“No hay un sistema de prevención de la corrupción” y eso tiene que mejorarse, afirmó. “Hay un conjunto de mecanismos de contraloría que existen a escala internacional que en Uruguay no estamos aplicando. ¿Eso significa que hay corrupción? No. Pero tampoco significa que no la haya”.
—¿Cuáles considera que fueron los principales logros de sus primeros cinco años de gestión?
—Cuando el 21 de marzo de 2012 el Senado votó la venia para que me designaran como fiscal de Corte por diez años, explicité claramente cuáles eran mis objetivos y los reiteré el 17 de abril cuando asumí. El primero era lograr la autonomía del Ministerio Público, una vieja aspiración que nunca se había logrado concretar. Hoy la Fiscalía es un servicio descentralizado, fuera del Ministerio de Educación. El segundo objetivo era transformar la Fiscalía en un organismo especializado de investigación y persecución criminal, lo que era imprescindible para la reforma del proceso penal. Teníamos un Ministerio Público que cumplía infinitas funciones, y planteamos racionalizar el uso de recursos humanos y materiales y centrarnos en aquellos cometidos que son su ADN: ejercer la acción penal. Fue una transformación profunda que ya está hecha. Por otro lado, visibilizar la institución, que en 2012 sobrevivía escondida atrás del Poder Judicial. Romper la estructura espejo con el Poder Judicial y definir claramente los cometidos era una de las tareas más difíciles. Ha sido el proceso más largo y doloroso, pero ese objetivo está cumplido. Hoy estamos parados frente a la sociedad, haciéndonos cargo, dando la cara y rindiendo cuentas. En materia de recursos humanos teníamos dos grandes objetivos: aumentar el número de recursos y la transparencia en la selección. Nunca en la historia de la Fiscalía se habían hecho concursos para fiscales, ni para ingresar ni para ascender. Hoy los concursos están establecidos por ley. En materia edilicia, invertimos 6.000.000 de dólares en dos edificios nuevos en Montevideo. Incrementamos el presupuesto, y mejoramos su ejecución y redistribución. Cuando asumí en la Fiscalía prácticamente no había computadoras; hoy hay equipamiento para todos los fiscales y funcionarios. Teníamos dos vehículos en 2012, hoy tenemos ocho. La institución creció sin engordar, que era uno de nuestros objetivos. También estamos trabajando en la redistribución de las cargas de trabajo, que va a ser completamente distinta a la actual: no van a ser turnos temporales sino que vamos a ir a una distribución por modalidad delictiva. El último gran desafío es la reforma procesal penal.
—El nuevo Código del Proceso Penal (CPP) entrará en vigencia el 16 de julio. ¿Están prontos para ponerlo en marcha?
—Hay una comisión interinstitucional entre el Poder Judicial, el Ejecutivo, el Legislativo y la Fiscalía que está trabajando activamente en el plano normativo, planteando modificaciones al CPP que nos parece que son imprescindibles — como la modificación del proceso penal adolescente y la eliminación de la libertad condicional. Hoy creemos que vamos a tener problemas que probablemente no tengamos y van a aparecer problemas que hoy no tenemos ni idea. Las reformas son procesos. El 16 de julio automáticamente va a empezar lo que se conoce como el duelo de prácticas: las viejas prácticas van a luchar por subsistir y las nuevas van a luchar por imponerse. Este código no es un cambio normativo sino cultural, que es mucho más profundo. Hemos trabajado mucho para capacitar a nuestros fiscales. Cuán prontos vamos a estar el 16 de julio, lo vamos a saber ese día.
—La corrupción está extendida en países de la región, pero Uruguay por ahora parece quedar al margen de los escándalos de gran escala. ¿Es realmente una isla o hay más corrupción de lo que se ve en la superficie?
—Nosotros estamos en la región. Somos parte. Tenemos algunas ventajas, como que somos chicos. En Uruguay no hay megaobras de infraestructura. Somos chicos y nos conocemos todos. ¿Eso por sí solo alcanza? Obviamente que no. ¿Nuestro mecanismo de prevención de la corrupción pública es bueno? No. Necesitamos mejorarlo. El presidente de la Junta de Transparencia, Ricardo Gil, lo decía claramente y estoy de acuerdo con él: no hay un sistema de prevención de la corrupción. ¿Estamos vacunados contra la corrupción? Tampoco. Los mecanismos de prevención deben mejorarse mucho más de lo que se han establecido hasta ahora. Pero eso tiene que ver también con temas que no son de mi competencia, por ejemplo la regulación del financiamiento de los partidos políticos, que está asociado al tema de la ley de medios y la incidencia de los medios en las campañas, la publicidad electoral, los controles de los mecanismos de contratación, y los mecanismos de control de las empresas privadas, etc. Un conjunto muy importante de mecanismos de prevención que Uruguay está muy lejos de tener.
—¿Por qué no los tiene? ¿Es por esa idea de que en Uruguay no pasa nada?
