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    Uruguay estancado en su “libertad económica”

    De todos los índices y rankings que clasifican a los países, es probable que el de “libertad económica” (ILE) sea el que más se asimile a la concepción filosófica del presidente Luis Lacalle Pou. Se basa en el concepto de autopropiedad: las personas tienen derecho a elegir, a decidir cómo usar su tiempo y talento para dar forma a sus vidas. Así, por ejemplo, para lograr una puntuación alta y un buen lugar en el ranking mundial, un país debe hacer algunas cosas, pero abstenerse de otras. Los gobiernos mejoran la libertad económica cuando proporcionan un entorno que facilita el libre albedrío individual, y el sistema legal es particularmente importante para proteger la persona y la propiedad. A su vez, la libertad económica se reduce cuando los impuestos, el gasto público y las regulaciones sustituyen a la elección personal o el funcionamiento de los mercados. En suma, el ILE debería indicar en qué medida los recursos escasos se asignan mediante elecciones personales voluntarias en los mercados, en lugar de una planificación centralizada por el proceso político.

    El ILE es elaborado por Fraser Institute —un think thank canadiense— y publicado una vez al año en colaboración con institutos de investigación de distintos países; el socio en Uruguay es el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), de corriente liberal. La última edición, con datos de 2018, se conoció el viernes 11 y mostró al país con un puntaje de 7,25 (en una escala de 0 a 10, en donde los mayores valores indican niveles más altos de libertad económica). Es un mínimo cambio respecto al año anterior (7,23).

    Entre 162 países analizados, con el nuevo valor del ILE Uruguay se ubicó en la posición 66, perdiendo un lugar respecto a la edición previa. En la década de 1980, 1990 y hasta comienzos del 2000 el país mejoró su índice, pero en los años recientes se estancó. En el resumen que circuló, el CED interpretó que, en términos del ranking, se produjo un “deterioro importante con respecto a 2011”, cuando el país ocupó el puesto 37. “El retroceso en la tabla se debe a un estancamiento en el puntaje de nuestro país al mismo tiempo que otros avanzaron de forma sustancial. Perú y Paraguay son ejemplo de una evolución positiva en los últimos años”, añadió.

    Para el CED, más allá de la estabilidad del ILE actual respecto al del año anterior, al desgranar sus distintos componentes aparecen diferencias. En cuanto al “Marco legal y derechos de propiedad” el país tiene una buena posición relativa, lo mismo que en “Libertad para comerciar”. Sin embargo, el subíndice “regulaciones” lo ubicó en el lugar 90 del ranking. “En este tema vuelven a surgir con fuerza los problemas de regulación en el mercado de trabajo. En el marco de muchos países que vienen avanzando con decisión hacia mayores niveles de libertad económica, el estancamiento de nuestro país nos puede hacer retroceder significativamente en estos indicadores”, comentó.

    Libertad como motor

    Según sus autores, existe una alta correlación entre libertad económica y bienestar social, por lo que aquellos países del cuartil con valores más elevados del ILE presentan mayores niveles de ingreso, menor incidencia de la pobreza, más respeto a los derechos humanos y menor brecha de género.

    Hong Kong (8,94), Singapur (8,65), Nueva Zelanda (8,53), Australia (8,43) y Estados Unidos (8,22) volvieron a figurar en los primeros lugares del ranking. Uruguay integra el segundo cuartil de países, precedido por Trinidad y Tobago (7,26), y sucedido por Paraguay (7,23). Otro sudamericano, Venezuela, cierra el ranking con apenas 3,34.