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Hasta hace poco Uruguay vivió una “década de oro”, aunque la mayor eficiencia en el uso de los factores que mueven la economía hizo un aporte modesto en ello. De hecho, “resulta imprescindible aumentar en forma consistente la contribución de la innovación al crecimiento de la productividad”, lo que hace necesario atacar “una serie de desbalances, tanto en las condiciones de entorno que regulan el comportamiento empresarial” como en materia de acceso al capital humano, al financiamiento y a los servicios tecnológicos.
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Las “fallas de mercado y de coordinación” que “condicionan las decisiones de innovación de las empresas” locales fueron analizadas en la investigación titulada “Competitividad e innovación: implicancias para Uruguay”, publicada este mes por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El tema está dentro de las áreas prioritarias de la “estrategia” de apoyo al país aprobada por el organismo en enero pasado para el período 2016-2020.
Entre 1991 y 2010, en países como Australia y Nueva Zelanda la innovación tuvo una elevada contribución al crecimiento de la productividad total de los factores (PTF), en un porcentaje de 66%. En Corea del Sur, Finlandia e Irlanda fue de 51%, y en Chile de 26%. En Uruguay fue menos de 8%, según el estudio. “Es posible que la economía uruguaya se encuentre todavía en una fase de convergencia basada en la adaptación e imitación de tecnologías existentes en otras partes del mundo y de mejoras de eficiencia a nivel de planta. Sin embargo, este comportamiento debe verse como un proceso de transición cuya sostenibilidad requerirá aumentar sistemáticamente la contribución de la innovación al crecimiento de la productividad”, remarcan sus autores, Pablo Angelelli, Gustavo Crespi, Claudia Di Fabio y Flavia Roldán.
Es que, a pesar del desarrollo económico reciente, Uruguay todavía no ha podido cerrar la brecha de ingreso con Estados Unidos, y el Producto Bruto Interno (PBI) por habitante relativo es hoy menor que en 1960, señalan. Y aseguran que la razón de esta falta de convergencia en el largo plazo se encuentra precisamente en el “pobre comportamiento” de la PTF.
Como parte de ese diagnóstico, explican que las empresas aumentan su productividad cuando introducen mejoras organizacionales y tecnológicas en productos y procesos, es decir cuando innovan. Y agregan que Uruguay “muestra rezago” en materia de innovación, ya que el país invierte el equivalente a 0,33% de su Producto en investigación y desarrollo (I+D), una cifra que si bien ha aumentado en los últimos años, es similar a la de Chile pero menor que Costa Rica y muy inferior al caso de los países considerados exitosos.
Problemas y propuestas.
Esta realidad para Uruguay se relaciona con dos problemas, según el estudio publicado por el BID. Por un lado, una elevada heterogeneidad en las capacidades productivas de las empresas en los sectores existentes. Solo “unas pocas” firmas presentan prácticas productivas, comerciales y de innovación desarrolladas. La “falta de información tecnológica, de mercados y las rigideces organizacionales aparecen como obstáculos a la innovación para el 30% de las empresas”, se subraya en el documento. Por otro lado, la relativamente baja presencia de rubros intensivos en conocimiento dentro de la estructura económica uruguaya.
Un elemento adicional que entra en juego —según los investigadores— es el hecho de que Uruguay se encuentra rezagado en disponibilidad de ingenieros y tecnólogos, así como de técnicos y profesionales en áreas tales como lechería, industria alimentaria, ingeniería agronómica, mecatrónica, industria minera y energías alternativas, entre otras ramas. Y otro ángulo del mismo problema es el desbalance territorial: la demanda se concentra en buena parte en el interior, mientras que la oferta de formación se localiza básicamente en Montevideo.
Además, sostienen que las restricciones para acceder al financiamiento son una “limitante importante” para la adopción de tecnología en el país, ya que en muchos casos los préstamos que ofrecen los bancos no se ajustan a las necesidades y riesgo de los proyectos.
A nivel institucional, en el estudio se destaca como un cambio positivo significativo la creación de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) en 2008, con un presupuesto que fue creciendo hasta superar los U$S 30 millones en 2013. Pero se critican varios aspectos respecto de las acciones de fomento a la innovación desde el sector público. “Dadas las restricciones en el sistema de innovación uruguayo, simplemente asignar mayor financiamiento público para inducir una mayor inversión en I+D por parte de las empresas puede no ser suficiente, si no va acompañado de esfuerzos en insumos complementarios críticos como capital humano, infraestructura tecnológica y articulación con los otros actores del sistema, factores que son también centrales para el cierre de brechas de productividad entre las empresas existentes”.
En esa línea, los autores agregan que generar un mecanismo estratégico de Estado, o consejo, al más alto nivel, con representación pública y privada y con horizontes de trabajo a más largo plazo que el del ciclo político, puede ayudar a resolver los problemas institucionales relacionados con la baja innovación en Uruguay. También sugieren el diseño de una nueva institucionalidad de protección de la propiedad intelectual, para corregir los déficit actuales en esa materia.
Respecto a la “débil conducta innovadora de las empresas”, afirman que todos los instrumentos de fomento de la innovación —incluyendo a la ANII, la ley de Inversiones y el Fondo Industrial— el “esfuerzo” en términos de fomento “sigue siendo relativamente bajo”, estimado en 50% de lo esperado según el ingreso por habitante del país. Su recomendación es que se dé mayor puntaje a los proyectos que incorporen más investigadores en las empresas cuando se postulan para recibir ventajas fiscales al amparo de la ley de promoción de inversiones. También consideran que el instrumento adecuado es el crédito.
