Uruguay suscribió el pacto internacional para proteger 30% de tierra y océanos hacia 2030

“El convenio será firmado por la cartera y participará también la embajadora de Reino Unido, Faye O’Connor”, confirmó a Búsqueda el subsecretario del Ministerio de Ambiente, Gerardo Amarilla. Este hito se llevará adelante durante el VII Congreso Nacional de Áreas Naturales Protegidas que se desarrolla esta semana en Montevideo. Organizado por la cartera, el evento contó con la participación de referentes de América Latina, España, Estados Unidos y Francia y tuvo como fin compartir avances y resultados de la conservación y las prácticas asociadas a la producción y el turismo en espacios protegidos.

El subsecretario se refería así a una iniciativa que comenzó el año pasado que pretende incentivar la conservación de las áreas protegidas del país al reconocer a los prestadores de servicios turísticos que incorporan buenas prácticas ambientales. Hasta el momento, el proyecto distinguió a 17 prestadores en laguna Garzón, laguna de Rocha, esteros de Farrapos, montes del Queguay y valle del Lunarejo, áreas protegidas que integran las tres regiones piloto previstas en una primera etapa.

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Ambiente con la cooperación técnica y financiera del Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial (FFEM) y la Federación de Parques Naturales Regionales de Francia. Michel Schlaifer, asesor para Uruguay del FFEM y experto en bosques, biodiversidad y ecosistema de Euroclima, dijo a Búsqueda que el proyecto finaliza a fines de setiembre y buscó “generar valor añadido” a los productos elaborados en las áreas protegidas “para reconocer el proceso productivo y demostrar la articulación entre desarrollo productivo, económico, socioeconómico y conservación”.

“Sirve para darle una ventaja al productor frente al mercado, y se pretende implementar en tres cadenas de valor”, señaló Schlaifer; es que, si bien se decidió comenzar por distinguir las buenas prácticas ambientales en temas de ecoturismo, la idea es extenderlo luego a carne y pastizal y pesca artesanal en áreas protegidas.

De todas formas, agregó, se han llevado adelante diversas actividades en los tres rubros, como, por ejemplo, el apoyo en materia de infraestructura para investigación sobre las lagunas junto con el Centro Universitario Regional del Este de la Universidad de la República o la creación del índice de conservación de pastizales con la Asociación Uruguaya de Ganaderos del Pastizal, apoyos que permiten realizar diagnósticos para mejorar la gestión.

El experto sostuvo que en el inicio se pensó en crear un “sello distintivo”, una opción que decidieron descartar dadas las implicancias y las obligaciones normativas que ese concepto tiene en Uruguay. “El SNAP no tiene cómo —y no es su papel— verificar que se cumplan esas normas. Es por eso que se definió la distinción, que se centra en las prácticas ambientales de un operador turístico en cuanto a temas de agua, de suelo, de residuos y de conocimiento del área protegida en donde desarrolla su actividad”, explicó.

Situación actual

Consultado respecto a la situación en la que se encuentran las áreas protegidas de Uruguay, Schlaifer destacó la “diversidad de modalidades de gestión”, como la administración directa por el Ministerio de Ambiente o entre varios ministerios, el comanejo entre ministerio e intendencias y hasta en ciertos casos con la colaboración de privados.

Por otro lado, dijo que es “fundamental” que las áreas incluidas en el SNAP estén conectadas con el ordenamiento del territorio, con el fin de combinar el manejo del agua y la contaminación del aire o del suelo fuera de un área protegida. Además, afirmó que es importante que el SNAP logre trabajar con privados “potentes y de gran influencia”, y no solo con pequeños y medianos productores, para que se dé ese “cambio de paradigma”.

Por último, opinó que otro reto para Uruguay es asociar en mayor medida cambio climático con biodiversidad, lo cual definió como “las dos caras de un mismo problema”. Según dijo, se debe integrar la adaptación al cambio climático en la planificación municipal y nacional, tanto en la gestión del agua como de los bosques, ya que el modelo productivo actual genera una gran cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que impactan directamente en la pérdida de biodiversidad.

“Hay una necesidad de seguir produciendo pero quizás no de una forma tan intensiva o con beneficios tan cortoplacistas. Porque el costo de los efectos del cambio climático no lo paga el que lo produce, sino que lo paga la sociedad”, indicó. Una de las opciones para paliar este accionar podría ser “darle valor financiero y económico a la biodiversidad”, ya que eso podría impactar en las negociaciones del Ministerio de Economía y Finanzas. Esto es algo que ya se aplica en otros países y permite otorgarles un precio económico a los servicios ambientales, como la facultad de regulación de descontaminación del aire o la protección de la erosión de los suelos que tiene un bosque, describió.

“En Uruguay hay una visión industrial del bosque, con miles de hectáreas de pinos y eucaliptos y gigantescos viveros de árboles que impactan y contaminan las aguas”, comentó el experto. También se refirió al sistema de producción de tala rasa o total, que impacta en el ciclo y en la estructura del suelo al producir una degradación tanto física como química. “No digo que Uruguay no pueda producir pasta de papel, pero es necesario ver de qué forma y a qué escala”, aclaró.

Schlaifer mencionó también las ventajas de tener presente la elaboración de productos no leñosos, como mieles o aceites esenciales, con el objetivo de ir hacia una visión más holística de los bosques que apunte hacia una bioeconomía.