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Varias disposiciones de la LUC tienen un mayor impacto negativo en las mujeres, según la Intersocial Feminista
Un documento de la organización sostiene que quedan más expuestas ante el endurecimiento de penas a delitos vinculados a drogas, el régimen de desalojos de rápida ejecución y la derogación de aspectos de la ley de inclusión financiera
La Ley de Urgente Consideración (LUC) lleva casi 10 meses vigente. A pesar del tiempo transcurrido y de tener en su contra una campaña para impulsar una consulta popular que derogue buena parte de su contenido, Soledad González, una de las militantes referentes de la Intersocial Feminista, cree que desde julio de 2020 han pasado desapercibidos los efectos que tienen sus disposiciones en la vida de la gente.
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En su experiencia, vio en el último tiempo las consecuencias del endurecimiento de las penas de algunos delitos vinculados a las drogas. Cuenta que en los últimos días comenzó a trabajar para ayudar a una madre a la que le van a dar cuatro años de prisión por entrar unos pocos gramos de marihuana a una cárcel. “¡Cuatro años! ¡Cuando la gente fuma porro en la calle! Es muy grave el nivel de destrozo que hace la ley y eso tiene que ver con la falta de profundidad que tuvo la discusión parlamentaria”, dijo a Búsqueda.
Lograr entrar en el debate de fondo detrás de los 135 artículos que pretenden derogar de la Ley de Urgente Consideración es uno de los principales desafíos a los que se enfrentan las organizaciones que promueven el referéndum. A la dificultad que ya de por sí implica la amplitud y diversidad de temas que abarca la iniciativa popular se suma la situación sanitaria que acapara la agenda y la estrategia de la coalición de gobierno de, al menos en esta etapa, evitar entrar en discusiones sobre la ley en la que incluyó buena parte de su agenda.
En conjunto con El lado F, un colectivo de mujeres vinculadas a las ciencias económicas, la Intersocial Feminista elaboró un documento que analiza desde una perspectiva de género los efectos de las modificaciones que introduce la LUC. En el capítulo dedicado a los cambios en seguridad del trabajo destaca al artículo 74 como uno de los de mayor impacto para las mujeres. Esa norma amplía a entre cuatro y 15 años de prisión las penas para algunos delitos de estupefacientes, como el suministro en las inmediaciones o dentro de las cárceles o la comercialización en el hogar.
El documento sostiene que las mujeres quedan ubicadas en ese marco legal como “el eslabón más débil”. Para desarrollar esa afirmación, explica que el aumento de la población carcelaria muestra una curva más acelerada de crecimiento en las mujeres que en los hombres. Además, apunta que de acuerdo al último informe del comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, alrededor del 32% de las más de 600 mujeres presas están privadas de libertad por delitos vinculados a drogas y no violentos. En la población carcelaria masculina ese tipo de delitos apenas representan el 8% del total.
Según el documento, las mujeres terminan vinculadas a delitos de drogas por buscar un rédito económico o una forma de subsistencia para sus familias, y también para ayudar a referentes masculinos cercanos. Las relaciones de dominación continúan una vez que el varón se encuentra recluido y le exige a la mujer que ingrese determinados bienes, entre ellos drogas, para su uso personal o para hacer trueques dentro de la cárcel.
“El aumento de la pena por suministro de drogas dentro de establecimientos penitenciarios puede tener un impacto importante sobre la criminalización de mujeres, lo cual se suma a la ya existente tendencia creciente en el número de mujeres formalizadas por delitos vinculados al narcotráfico. Esto, además de aumentar el número de mujeres formalizadas por delitos de drogas, puede aumentar el tiempo de prisión debido a la aplicación de penas más severas de encarcelamiento. En la misma dirección va el agravante que supone la comercialización de drogas en el hogar, ya que en su mayoría son mujeres las que se encuentran en esa situación”, señala.
En materia de vivienda, la Intersocial Feminista y El lado F analizaron el posible impacto en las mujeres de la creación del régimen de arrendamientos sin garantía y del régimen de desalojos de rápida ejecución, previsto para ese tipo de alquileres. Ese es uno de los puntos que plantea derogar el referéndum. Como consideración general, el documento afirma que el sistema de desalojos vulnera a la población a la que pretende beneficiar.
Ante esa eventual vulneración, de nuevo las mujeres tienen una posición más débil. A partir de cifras de la Encuesta Continua de Hogares, el trabajo señala que entre quienes tienen su vivienda en calidad de “inquilinos o arrendatarios”, el 53% tienen a un hombre como jefe de hogar y el 47% a mujeres. Como contracara, en modalidades de tenencia de vivienda más inseguras (ocupantes sin permiso) el porcentaje de hogares con jefas de hogar sube a 57%. De esa manera, el documento concluye que la jefatura femenina aumenta al mismo tiempo que aumenta la inseguridad del régimen de tenencia de vivienda.
“Las mujeres, y en particular aquellas en condiciones de mayor vulnerabilidad y con hijos e hijas a cargo, son quienes se encuentran en peor posición para afrontar un desalojo”, dice.
Según el análisis, también la derogación de varias disposiciones de la ley de inclusión financiera afectan en mayor medida a las mujeres que se encuentran en una posición más frágil como punto de partida. A 2017 el 60,6% de las mujeres con más de 15 años tenía una cuenta en una entidad financiera y el 51,6% una tarjeta de débito. En los hombres de la misma edad las cifras eran de 67,6% y 60,7%.
El trabajo sostiene que hasta las modificaciones en la educación perjudican de manera especial al colectivo femenino. Por un lado, porque las trabajadoras mujeres son mayoría en los distintos niveles del sistema educativo y, por lo tanto, la disminución de participación docente en algunos órganos o comisiones implica una pérdida de representación para ellas. También sostiene que pueden verse afectadas por un favorecimiento de la discrecionalidad y selectividad en detrimento del histórico concurso de oposición y méritos por el cual se ingresa al sistema público de educación.
Tensiones
La Intersocial Feminista es una de las principales impulsoras del referéndum contra 135 artículos de la LUC, junto con el PIT-CNT, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua y el Frente Amplio. En las últimas semanas la organización fue protagonista de episodios de tensión y cortocircuitos en el ámbito de la Comisión Nacional Pro Referéndum, según dijeron a Búsqueda fuentes sindicales y del movimiento feminista.
En el movimiento sindical y entre algunas militantes de la Intersocial Feminista circuló la versión incluso de que abandonarían la comisión, aunque seguirían recolectando firmas. Las principales referentes de la organización, consultadas por Búsqueda, negaron que hayan considerado irse de ese ámbito de coordinación. Soledad González, Tamara García y Valeria Caggianno aseguraron que siguen integrando la comisión y que las diferencias que tuvieron son “inconvenientes normales” de una campaña compleja que requiere articulación entre numerosos actores.
En la misma línea se manifestó el representante de la FEUU, Mauro Conti, que reconoció que se dieron algunas “discusiones estratégicas” que consideró normales y dijo que la Intersocial Feminista sigue “firme” en la Comisión Pro Referéndum.
