Las pólizas para el agricultor operan como un “estabilizador de ingresos” y le evitan tener que recurrir a endeudamiento, si bien son, al mismo tiempo, una garantía adicional para la obtención de créditos.
“No obstante los avances registrados en materia de oferta de coberturas, se debe señalar que las mismas han tenido como destino principal determinados riesgos que afectan a la producción vegetal, incluyendo la forestación. Ello ha implicado que, ante la ocurrencia de determinados eventos que por su magnitud (riesgos sistémicos, como por ejemplo una sequía) o rubros de producción afectados (forraje para la ganadería de carne, lana o leche), el Estado ha recurrido a otras medidas de ayuda ex-post para mitigar sus consecuencias”, como exoneraciones tributarias, habilitación de líneas de crédito con plazos y tasas benévolas, por ejemplo, añade el documento.
La “ley del calefón” y los costos
A pesar de la cultura aseguradora del productor uruguayo, Carlos Rivera, el encargado técnico de la Unidad de Seguros Agrícolas de esa compañía, señaló que a menudo opera “la ley del calefón”; es decir, se supone que todas las pólizas que se ofrecen en el mercado “son iguales y se elige la más barata”. Dijo que ese supuesto no es correcto, ya que cada aseguradora tiene su forma de operar.
En el mercado local son cinco las empresas que ofrecen seguros rurales: el Banco de Seguros del Estado (BSE), Surco, Mapfre, Sancor y Berkley.
En total, en el primer semestre de 2013 emitieron pólizas rurales por U$S 10,9 millones, un monto 10,3% superior a los contratos de igual lapso de 2012.
Este rubro tiene una participación menor dentro del mercado de seguros en Uruguay, si bien viene creciendo; representó el 1,9% del total.
Por empresa, la que tiene mayor porción en el negocio de las primas rurales es el BSE, con 47%.
La empresa estatal ofreció la primera póliza agrícola en 1914, que cubría el riesgo de granizo bajo un régimen monopólico (que se derogó a fines del siglo XX).
En los hechos, el mercado compite en el segmento de seguros rurales desde 2002 con la incursión de Mapfre y de Surco en 2003. Más tarde se sumaron Sancor y Berkley.
El supervisor del BSE Jorge Muzante señaló que en 2012 la compañía aseguró 535.000 hectáreas, lo que implica algo menos de la mitad de la superficie total cubierta. Ese año, la rama de seguros rurales de esa institución registró un crecimiento de 13% respecto al 2011.
Muzante estimó que en el año en curso el área asegurada se mantendrá en niveles similares.
Reconoció que en el año agrícola 2012/2013 la siniestralidad fue la más importante desde comienzos de la década pasada, puesto que la cantidad de siniestros pagados superaron las pólizas vendidas.
En materia de costos, Muzante dijo que por la cobertura básica —granizo e incendio— el precio es en promedio de 2,5% del capital asegurado por hectárea (que puede ir entre los U$S 350 hasta U$S 800 por hectárea, salvo en el arroz que llega hasta los U$S 2.000).
Rivera, de Surco, dijo que el precio de un seguro para un cultivo de invierno se ubica en promedio entre los U$S 26 y los U$S 30 por hectárea, mientras que para un cultivo de verano el costo baja a entre U$S 14 y U$S 15.
La diferencia en los costos se debe a que los siniestros durante el verano son menos agresivos, explicó.
A la cobertura básica que ofrecen las compañías frente a riesgos por granizo e incendio, se pueden adicionar otras coberturas que varían según las empresas (viento, heladas, resiembra, exceso de lluvia, etc.).
Otro tipo de seguro o modalidad cubre determinados niveles de rendimiento o sumas aseguradas por hectárea.
Además de las coberturas comerciales que ofrecen las compañías aseguradoras, existen las llamadas “mutuas” o autoseguros compartidos, que operan para daños provocados por el granizo en los cultivos que tienen una fuerte integración vertical, como el arroz y la cebada. Con esta modalidad, los productores adheridos —en algunos casos en forma voluntaria y otras veces obligatoria— asumen el compromiso de compartir los costos de los daños causados por ese evento. El monto máximo a aportar por agricultor se descuenta de la liquidación del grano remitido al molino o a la maltería.
