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Las investigaciones que acumula la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos para determinar cómo fue que Rocco Morabito se escapó de la ex Cárcel Central y quiénes fueron los responsables en aquella fuga de junio de 2018 están llegando a su fin. Esa es una parte del trabajo que lidera el fiscal Ricardo Lackner. La otra es encontrar al criminal italiano y recluirlo nuevamente en una prisión del país a la espera de que se concrete su extradición a Italia, en una suerte de redención ante un hecho que cuestionó incluso a nivel diplomático la capacidad de seguridad y vigilancia de Uruguay. Sin embargo, por más que la búsqueda sea exitosa y al líder de la ‘Ndrangheta lo detengan, su retorno al país parece muy difícil.
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Desde su huida, las evidencias indican que Morabito probablemente aprovechó la larga frontera seca del norte y el este para cruzar a Brasil, donde la mafia calabresa que lidera tiene una alianza con el Primer Comando de la Capital (PCC) para exportar cocaína boliviana a Europa, entre otros negocios. La hipótesis indica que ese apoyo y límites fronterizos porosos le permiten a Morabito operar y esconderse en países vecinos como Argentina, Bolivia y Paraguay (Búsqueda Nº 2.052).
Según explicaron fuentes involucradas en la investigación que intenta dar con su paradero, las gestiones de Uruguay apuntaban a que la Policía Federal de Brasil arrestara a Morabito y le aplicara la figura de “expulsión” prevista en el marco jurídico brasileño —decisión que puede adoptar el Ministerio de Justicia de ese país—, tras lo cual la Policía uruguaya podía detenerlo y retomar el trámite de extradición solicitado por Italia. Las negociaciones incluyeron viajes de altas autoridades locales para conversar personalmente con pares brasileños sobre cómo ejecutar esa operación.
Sin embargo, debido a que el pedido de captura internacional de Morabito ya fue tramitado y ordenado por el Supremo Tribunal Federal (los pedidos de captura internacional en Brasil necesitan de una decisión del Supremo para ejecutarse), la figura de expulsión no puede aplicarse. Según las fuentes, ahora que cayó la posibilidad de que Brasil lo expulse de su territorio, si Morabito es encontrado, es muy poco probable que vuelva a la cárcel local. Probablemente, explicaron, la Justicia brasileña dé prioridad a Italia, que tiene pendiente un juicio en su contra por tráfico y tenencia de estupefacientes.
“Uruguay ahora es un tercero que mira un poco de costado el tema. Era importante recapturarlo para enmendar nuestra imagen internacional, que quedó golpeada después de la fuga. Pero es difícil que pase”, comentó una de las fuentes consultadas.
De todas formas, el fiscal de Crimen Organizado Luis Pacheco, quien está a cargo del juicio de extradición de Morabito a Italia, aún confía en que el mafioso sea encerrado en una cárcel uruguaya. “El interés de la Fiscalía de Crimen sería que volviera aquí a terminar el proceso de extradición”, dijo a Búsqueda. “Para eso es precisamente que se libró la orden de captura nacional e internacional”, afirmó, y agregó que sería “una reivindicación del país”.
Uruguay ya había concedido a Italia la extradición, pero —tras sucesivas apelaciones de la defensa de Morabito— se encontraba para resolución de la Suprema Corte de Justicia cuando el proceso se detuvo debido a su fuga.
Dolosas y culpables.
Mientras fuerzas brasileñas e Interpol intentan hallar a Morabito, el Ministerio del Interior continúa con la investigación administrativa que busca determinar responsabilidades policiales en la fuga del italiano y otros dos reclusos. Tras asumir el cargo, el ministro Jorge Larrañaga ordenó reabrir esas averiguaciones, a cargo de la Subdirección de la Policía, para agregar nuevos testimonios (Búsqueda Nº 2.069). Los avances son entregados al fiscal Lackner, quien además ya recibió la investigación de la Dirección Nacional de Asuntos Internos y lleva adelante la suya propia que busca apresar a Morabito y determinar posibles responsabilidades penales en su fuga.
Fuentes del gobierno señalaron que tanto la investigación de la Subdirección de la Policía como la de Fiscalía arrojan responsabilidades “de todo tipo y color” y apunta a funcionarios policiales “de todas las jerarquías”.
Durante una conferencia de prensa realizada el 14 de mayo Larrañaga adelantó que las responsabilidades “pueden o podrían resultar dolosas y culposas”. El fiscal de Corte, Jorge Díaz, ofreció una mirada similar sobre la investigación específica de Lackner. “El día que salga a la luz muchos se van a llevar muchas sorpresas”, dijo entrevistado por Radio Monte Carlo.
Una investigación administrativa de urgencia que hizo la Policía días después del escape derivó en la renuncia de Alberto Gadea como director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y en el inicio de sumarios al subdirector operativo del INR, a la directora, al subdirector operativo y a los dos jefes de servicio de la ex Cárcel Central, a los policías del INR que estaban de servicio en la prisión, a los policías de la Jefatura de Policía de Montevideo integrados a la guardia, a los policías de la Guardia Republicana que cumplían tareas allí y a los policías que intervinieron en la casa de la vecina en la que supuestamente entraron los fugados.
En Fiscalía consideran que ciertas filtraciones de información de estos días sobre la investigación, divulgadas en los medios, responden a una interna policial y a un intento de eludir responsabilidades. Es que, si se comprueba que los fugados se escaparon por la ventana de una celda hacia una azotea y de ahí hacia una casa vecina —la hipótesis inicial—, el grado de mayor responsabilidad caería sobre el personal del INR. Si, por el contrario, el escape ocurrió por la misma puerta de la prisión, la Guardia Republicana estaría más comprometida porque sus efectivos estaban a cargo de la custodia.
