Uruguay y la región mejoraron el acceso a servicios básicos como agua y electricidad, pero su calidad es insatisfactoria

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Nº 2082 - 30 de Julio al 5 de Agosto de 2020

Hoy no basta con poder tomarse un ómnibus moderno si este llega tarde y, en tiempos en que se debe practicar el distanciamiento físico por el Covid-19, se viaja hacinado. No es suficiente con tener agua en la canilla de la cocina si la calidad del líquido es tan dudosa que es preferible comprar un bidón en el supermercado. Ni alcanza con estar conectado a la red eléctrica si cada semana hay incómodos apagones que, además, dañan los electrodomésticos. Pero el acceso al servicio no es la única fuente de frustración, sino lo que cuesta pagarlos en algunos países. Con esa enfoque prologa el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, la publicación “insignia” de este año del organismo que alude a una “era” en la que, más que garantizar la infraestructura (el “cemento”), se debe prestar atención a la calidad de la provisión del transporte colectivo, el agua o la corriente eléctrica en América Latina y el Caribe.

Si bien la región progresó “de forma admirable para universalizar el acceso, no ha conseguido proporcionar servicios de infraestructura de buena calidad”, afirman los autores del libro De estructuras a servicios: el camino a una mejor infraestructura en América Latina y el Caribe, publicado ayer miércoles por el BID. Como dato sobre la calidad de los servicios, toma en cuenta una encuesta hecha por el Foro Económico Mundial según la cual Uruguay se movió en la dirección contraria a la mayoría en la región: ante la pregunta de “cómo evalúa el estado general de la infraestructura (por ejemplo, transporte, comunicaciones y energía en su país)”, pasó de un puntaje de 3,67 en 2008 a 3,59 en 2018, en un rango de 1 (“extremadamente subdesarrollado/entre los peores del mundo”) y 7 (“extensivo y eficiente/entre los mejores del mundo”).

El informe señala que la percepción sobre la calidad de los servicios de energía, agua y saneamiento y transporte prestados en América Latina y el Caribe continúa siendo “baja”, en parte debido a la escasa inversión en relación con el ritmo del crecimiento económico, de la urbanización y de la expansión de su clase media.

Los servicios

Al mirar dato a dato en cuanto al acceso a los distintos servicios analizados, Uruguay no luce tan mal. En cuanto al agua potable, prácticamente accede toda la población; en el otro extremo está República Dominicana, con menos de 10%.

Además del acceso a la conexión eléctrica, para evaluar la calidad del servicio se suele medir la frecuencia y duración de las interrupciones en promedios anuales. Uruguay figura en el estudio con cuatro cortes al año que suponen 10 horas sin electricidad; en América Latina y el Caribe —en promedio— fueron 13 y 17, respectivamente.

Otra cuestión es el costo de los servicios, más allá de que los subsidios a la oferta y las “enormes disparidades en los estándares de los servicios” dificultan la comparabilidad. El estudio del BID calculó, para 2018, cuánto debió gastar una familia tipo integrada por cuatro personas —dos adultos y dos menores— para satisfacer sus necesidades básicas de esta infraestructura (180 viajes en ómnibus, 18 metros cúbicos de agua y 150 KWh de electricidad) en algunas ciudades de la región: en Montevideo esa canasta costó US$ 246, por detrás de Santiago de Chile (US$ 256), Ciudad de Panamá (US$ 256), San Pablo (US$ 251). En Brasilia (US$ 237), Bogotá (US$ 203), San José de Costa Rica (US$ 157), Lima (US$ 128), Ciudad de México (US$ 92), La Paz (US$ 82) y Tegucigalpa (US$ 78) eran más baratos.

Sin embargo, en proporción al ingreso familiar, en Montevideo el costo de esa canasta de servicios fue menor que en las demás ciudades, tanto para el quintil de la población más humilde (poco más de 20%) como para la mediana de los montevideanos (en torno a 10%).

Inversión y corrupción

La gestión de los activos vinculados al suministro de electricidad, agua y del transporte, la regulación y el desempeño de las empresas que los administran, e incluso el comportamiento de los consumidores, “son factores determinantes” en su disponibilidad y la calidad”. Para los autores del libro, resulta “sorprendente” que estos factores “blandos” hayan recibido mucha menos atención de lo que merecen para “cerrar la brecha de activos de infraestructura”.

Más allá de las metodologías empleadas, el estudio subraya que todas las investigaciones coinciden en que la región está invirtiendo en este tipo de infraestructura menos de lo que debería. Entre 2008 y 2017, fue en promedio el equivalente a 2,8% de su Producto Bruto Interno (PBI), que se desglosó en un 2,3% de inversión pública y 0,5% hecha por privados; eso es por debajo de Asia Oriental y el Pacífico (5,7%), Oriente Medio y Norte de África (4,8%) y Asia del Sur (4,3%).

Con un porcentaje cercano a 2,5%, incluso Uruguay invirtió menos que el promedio de América Latina y el Caribe.

Del 2,3% de inversión promedio en la región, 0,65% del PBI se pierde en ineficiencias. En otras palabras, según las estimaciones señaladas en la investigación del BID, se “podría construir un 35% más de estructuras sin gastar ni un centavo más de fondos públicos”. El estudio no presenta datos específicos sobre ese malgasto por país.

En cuanto a los costos de producción de la infraestructura de servicios, la evolución de los años recientes “no es alentadora”.

La corrupción, que genera “despilfarro, escasez y precios inflados, crea cuellos de botella en la administración de los proyectos, “afecta a todos en la región”, sentencia la publicación. Cita la encuesta Latinobarómetro para marcar la percepción de un incremento del problema.

Según la publicación del BID, los “sobrecostos” —generalmente atribuidos a incentivos perversos y conductas ilegales, incluida la corrupción antes y durante la construcción— casi duplican el promedio mundial (48% comparado con 28%), e incluso en América Latina y el Caribe “han ido aumentando sistemáticamente a lo largo del tiempo”. Para aterrizar esa idea, los investigadores analizaron un conjunto de proyectos financiados por el propio organismo y por el Banco Mundial en una serie de países, incluido Uruguay. De esa muestra, el 82% en el caso del BID y el 53% de los proyectos del otro organismo multilateral tuvieron sobrecostos cercanos al 20% del monto global.

También hay costos derivados de atrasos en el cronograma de los proyectos, a veces explicados por los procesos de permisos y aprobaciones. Sobre la base de la tasa de interés promedio a lo largo del período de análisis (4,2%), las ineficiencias de desembolso añadieron un 10,5% a los costos del proyecto. Corregir esto habría significado ahorros equivalentes a 0,2% del PBI regional por año; “la buena noticia es que el desempeño temporal está mejorando”, matiza.

Los países de la región no se quedaron “de brazos cruzados”, pero la escasa efectividad de las instituciones de lucha contra la corrupción obedece a un “insuficiente cumplimiento de las leyes, lo que a su vez refleja un compromiso político tibio, escasos recursos financieros y humanos y problemas de coordinación interinstitucional”.

Economía
2020-07-30T00:00:00