Algunos jerarcas salientes, como el ministro Danilo Astori, identifican la “inclusión financiera” como una reforma clave hecha por los gobiernos del Frente Amplio. Con esa ley —que las autoridades electas quieren revisar, para eliminar la bancarización obligatoria—, las tarjetas, las transferencias entre cuentas y las billeteras electrónicas empezaron a usarse cada vez más, aunque el dinero físico se mantiene como el medio de pago más empleado por los uruguayos.
El plan de inclusión busca, entre otras cosas, bajar costos asociados al uso de billetes y monedas, de modo de darle más eficiencia a las transacciones económicas. En esa misma dirección, incluso, el Banco Central (BCU) —emisor de la moneda nacional— puso a prueba unos meses el e-peso, para pagos mediante celulares. ¿Cuánto se ahorraría si, como van camino a hacerlo algunos país europeo, dejara de emplearse el dinero físico en Uruguay? Un cálculo efectuado por tres economistas del BCU aproximó una cifra: el costo de utilizar efectivo en el país fue aproximadamente 0,61% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2016. Eso recae en un 98,1% en el sector privado: 77,1% en los bancos y el comercio minorista, y 21% en los hogares. A su vez, utilizar cheques cuesta el equivalente a 0,04% del PBI. Así, en conjunto, reemplazar el uso de efectivo y cheques por medios de pago electrónicos implicaría bajar el costo de transacción en 0,65% del Producto.
Ese cálculo no incluye las erogaciones asociadas a la delincuencia; los autores dicen que no hay estimaciones fiables para Uruguay, pero señalan que los análisis sobre otros países revelan que la criminalidad aumenta cuando lo hace la demanda de moneda de papel (a la vez que hay una correlación negativa con la penetración de tarjetas de crédito y débito).
Ese 0,65% del Producto es un costo alto comparado con algunas economías donde el dinero físico va perdiendo terreno. Teniendo en cuenta otras investigaciones internacionales sobre la temática, los autores mencionan que los costos privados como proporción del PBI oscilan entre el 0,15% de Noruega y el 0,58% de Bélgica; en el medio están Suecia, los Países Bajos y Australia, con porcentajes de 0,42% a 0,46% de su Producto. Estos niveles de costo del uso de efectivo están relacionados con la elección de instrumentos de pago que hacen los consumidores y comerciantes. En Uruguay, por ejemplo, la mitad de los hogares dice que paga sus compras regulares solo con efectivo, mientras que la cifra es de 61% cuando se trata de abonar tarifas de servicios públicos, servicios médicos o cuotas de escolaridad. En Noruega, solo el 15% del total de transacciones y el 7% del valor total de los pagos de los hogares se hacen con dinero físico.
Banca central
Para los bancos centrales, que además de emitir moneda tienen entre sus cometidos asegurar la salud del conjunto del sistema financiero, la digitalización trae oportunidades y también desafíos. El documento de trabajo del BCU —al que accedió Búsqueda— menciona el caso de Suecia. Durante la última década, la banca sueca desarrolló un sistema de pago “muy eficiente”, y hoy la mayoría de la población lo está usando a través de sus computadoras y celulares, al mismo tiempo que el dinero físico se redujo drásticamente. Incluso, cada vez más tiendas rechazan el efectivo como medio de pago y se augura que en pocos años dejará de ser aceptado por completo. En este escenario, ¿cómo cumpliría el Banco Central de Suecia su mandato de proporcionar un sistema de pago eficiente y estable? Le faltará uno de los instrumentos clave para hacerlo. Y, ¿cómo aseguraría la estabilidad financiera en caso de que ocurra una crisis bancaria? La moneda digital que tiene a estudio esa institución —la e-Krona— podría ser parte de la solución si logra ser un instrumento aceptado por el público, señalan los autores.
Para cumplir con el mandato de desarrollar sistemas financieros y de pago eficientes y seguros, los bancos centrales también pueden utilizar la reducción de los costos de transacción, la mejora de la seguridad y las ventajas de la recopilación y el análisis de datos que proporcionan las nuevas tecnologías, anotan en el lado de las oportunidades. “Su contribución sería más importante en las jurisdicciones en las que el sector privado no asuma el liderazgo en innovación tecnológica. En tal caso, sería necesaria una actitud proactiva hacia el desarrollo financiero de los mercados y las infraestructuras”, consignan. Allí repasan la ley de inclusión financiera que se puso en marcha en 2014 en Uruguay como una política explícita de avanzar hacia el uso de instrumentos de pago electrónico, por ejemplo, tarjetas de débito y crédito, en lugar de efectivo y cheques. Y aluden también al experimento del e-Peso, que se extendió entre noviembre de 2017 y abril de 2018, y tuvo “éxito” en probar y evaluar muchos aspectos de esta nueva tecnología y modelos de negocio del BCU.