Desafíos
Aunque Uruguay está “entre los punteros en el mundo” en materia de área agrícola asegurada —exceptuando a aquellos países que subsidian las pólizas— los agentes consultados indican que hay varios desafíos para elevar la cobertura.
Rivera destacó la necesidad de aumentar la red meteorológica que tiene el país. “Sin eso no vamos a mejorar el seguro agrícola”, opinó.
También bregó por avanzar en la mentalidad del cliente, que opera “por precio” a la hora de elegir una prima.
Asimismo señaló la necesidad de acercar más cada cobertura a lo que el productor necesita, porque indicó que en este tipo de seguros sucede usualmente lo opuesto a lo que pasa con otro tipo de pólizas. “Cuando viene el corredor de automóviles, en general él sabe más que usted. Pero cuando alguien viene a vender un producto agrícola, el productor sabe mucho de lo que se le está hablando y sabe muy bien lo que quiere”, ilustró Rivera.
Por su parte, Muzante situó entre los principales desafíos el de los granjeros.
Luego de la granizada del último verano, que afectó con cuantiosas pérdidas a granjeros de varias zonas, el BSE y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) acordaron la posibilidad de que estos productores puedan “gestionar sus riesgos” a “muy bajo costo” mediante el subsidio de las tarifas.
El ejecutivo informó que los subsidios llegan hasta un 90% del costo de la prima y en especial el pequeño productor tiene a disposición coberturas de granizo para horticultura y fruticultura, en invernáculos, en galpones de ave, por ejemplo. “(En esto) comenzamos un desafío muy importante porque seguramente buena parte de los productores van a tomar esta cobertura y cuando suceda otra tormenta habrá organizada una respuesta mucho más justa”, valoró.
Muzante dijo que se nota un “interés muy marcado” de los granjeros por este producto y espera que haya una “adhesión muy importante” al plan de subsidios.
El episodio climático con impacto en el agro más reciente ocurrió en setiembre pasado. Las fuertes tormentas con lluvia y frío provocaron la muerte de unos 30.000 lanares y algunos vacunos. También hubo daños en producciones frutícolas, en especial en Canelones.
Ante esa situación, el Poder Ejecutivo puso a disposición de los productores de ovinos afectados una línea de préstamos de hasta U$S 12.000 con un interés de 3% anual. El financiamiento debe reembolsarse en cinco cuotas anuales.
Ganado sin cobertura
La actividad ganadera en el país no está cubierta por pólizas y ese es otro de los asuntos pendientes en el sector, según Muzante. “En Uruguay hay 14 millones de hectáreas dedicadas a la ganadería y lo único que tenemos son seguros de pedigree, de vida animal… Es muy limitado”, admitió.
Y en ese sentido, informó, el BSE viene impulsando un producto que está a estudio del MGAP para cubrir el forraje ante una eventual sequía, lo que causa pérdidas de peso en los animales.
“Creo que el churrasco está servido y jugoso como para que Uruguay, cuando tenga la próxima sequía, cuente con un sistema objetivo de ayuda a los productores. Que sea simple y para que la indemnización sea justa y llegue en tiempo y forma, sin tener que activar fondos de catástrofe”, opinó Muzante.
Historia de tres capítulos
A grandes rasgos, la historia de los seguros agropecuarios y forestales en Uruguay tiene tres capítulos.
Según la consultoría realizada para el IICA por el especialista Fernando Vila en 2009, el primero abarca el período 1914 a 1992 y se caracterizó por la exclusiva existencia de la oferta comercial por parte del Banco de Seguros del Estado, que ofrecía en régimen de monopolio coberturas para cultivos por daños provocados por el granizo.
La segunda etapa va desde 1992 al 2000, cuando entre otras acciones se aprobó una ley que exoneró de IVA la contratación de seguros, otra referida a la protección integral de viñedos y se desmonopolizó la actividad aseguradora.
El tercer período tuvo como hito una resolución del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de junio de 2000 que dispone el desarrollo de un “Sistema de seguros agropecuarios”. El disparador fue una sequía que afectó severamente a la ganadería extensiva, la lechería y la agricultura de secano.