Uruguay redujo su dependencia de organismos multilaterales de crédito; debe más a privados

El endeudamiento se redujo en U$S 469 millones respecto a marzo anterior, cuando ascendía a U$S 27.154 millones (56,6% del PBI). Si se descuentan los U$S 14.681 millones de activos de reserva con que contaba el Central, la deuda —neta— se redujo de U$S 13.088 millones en ese mes a U$S 12.003 millones en junio pasado (27,3% a 25% en relación al Producto).

El FMI y el BM fueron creados a mediados del siglo pasado, luego de la II Guerra Mundial, a partir de acuerdos internacionales que buscaron facilitar la reconstrucción de las economías y la estabilización del sistema monetario internacional. Cada país que adhirió como miembro —Uruguay lo hizo el 11 de marzo de 1946— debió hacer un aporte de capital que en forma proporcional le dio derecho a voto y a recibir líneas de préstamos.

Uruguay también es socio de organismos similares con alcance regional, como el BID, la CAF-Banco de Desarrollo y el Fondo Latinoamericano de Reservas.

Algunas de estas instituciones, en particular el FMI, fueron prestamistas relevantes para el país durante varias décadas, cuando el acceso al financiamiento en los mercados voluntarios de crédito era restringido o caro para una economía inestable o en crisis. El desembolso en general estuvo condicionado a la realización de determinadas medidas tendientes a la estabilización y de reformas estructurales, a las que se comprometía el gobierno de turno. La primera Carta de Intención con el FMI que contemplaba el préstamo de dinero siempre que el país cumpliera con las condiciones pactadas fue firmada por el ministro de Hacienda Juan Eduardo Azzini en 1960.

Ese ex jerarca señaló en 2005 a Búsqueda que hasta los últimos años de la década de los 50 la economía uruguaya se beneficiaba de la mayor demanda de sus productos en el exterior a raíz del conflicto bélico en Corea y la II Guerra Mundial, por lo que el país “no tenía necesidad” de mantener acuerdos con el FMI (ver Nº 1.288). Y agregó que, por su contenido, la Carta de Intención que suscribió él era “un niño de pecho comparada con las que se suscribieron” por las administraciones siguientes.

Durante la dictadura fueron firmados varios acuerdos con ese organismo, el primero en 1974, que apuntaron a estabilizar la economía del país.

Luego, a través de una Carta de Intención de agosto de 1985, el primer gobierno tras el retorno a la democracia solicitó un acuerdo con el FMI para respaldar con créditos un programa para corregir esos desajustes en la economía, sobre todo en el área fiscal. Entonces la deuda con bancos se había tornado muy pesada y fue renegociada en el marco del Plan Brady junto a otros países de la región.

Los acuerdos con el FMI fueron resistidos por sectores de la izquierda uruguaya. En el documento emitido por el Frente Amplio en agosto de 1971 se incluyó como plataforma electoral la denuncia de las “Cartas de Intención vigentes firmadas con el Fondo Monetario Internacional y otros acuerdos lesivos para la soberanía nacional. Negociaremos la deuda externa, para postergar los plazos y eliminar sus condiciones abusivas. En caso de no lograrlo, adoptaremos las medidas unilaterales que correspondan”.

Al llegar al poder por primera vez en 2005, el Frente Amplio suscribió en mayo de ese año un nuevo acuerdo, cuya vigencia prevista era de tres años. Allí solicitó un crédito por el equivalente a U$S 1.137 millones y se comprometió a una “condicionalidad estructural” que incluyó acciones para terminar la reestructura de la Dirección General Impositiva, cambios gerenciales y posterior privatización del Nuevo Banco Comercial, la implementación de una reforma tributaria, la creación de una unidad de manejo de la deuda pública, entre otras medidas.

Pero en noviembre de 2006, la administración del presidente Tabaré Vázquez decidió prescindir del apoyo del FMI, cancelando toda la deuda que estaba pendiente (unos U$S 1.100 millones) y dando por concluido el acuerdo de tipo stand-by que había sido firmado en mayo.

Tomar distancia de ese organismo tuvo como “significado esencial” la “caída de la condicionalidad” y darle al gobierno “ductilidad” para tomar decisiones, explicó el entonces ministro de Economía y actual vicepresidente de la República Danilo Astori.

Desde ese momento Uruguay no pide créditos al FMI.

En cambio, con el BM los préstamos fueron por U$S 100 millones en 2011 y U$S 321 millones en 2012.

También el BID tiene una cartera de créditos activa y variada con Uruguay. El Directorio de ese organismo aprobó el mes pasado dos préstamos, uno por U$S 2,5 millones para facilitar el acceso a canales alternativos de financiamiento para pequeños tenderos y otro por U$S 9 millones para obras de saneamiento en la Ciudad de la Costa.

Aunque menos dependientes de sus préstamos, las relaciones entre las autoridades uruguayas y los organismos multilaterales fueron amistosas durante el actual ciclo positivo en la economía uruguaya —con vigoroso crecimiento, mejora de los indicadores sociales y reducción del déficit fiscal y el ratio de la deuda pública—. De hecho, como se hizo habitual en los años recientes, también en Tokio la participación del ministro de Economía y Finanzas uruguayo en las reuniones del FMI y el BM programadas para el 9 al 14 de este mes es una formalidad, aunque le permiten establecer contactos con ejecutivos de bancos de inversión y calificadoras de riesgo que resultan claves cuando el país emite deuda para financiarse.