Llegar a ese punto no fue fácil. Requirió una inversión hasta el momento de unos US$ 7,5 millones y, sobre todo, mucha inventiva para superar obstáculos. González, la neurobióloga, dice que tuvieron que recorrer el proceso “junto a las autoridades” porque al ser los primeros en tener una licencia de este tipo, los obstáculos eran una novedad para ambas partes. Así, por ejemplo, tuvieron que idear cómo conseguir las plantas de cannabis para empezar la producción, ya que no existía un mecanismo por el cual importarlas. Al analizar la letra de la ley, encontraron una vía lateral: un club cannábico les pudo donar el material.
“Es desafiante, de algún modo, pero también es una satisfacción saber que somos los que estamos haciendo esto por primera vez”, asegura Lewis, el CEO. “Por ahora está saliendo bien. El gobierno, al comienzo, fue muy cauteloso en su aproximación, pero después, cuando vieron que realizábamos las cosas correctamente y que hacíamos lo que dijimos que íbamos a hacer, se estableció un respeto mutuo y confianza”.
Para el empresario, por el hecho de haber sido el primero en regular el sector, Uruguay tiene “una buena ventaja”; en un “mercado emergente”, dice, “es crítico salir adelante del resto del mundo”. El problema es que los otros no se quedan quietos. “La ventaja todavía está, pero es una ventaja más pequeña ahora”, advierte. “El mundo va a ponerse a la par muy rápido, en tres o cuatro años”.
En el gobierno comparten esa percepción. Alejandro Ortiz, especialista en Ciencias de la Vida, es uno de los encargados de Uruguay XXI del tema cannabis. Dice que la agencia pública de promoción de inversiones se dio cuenta sobre la marcha de que el Estado no estaba bien preparado para aprovechar las ventajas de ser los primeros.
“En la práctica comenzaron a llegar consultas del exterior bastante a menudo y nos empezamos a dar cuenta de que no teníamos mucha información, que no teníamos el foco puesto ahí”, afirma.
Lo primero que hizo Uruguay XXI fue contratar una consultoría para tener un mapa del sector, obtener más datos sobre las tendencias y entender dónde estaban las mayores trabas burocráticas que impedían la llegada de nuevas inversiones. A la vez, se creó un grupo de trabajo con participación del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca), la Junta Nacional de Drogas y los ministerios de Salud Pública, Industria y Ganadería, para intentar eliminar esas dificultades.
Los datos oficiales indican que el gobierno otorgó hasta ahora cuatro licencias para producir cultivos psicoactivos (dos de ellas para la venta de marihuana en farmacias); 15 para cosechar cáñamo con menos de 1% de tetrahidrocannabinol (THC), su principal compuesto psicoactivo; tres para procesos de industrialización y 11 para investigación.
Uno de los cuellos de botella detectados en la consultoría está en los “tramites y procesos” que hay que hacer para obtener licencias o registrar medicamentos en Salud Pública, dice Ortiz.
El Ircca y Uruguay XXI firmaron un acuerdo de intercambio de información con la idea de complementarse: el primero tiene un “rol de regulador” y el segundo, “de promoción”. Uruguay XXI tiene previsto participar en eventos en el exterior para mostrar que el país “todavía tiene ciertas ventajas” de haber sido el primero en regular, explica. “Esto es una carrera que están corriendo todos y la ventana de oportunidad se va achicando, esa es la realidad”.
La visión de Ortiz es que en algún momento el producto se va a commoditizar, como cualquier otro, y por eso Uruguay debe apostar a ser un “hub de innovación” del sector y apostar a la calidad.
Esa es, al menos en parte, la apuesta de Fotmer. Su objetivo es “tener la habilidad de extraer y hacer productos que tengan la calidad que demandan las principales multinacionales”. Y si bien hoy la licencia que le dio el gobierno les permite producir hasta 10 toneladas de flores secas al año, la empresa solicitó al Ircca ampliarla hasta las 400 toneladas. “Si podemos crecer desde donde estamos hoy, en el curso de cinco años, a una cifra de ese tipo, estaríamos creando una industria multimillonaria en Uruguay”, dice Lewis, y agrega que para alcanzar esa producción deberán invertir US$ 200 millones en el próximo lustro.
El CEO asegura que el mercado “está creciendo exponencialmente” y si no están prontos para cumplir con los requerimientos del mercado, “alguien más lo va a hacer”.
La diplomacia
Hay cada vez mayor acuerdo a escala internacional acerca de los beneficios del cannabis para la salud, aunque las posibilidades de crecimiento del sector están condicionadas por las normas internacionales. El 18 de marzo, en el 62º período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas, la delegación uruguaya, encabezada por el prosecretario Juan Andrés Roballo, reclamó sin éxito que se discutieran las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que propone reclasificar al cannabis para facilitar la investigación y el uso médico.
“No podemos desconocer que esta recomendación marca un cambio significativo en la posición de la OMS, que durante las últimas seis décadas se había posicionado en contra del uso del cannabis en la medicina”, aseguró durante su intervención el presidente del Ircca, Diego Olivera.
A pedido de varios países, la mayoría de los cuales están en contra de flexibilizar la política internacional de drogas, la discusión sobre el informe de la OMS fue postergada.
Un commodity de “alto valor”
Fotmer apunta a obtener extractos de alto nivel de THC, algo poco habitual en el sector, donde el compuesto de las plantas de cannabis más nombrado para fines medicinales y del sector alimenticio e industrial es el cannabidiol (CBD). González afirma que es un error plantearlo así, porque el THC en relación con otros compuestos tiene usos médicos “muy relevantes” para combatir dolores o afecciones como el glaucoma.
La producción de CBD es la principal apuesta de la mayoría de las empresas con licencia para cosechar cáñamo en Uruguay. Y es lo que trajo a Montevideo a medidados de febrero a Steve Bevan, presidente de la empresa GenCanna, la plantadora y distribuidora de CBD más grande de Estados Unidos.
Las autoridades saben que la “ventana de oportunidad se va achicando” y otros países empiezan a tallar con fuerza en el mercado. Por eso, el gobierno de Tabaré Vázquez creó un grupo de trabajo con el objetivo de reducir las trabas burocráticas para la llegada de nuevas inversiones.
El 23 de febrero, GenCanna firmó un acuerdo preliminar con la empresa local PhytoProcess “para desarrollar la producción de CBD en Uruguay para la exportación, utilizando todo el know-how y experiencia” de los estadounidenses, según John Stuart Leaman, uno de los principales accionistas de la compañía uruguaya junto a Henri Marmillon.
Unos días antes, en una sala de reuniones en Guyer & Regules, Bevan habla del potencial que tiene el cáñamo que producen en Kentucky y cómo puede también ser usado en Uruguay. Se trata de una variedad desarrollada por su empresa y que tiene THC bajo, pero alto CBD lo que, en su opinión, implica que sea un commodity de “alto valor”.
GenCanna invirtió US$ 40 millones en la construcción de una planta de procesamiento y laboratorio para producir materia prima que se utilizará en cosméticos, cremas, tinturas y otros productos. “Hay también un incremento de la tendencia de productos para las mascotas; es impresionante cuánto dinero la gente gasta en sus mascotas”, dice.
Bevan sostiene que esta es una oportunidad también para los productores rurales. Aunque reconoce que en la medida en que la producción de cáñamo se extienda, “quizás la ecuación económica cambie un poco más en línea con la agricultura normal” y el beneficio disminuya. “Ahora pareciera que hay varios años por delante sobre el promedio de ingresos por hectárea, mayor para aquellos que tengan el coraje y la visión de probar algo nuevo”.
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