Uruguay recurre a países árabes para albergar presos de Guantánamo

Almagro dijo que “ninguna protección humanitaria es ingenua”, y que el gobierno “ha tomado los recaudos que debía tener, solicitando la mejor información”. Contó que en la reciente gira por países asiáticos —visitó Qatar, Arabia Saudita, Jordania y el estado Palestino— pidió “apoyo a los países islámicos que tienen programas de reinserción social para ex presos de Guantánamo”.

Almagro afirmó que “las decisiones del gobierno están fundadas en posiciones jurídicas y políticas”. Sostuvo que la base de Guantánamo “constituye una atrocidad para la humanidad”, porque los prisioneros sufrieron “más de 10 años de torturas sin haber tenido más culpa que haber estado en el lugar y el momento equivocados”.

“No podemos mirar para otro lado. Estamos dispuestos a asumir las responsabilidades”, afirmó. Insistió en que los prisioneros son “inocentes”, ya que no se les encontró ningún antecedente que demostrara algún vínculo con la organización terrorista Al Qaeda, y aseguró que no configuran un peligro para el país. “El gobierno no permitiría que entren al país personas que representen un riesgo para la seguridad nacional”. Después de recibir informes de agencias de inteligencia de cinco países distintos concluyeron “que no se trata de terroristas, ni siquiera de presos comunes, y no son un peligro para la sociedad”, afirmó.

Dijo además, que Uruguay no tiene “un acuerdo con Estados Unidos”, sino un “intercambio de comunicaciones”. Afirmó que el gobierno uruguayo descartó el 80% de las condiciones que incluyó Estados Unidos en su propuesta original y aceptó “parcialmente dos” que le parecieron convenientes. “El resto de las condiciones fueron puestas por Uruguay”, aseguró.

El canciller dijo que “el asunto dista bastante de estar cerrado”, ya que “se requiere todavía una aprobación del Congreso” norteamericano. Ahora “la pelota está en la cancha de Estados Unidos”, afirmó.

¿Refugiados?

El senador Abreu quiso saber bajo qué condición jurídica llegarían los prisioneros, ya que en su opinión “el estatuto de refugiado se aplica en forma muy precisa” y no “fue desarrollado para una persona que pueda representar una amenaza para la paz o un riesgo”.

“¿En calidad de qué vendrán? ¿Con qué categoría migratoria? ¿Estarán sometidos a vigilancia? ¿Qué documentos tendrán una vez en Uruguay?”, preguntó.

El gobierno maneja la posibilidad de que los presos ingresen al país como refugiados, aunque eso lo debe decidir la Comisión para los Refugiados (Core) una vez que los prisioneros presenten ante ella la solicitud. Almagro explicó en el Senado que “el derecho internacional de derechos humanos tiene diferentes figuras, las más conocidas de protección humanitaria son las de refugio y asilo territorial”.

“En nuestra región tenemos suficientes elementos jurídicos para recoger en esos temas las mejores soluciones. Uruguay recibiría a seis personas al amparo del instituto de protección humanitaria”, dijo. El canciller precisó que “aun si no aplicara el refugio, el instituto de protección persiste”, con lo cual “queda más derecho por aplicar”. En ese sentido, mencionó que la ley de migración uruguaya habilita a que puedan “ingresar como inmigrantes regulares y ampararse en el articulo 44”, por razones humanitarias. “Esto confirma el más pleno compromiso de recibir y amparar a estas personas”.

Negociaciones.

Abreu criticó los argumentos de “confidencialidad” que alega el gobierno para guardar reserva sobre los antecedentes de los prisioneros y las negociaciones con Estados Unidos. El tema necesita “una enorme transparencia para tener el respaldo político”, afirmó. Además quiso saber cómo participó Cancillería. “¿Es correcta la información de que las negociaciones fueron conducidas por el señor Jose González?”, inquirió el legislador. González es un asesor del ministro del Interior que viajó a Guantánamo y se entrevistó con los presos interesados en viajar a Uruguay.

“Hemos participado en estas negociaciones desde el principio”, respondió Almagro. “José González nos puso al tanto de la situación tal como fue planteada por Estados Unidos. No ha estado a cargo de las negociaciones. Estuvo a cargo de una misión que tenía un objetivo: las entrevistas con las personas y tener conocimiento de estas personas”. “Entendimos que tenía que ser el Ministerio del Interior” el encargado de esta tarea, añadió. “También correspondía al señor González recabar los antecedentes de estas personas”, para lo que “fueron consultados países de la región y europeos”, informó.

“Cuestión política.

El senador Luis Alberto Lacalle (Partido Nacional) dijo que ve en el tema “un episodio artificial”.

“No me convence que los Estados Unidos hayan encontrado tan fácilmente un eco en el gobierno de nuestro país, y miren que tengo todo el derecho a creer que lo que se me dice es lo que se sabe, pero no todo lo que se sabe, y creo que la reserva existe en estas cosas, pero tarde o temprano vamos a saber por qué”, dijo.

Lacalle afirmó que “si hay un acuerdo con Estados Unidos” se deberá firmar un “tratado” y ese texto tendrá que pasar por el Senado.

Abreu cuestionó que no haya una ley que ampare el acuerdo. “¿Por qué el Congreso de Estados Unidos lo tiene que aprobar y nosotros no? ¿Tenemos que trabajar en esta oscuridad?”.

Ope Pasquet (Partido Colorado) criticó que el gobierno “diera a conocer” el tema “a través de la prensa”. “Habría correspondido llamar a los partidos de la oposición, conversar discretamente con ellos, enterarlos de lo que se trataba, recabar su opinión y después hacer lo que entendiera”, dijo.

Pasquet dijo que no cree que se esté ante la discusión sobre tomar una “medida humanitaria”. “Es una cuestión política. (...) No son personas perseguidas o castigadas que piden la protección del gobierno uruguayo. Acá hay una negociación entre el gobierno del Uruguay y el gobierno de los Estados Unidos por iniciativa de este último”.