El costo del dinero
Como resultado de ese programa de “inclusión financiera”, en los últimos cinco años el número de transacciones con tarjetas de débito aumentó más de 3.000%, y el de transferencias electrónicas lo hizo por encima de 2.000% en ese período. Aun así, la prevalencia en el uso del efectivo sigue siendo fuerte en Uruguay.
Los economistas del BCU estimaron, para 2016, el costo de usar efectivo y cheques en el punto de venta en Uruguay; no se trata de los costos totales para la sociedad, sino solo los “privados”, es decir aquellos en los que incurren los agentes —bancos y público en general— al realizar transacciones.
Los principales costos identificados fueron tres: de producción de billetes y monedas; de transporte y seguridad por parte de los bancos y el comercio minorista, y los que recaen sobre los consumidores en términos de tasas pagadas y otros costos implícitos, como de liquidez o por el riesgo de retener el efectivo.
Comprar billetes y monedas y transportarlos a la bóveda del BCU tuvo un costo de $ 189 millones anuales en 2016, lo que representó 0,01% del Producto.
Los costos de transporte y seguridad de dinero físico para los bancos fueron de $ 1.264 millones. Si se asume que dichos servicios también son pagados por el sector comercial, estos incurrieron en un costo de $ 6.198 millones por usar efectivo. Eso hace un total de casi $ 7.500 millones en este rubro, lo que representa 0,47% del PBI.
Por último, los consumidores enfrentan tres tipos de costos: de tiempo, tanto para retirar efectivo como en la caja registradora para hacer un pago, y de oportunidad de mantener en sus billeteras los billetes (liquidez).
Para sus estimaciones los autores se apoyaron en otras investigaciones que calculan que se tarda 86,4 segundos en pagar en efectivo, 121,9 con cheques, 101,5 con tarjetas de crédito y 95,8 con las de débito. Y según una encuesta de la Asociación Bancaria Sueca, para retirar dinero en efectivo de los cajeros automáticos se tarda en promedio 50 segundos, más un minuto haciendo cola y caminar hacia el cajero automático.
El costo de tiempo para los consumidores en Uruguay fue valorado a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística; si el ingreso medio per cápita de los hogares urbanos fue de $ 23.114 al mes en 2016 y se asume que se trabajan 35 horas semanales, el ingreso por hora significó $ 165. Considerando la cantidad total de retiros de efectivo (172 millones o 77 por año en promedio) con las 2.255.250 tarjetas de débito disponibles, su costo total fue de $ 872 millones o $ 5 por transacción.
En segundo lugar, los consumidores incurren en un costo de tiempo en la caja registradora del comercio. Asumiendo que se tarda 86,4 segundos en realizar pagos en la caja registradora ($ 4) y utilizando el número de retiros de efectivo como una aproximación a la cantidad de pagos con papel moneda, el costo total es de $ 684 millones al año.
En general, a los consumidores les costó $ 1,557 millones usar efectivo. Eso significa 0,10% del PBI de 2016, el año para el que los economistas del BCU hicieron el cálculo.
Con el propósito de estimar el costo de oportunidad de mantener liquidez, su estudio combinó datos sobre la tenencias de efectivo promedio para fines de transacción y las tasas de interés pagadas en cuentas corrientes o de ahorro: fueron $ 473 millones anuales.
Teniendo en cuenta todo esto, los costos privados totales de emplear dinero en efectivo ascendieron a más de $ 9.680 millones o 0,61% del Producto. La mayor parte (77,1%) recayó sobre los bancos y el comercio minorista y estuvieron asociados al transporte y seguridad de los billetes y monedas; otro 21% fue asumido por los consumidores y 1,9% por el BCU. Esa distribución de los costos privados es muy similar a la que se encontró para Suecia.
Cheques
El documento de trabajo también analizó los cheques, un instrumento con similitudes respecto del dinero en efectivo. En su caso, se suelen utilizar para grandes pagos (US$ 4.600 en promedio) y en su mayoría por parte de empresas.
Durante 2016 se emitieron en Uruguay casi 14 millones de cheques por un valor total de US$ 64,3 millones.
Para los consumidores, los principales costos de utilizar ese instrumento fueron el costo de adquisición ($ 30 por cheque o un total de $ 420 millones anuales) y de tiempo en el punto de venta ($ 78 millones).
Tomando en conjunto los costos privados para los bancos comerciales y los consumidores, el uso de cheques implicó un costo privado de $ 631 millones o 0,04% del PBI. Cada cheque les costó $ 45,1.
