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    Uruguay se incorpora a un proyecto global que permitirá destinar US$ 2 millones a mejorar el combate a la pesca ilegal

    El acuerdo entre el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura apunta a “fortalecer legislaciones y normas y mejorar capacidades y competencias”

    La pesca ilegal debilita los esfuerzos nacionales y regionales de conservación de poblaciones de peces y, en consecuencia, el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad establecidos en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Uruguay forma parte del Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto (AMERP), un programa vigente desde 2016 que busca prevenir, desalentar y eliminar esta problemática, y en los próximos días sellará un acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que apunta a fortalecer esta línea de trabajo.

    El domingo 11, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, firmará la incorporación al proyecto global que tiene como objetivo apoyar a los países en la implementación de medidas para cumplir con el AMERP, dijo a Búsqueda el representante de la FAO para América Latina y el Caribe, Mario Lubetkin.

    Según indicó el experto uruguayo, quien asumió el cargo el 1º de agosto, la iniciativa implicará una serie de adaptaciones a nivel normativo y jurídico y también medidas operativas. Una de las finalidades, señaló, es “fortalecer legislaciones y normas, y mejorar las capacidades y competencias nacionales para combatir la pesca ilegal”.

    El proyecto implicará una inversión de poco más de US$ 2 millones, monto que será financiado por el Ministerio de Océanos y Pesca de la República de Corea del Sur a través de la FAO. La duración prevista es de cinco años y se desarrollará en coordinación con instituciones y autoridades nacionales de Cuba, Fiji, Filipinas, Saint Kitts y Nevis, y Uruguay.

    La iniciativa pretende, además, lograr impactos positivos en las economías nacionales y mejorar los medios de vida para las comunidades que viven en las costas; aumentar su seguridad alimentaria en función de la sostenibilidad de los ecosistemas marinos y reducir los daños al medio ambiente, indicó Lubetkin. También apunta a “mejorar la gobernanza de la pesca y alcanzar una menor incidencia de otras actividades ilegales” asociadas, agregó.

    “La pesca ilegal no declarada y no documentada es un desafío global para Uruguay. Nos consta que el gobierno trabaja para atenderlo, su voluntad de participar en un proyecto como este lo demuestra”, opinó Lubetkin.

    La responsabilidad principal de la aplicación del proyecto le corresponde a los Estados, mientras que la FAO —aclaró— se encargará de la movilización de fondos, la coordinación y el apoyo técnico a través de sus oficiales especialistas en pesca, quienes monitorean periódicamente el cumplimiento del AMERP.

    Fuentes del MGAP dijeron a Búsqueda que la iniciativa permitirá incorporar mejores herramientas de seguimiento, control y vigilancia destinadas a combatir la pesca ilegal en el Uruguay, así como la revisión de las políticas y reglamentos vinculados a esta problemática global.

    Como ejemplo, se refirieron a la realización de inspecciones en el puerto, desde la puesta en marcha de acciones “más eficaces” contra las personas y entidades dedicadas a la pesca ilegal, hasta la aplicación de medidas más transparentes y estrictas vinculadas al acceso al mercado, como el sistema de documentación de las capturas (los peces) o los sistemas de trazabilidad.

    Entre las actividades a implementar, el proyecto contempla la formulación de estrategias y nuevos planes de acción para alinear las políticas nacionales e internacionales, así como la realización de talleres y capacitaciones específicas a funcionarios públicos.

    “Uruguay, en cuanto a recursos acuáticos es un país muy rico y es importante que los proteja para seguir siéndolo, porque de ellos depende parte de su economía. Nos proponemos seguir apoyando la industria de la pesca y en particular de la acuicultura de la forma en que las autoridades locales lo consideren”, concluyó Lubetkin.