobre áreas pobladas o concentración de personas y el vuelo en zonas de tráfico de aeropuertos y aeródromos. También estableció el límite de altura de vuelo en 120 metros.

    Para los restantes requisitos y condiciones de operación, la reglamentación sigue la siguiente lógica: la actividad deportiva y los drones de menor porte tienen menos requisitos pero más limitado su campo de acción, mientras que sucede lo inverso con la actividad remunerada y los drones de mayor porte. Por ejemplo, los equipos “menores” que se utilizan en la actividad deportiva no tienen ningún requisito de registro o permiso en la Dinacia. En cambio, quienes utilizan drones para actividades remuneradas deben contratar un seguro de responsabilidad civil o aeronáutico, deben obtener el Permiso de Operador de Dispositivo Aéreo Operado a Distancia, y deben registrar sus empresas y sus equipos en la Dinacia.

    Palermo cree que aquel marco básico de operación que colocó a Uruguay en un lugar de vanguardia ya adquirió las condiciones de madurez necesarias para convertirse este año en una “reglamentación tipo RAU (Reglamentos Aeronáuticos Uruguayos)”. De hecho, aprobarla es uno de los objetivos de la Dinacia para este año.

    Al mismo tiempo, es consciente de que necesitarán hacerle varios ajustes. Una de las principales modificaciones previstas es revisar “a la baja” los pesos de la clasificación actual. La categoría “menores”, por ejemplo, concentra la amplia mayoría de los equipos del mercado y no permite separar los juguetes de los profesionales. Palermo también cree que deberán crear procesos de certificación de las empresas, perfeccionar los “permisos de operador” y establecer un límite de edad, algo que “se comieron” en 2014.

    “Es así”

    Además de presidir la Asociación Uruguaya de Drones, Remuñán es uno de los dueños de la empresa Baynal S.A., representante en Uruguay del principal fabricante de drones del mundo, la compañía china DJI. En el mercado uruguayo, contó, se comercializan desde drones de juguete, con costos que varían entre US$ 30 y US$ 200, hasta equipos profesionales que superan los US$ 50.000.

    El uso más extendido de los drones en la industria es el audiovisual. “Hoy casi no hay una publicidad que no tenga imágenes aéreas”, dice. Sin embargo, existen otras numerosas implementaciones y permanentemente surgen nuevas.

    En la actividad agropecuaria, los drones se utilizan con frecuencia para el control de plagas en los cultivos. En campos de centenares o miles de hectáreas muchas veces los problemas están en unos pocos metros cuadrados. El uso de drones permite hacer mapas de reflectancia que miden en detalle el índice NDVI —índice de vegetación de diferencia normalizada— que determina la calidad y el grado de desarrollo de las plantas. También son muy útiles para el control del cultivo de arroz, que, una vez que está inundado, no es conveniente que sea pisado.

    La vigilancia de los campos es otra función para la que se utilizan drones en el ámbito rural. Los equipos se emplean para tareas como verificar el estado de los alambrados, determinar la ubicación del ganado, e incluso pueden arrear ovejas. Remuñán cuenta que es común que los dueños de grandes establecimientos agropecuarios envíen a sus capataces a los cursos de capacitación que dicta la Asociación Uruguaya de Drones.

    En el sector industrial, los drones se utilizan para la inspección de las palas de los molinos eólicos. De esa manera, se evita que un trabajador tenga que trepar para hacerlo, con los riesgos que implica. También, mediante el uso de cámaras termográficas, se emplean para detectar fallas en los paneles solares de las plantas de generación fotovoltaica.

    “Uruguay, aunque parezca mentira y aunque esté atrás en un montón de cosas, en la actividad de drones es vanguardia. Es así”, dijo.

    Educación

    Un helicóptero que transporta a un lesionado se acerca a un hospital. Mientras desciende, un dron se estrella contra su rotor de cola y lo rompe. Lo que sigue es un desastre. El piloto pierde el control, en la caída choca con una ambulancia, el helicóptero queda de costado y sus hélices —que siguen girando— se parten en pedazos contra el suelo, hiriendo a la gente que está alrededor. En una casa vecina, perplejo por lo que acaba de provocar, un adolescente deja caer sobre el pasto del patio el control remoto de su dron.

    El accidente nunca ocurrió. Es en realidad el comienzo de un capítulo de la serie Casualty de la cadena británica BBC. Palermo suele usar ese fragmento en algunas charlas para ilustrar sobre los peligros que pueden generarse cuando se cruza la actividad de los drones con el transporte aéreo tradicional.

    En Uruguay no se han registrado accidentes. “Por suerte, el cielo es muy grande. Pero donde aumente el número pueden pasar estas cosas”, advirtió Palermo. Tanto él como Remuñán ven con atención cómo esos dos mundos, antes lejanos, comienzan a convivir en algunos entornos.

    En la actividad agropecuaria, los drones se utilizan con frecuencia para el control de plagas en los cultivos. La vigilancia de los campos es otra función para la que se utilizan drones en el ámbito rural.

    “La principal preocupación que tenemos es la interferencia con los vuelos tripulados”, explicó Palermo. De hecho, contó que debieron sancionar a gente que estaba volando sus drones en las cercanías del Aeropuerto de Carrasco.

    Remuñán sostuvo que zonas costeras como las playas de Punta del Este o la rambla de Montevideo son también puntos a tener en cuenta. “Cada 15 metros hay un dron. Y esos drones no saben si va a pasar un helicóptero, un aviocar o un parapente”, señaló.

    Si bien Uruguay fue pionero con su marco básico de operación, la Dinacia tiene carencias para poder fiscalizar su cumplimiento. El organismo solo tiene dos inspectores para el control de la actividad de drones. Eso en los hechos determina que aunque el marco prohíba volar a más de 120 metros o sobre centros poblados, cualquiera pueda hacerlo sin obstáculos.

    Remuñán contó que incluso hay quienes con conocimiento de programación logran superar el límite de 500 metros que los equipos traen de fábrica para evitar que invadan el espacio aéreo. Para combatir ese tipo de comportamientos, cree que es fundamental la “concientización”.

    “Que la gente sepa que un juguete es un juguete y un dron de determinado porte es otra cosa. Hay que tener mucho respeto por el espacio aéreo que se comparte con pilotos que tienen años de capacitación”, dijo. En su local, con cada equipo que venden le entregan al cliente un folleto de la Dinacia con instrucciones básicas para su uso responsable.

    Palermo tiene claro que, más allá de los ajustes normativos que promoverán este año, el organismo necesitará “grandes recursos” humanos, económicos y tecnológicos. “Hay que establecer normas, educar y apoyarse en la tecnología. Esas son las tres patas que van a sostener cualquier solución”, concluyó.

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