—Esa es una pregunta que debe contestar el sistema político. Pero la respuesta debería ser que no importa si pasa o no pasa, los mecanismos de prevención los deberíamos tener. Hay un conjunto de mecanismos de contraloría que existen a escala internacional que en Uruguay no estamos aplicando. ¿Eso significa que hay corrupción? No. Pero tampoco significa que no la haya. La forma de demostrar que existe es llevando adelante causas donde haya condenados por casos de corrupción pública. Hay un montón de denuncias que se están investigando.
—¿Piensa que deberían tipificarse nuevos delitos, como el de enriquecimiento ilícito?
—Yo siempre dije que estaba en contra. Creo que tipificar delitos para facilitarle al Estado la carga de la prueba no está bueno. Termina invirtiéndose la carga de la prueba, y liberando al Estado de la carga de probar el contenido ilícito. Además, podemos hacer un progreso de papel gigantesco, y después tenemos un montón de delitos y no los aplicamos nunca.
—¿Qué opina del delito de abuso de funciones, que el Frente Amplio quiere derogar?
—Dogmáticamente, no creo que encuentres a nadie en la academia que esté a favor del delito tal cual está tipificado hoy en Uruguay. Es un tipo penal demasiado amplio. La enorme mayoría entiende que hay que derogarlo y una parte entiende que hay que modificarlo para que quede más acotado. La discusión hoy en Uruguay pasa por otro lado, por un tema de oportunidad. Y eso lo decide el sistema político.
—Si bien usted no interviene en las causas concretas, como jefe de la Fiscalía, ¿está conforme con la persecución de la corrupción?
—¿Si estoy conforme? No. Para no hablar de casos de ahora, pongo como ejemplo la investigación del Banco Comercial: nunca se pudo imputar a los grandes responsables del fraude. En este país los hermanos Rhom se llevaron, probado, mil millones de dólares, y no pudieron ser enjuiciados en Uruguay porque nunca obtuvimos la extradición. Se enjuició gente, pero no a los principales. Ojo, que quede claro que pongo este ejemplo para no hablar de investigaciones que están en curso, no para sacar el foco de lo que está pasando hoy…
—Pero sin referirse a personas concretas, hoy hay numerosas investigaciones periodísticas y judiciales que mencionan a empresarios, políticos, estudios contables, instituciones financieras, y sin embargo parece que muchas veces se corta por el lado más fino. ¿Cuesta castigar a los poderosos?
—Se llama selectividad del proceso penal. El sistema penal es selectivo, en todos sus segmentos: policial, legislativo, de operadores del sistema de Justicia. Las conductas que generalmente se castigan como delito son aquellas que habitualmente realizan determinados sectores de la sociedad. Otras conductas, o no son consideradas delito o son difíciles de probar.
—Por eso las cárceles están llenas de pobres...
—Pasa acá y en todas partes del mundo. ¿Está bien? No. Hay que trabajar para revertirlo. Pero de las 11.600 personas privadas de libertad que existen hoy en Uruguay, en general son todas jóvenes, pobres y con niveles socioeducativos bajos. Eso no es casualidad.
—¿Y qué se puede hacer frente a eso?
—Hay que trabajar muchísimo para revertirlo. Más que crear nuevos delitos, hay que mejorar los mecanismos de investigación, para poder usar los delitos que tenemos, para poder llegar a probar determinados hechos. A veces creamos figuras delictivas y pasan años antes de que se apliquen. Por ejemplo: todo el “Lava Jato” se centra en delaciones premiadas, un instituto existe en Uruguay, pero se usa muy poco.
—La Justicia brasileña señaló a Uruguay como uno de los principales destinos que se usaban para lavar el dinero sucio proveniente del “Lava Jato”. Eso significa que hay personas y estudios en Uruguay que colaboran con esas maniobras, pero por el momento no hay nadie procesado. ¿Se los va a juzgar?
—Desde la Fiscalía estamos haciendo todo el esfuerzo posible. Hoy (por el martes 18) hay en Uruguay dos fiscales brasileños que están trabajando con fiscales uruguayos en el caso “Lava Jato”. Yo tengo una comunicación fluida con Rodrigo Janot, el procurador general de Brasil, sobre estos temas. Obviamente, a mí me gustaría que esto avanzara mucho más. También es cierto que los fiscales todavía hoy no tienen la dirección de la investigación, como la tendrán con el nuevo CPP. A nivel de cooperación internacional, colaboramos en todo lo que se nos pide. Hoy todos los encargados de cooperación internacional de todas las Fiscalías de América Latina e Iberoamérica están conectados por Whatsapp, al instante. Estamos permanentemente en contacto. Eso es algo que hace un tiempo no existía.
—¿Eso lo hace ser optimista en que habrá resultados?
—Creo que sí. Si la Fiscalía se hace cargo de la investigación, porque puede intercambiar información rápidamente en una investigación desformalizada que permita reunir los elementos para llegar a juicio. Antes había que hacer un exhorto, el juez se lo tenía que mandar a la Corte, la Corte a la Cancillería, la Cancillería a la Embajada... entre que el palo iba y venía, no encontrabas nada, y menos en el mundo de hoy, en que se transfieren cientos de millones de dólares con un click.
