Uruguay mantiene imagen positiva en la región pese a casos de “corrupción de mala gestión” de Sendic y de algunos intendentes

Los que están al tanto de procesos judiciales por presunta corrupción fueron 36%, un aumento frente al 19% que habían dado esa respuesta en el sondeo anterior, en 2016. Carla Arellano, consejera de Ferrere que coordinó la encuesta local, interpretó en diálogo con Búsqueda que ese salto pudo estar asociado al “caso Sendic” y al de algunos jefes comunales —como el del sorianense Agustín Bascou, investigado por la Justicia a causa de la venta de combustibles a la Intendencia desde una estación propia—. Según ella, en comparación con lo que ocurre en la región es “corrupción de mala gestión” y “hechos puntuales”, que no llegan a configurar la “maquinaria” desarrollada en otros países donde se mueven “grandes sumas de dinero”.

“El mundo nos puede colocar mucho más arriba” todavía, ya que el entorno regional “puede ser mucho más corrupto” dado el gasto asociado a la lucha contra el Covid-19, que implica compras de medicamentos o equipamiento médico, por ejemplo, opinó. Según la abogada de Ferrere, en Uruguay los procesos licitatorios son “transparentes”, lo que desde la perspectiva de las empresas pone “la vara muy alta”.

Ante la pregunta de en qué grado cree que las leyes anticorrupción en Uruguay son eficaces, una mayoría (61%) se inclinó por la opción intermedia: de forma “moderada”. Las visiones extremas se repartieron entre un 32% que piensa en una “gran” eficacia y un 7% de incrédulos (“no son efectivas”).

En la Aduana y en las empresas públicas es donde se percibe, en mayor proporción, niveles de “corrupción significativa”; así lo ve el 46% y 43% de los ejecutivos encuestados, respectivamente. El porcentaje es algo menor respecto de la Policía (36%) y los partidos políticos uruguayos (21%).

Otra pregunta apuntó a conocer la visión sobre el problema en Uruguay entre aquellos ejecutivos que tuvieron una experiencia de negocios con el país, ya no solo los que trabajan para una empresa aquí. Entre los 249 que respondieron, 30 señalaron que la corrupción es un “obstáculo significativo”, en tanto que 93 lo consideró un “obstáculo ocasional” y 126 aseguró que no es un impedimento para la actividad empresarial.

Región.

Debido a algunos escándalos recientes —como el “Pacogate”, que involucró a más de 100 miembros de la Policía—, Chile es un caso de deterioro marcado, lo que supuso una ruptura de la posición histórica como país de bajo riesgo de corrupción: casi la mitad (49%) ve a este asunto como un “obstáculo significativo”. En 2012 solo 22% pensaba eso.

En comparación con el sondeo de 2016, hoy son menos los encuestados en Argentina que piensan en la posibilidad de que un infractor sea procesado judicialmente (bajó de 53% al 39%), mientras que solo el 2% piensa que su país liderará la aplicación anticorrupción en el futuro.

El “caos” en Venezuela impacta la encuesta regional, consigna el informe. Además de que “se hace difícil obtener datos fiables” —solo ocho personas respondieron por ese país en esta edición—, las respuestas son contundentes: todos los encuestados encontraron una corrupción significativa en el Poder Ejecutivo y en la Policía.

“La corrupción es una práctica profundamente arraigada en todos los países, y las mismas autoridades que afirman trabajar contra la corrupción se cubren los ojos y afirman no ver y no saber”, dijo uno de los ejecutivos encuestados. En el promedio de la región, el 64% respondió afirmativamente a la pregunta de si en el país en el que trabaja tiene conocimiento de alguna empresa, individuo o funcionario público que esté siendo procesado judicialmente por realizar o recibir un pago indebido, un regalo u otro beneficio relacionado con la obtención de un negocio. El conocimiento de los juicios en contra de los infractores podría deberse, en parte, a la amplia publicidad que rodea a la participación de funcionarios en el escándalo de corrupción Odebrecht, interpreta Miller & Chevalier en el informe.

Para el promedio de América Latina, el 54% de los participantes cree que la corrupción es un obstáculo importante para hacer negocios, un aumento de 10 puntos respecto a 2012. Además, menos de la mitad (45%) considera que es probable que los infractores de leyes anticorrupción sean enjuiciados, en comparación con el 66% de 2008; la gran mayoría de los encuestados piensa que sus leyes anticorrupción “no son efectivas” o solo “en pequeña medida”.

Estos resultados “pueden ser sorprendentes si se toma en cuenta el aumento de esfuerzos de aplicación de la ley y de una corriente de investigaciones de alto perfil que se ha llevado a cabo en los últimos años”, señala el informe. Una explicación puede ser el efecto de “dos pasos adelante, uno para atrás”, apunta: la sostenibilidad de los esfuerzos anticorrupción suele experimentar retrocesos cuando se interrumpe el poder arraigado entre las élites. Otro factor podría ser que algunos encuestados están empezando a considerar que los esfuerzos para la aplicación de la ley en el plano local están politizados por naturaleza, en lugar de ser imparciales para erradicar la corrupción, y que los sistemas judiciales débiles no están en condiciones de proporcionar las protecciones y garantías necesarias.

Por otro lado, de las encuestas surge que cada vez son más las grandes empresas de toda la región que están adoptando una amplia variedad de elementos del programa de compliance de anticorrupción, incluidos los que van más allá de las políticas y capacitaciones básicas. En general, los países de la región se están dividiendo en dos categorías respecto a esto: más y menos “desarrollados”, dejando en una posición intermedia (“en desarrollo”) solo a Guatemala y a Honduras. Uruguay está en el primer grupo, junto con Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y México (y Estados Unidos, incluido por sus altos estándares). Pero, según Arellano, eso responde al trabajo de las oficinas públicas; “lo que está faltando es una regulación de la corrupción privada. Uruguay está en un debe. Sería bueno que este gobierno tomara el tema”.