Vázquez pide buscar solución al problema de las personas que viven en la calle tras informe del Mides que detectó un aumento

Según el informe, entre el 15 de mayo y el 30 de junio pasaron 1.223 personas por los “centros de contingencia”. De esa cifra, 500 “estaban por primera vez en situación de calle”, de las cuales 140 personas “no aceptaron ingresar a los centros”.

Con este trabajo se busca “liberar el espacio público ocupado y conducir a las personas que alteren el orden” amparándose en la Ley de Faltas, añade. Esa norma, aprobada en 2013, establece como una falta acampar o dormir de forma permanente en los espacios públicos. Ese punto prácticamente no se aplica. Según información del Ministerio del Interior, a partir de datos del Poder Judicial, en 2017 ninguna persona fue conducida a la Justicia por cometer esa falta. La subsecretaria del Mides, Ana Olivera, aseguró en junio de este año en el Parlamento que la Ley de Faltas sí se aplica.

Arismendi dijo al Gabinete que el objetivo es lograr que esa población pueda ingresar a programas orientados a “promover su autonomía, recuperar redes de apoyo” de familiares y de la comunidad, acceder a servicios y prestaciones públicas.

El último censo que hizo el Mides sobre la situación de las personas que dormían en la calle es de 2016. Ese año, el ministerio registró que 556 personas estaban durmiendo en la vía pública. Otras 1.095 personas estaban en alguno de los refugios del Mides que son gestionados por organizaciones de la sociedad civil.

Para el invierno de este año, el gobierno puso a disposición 1.662 cupos en refugios, distribuidos en 33 centros del Programa Calle, 12 para mujeres con menores de edad a cargo y cuatro centros de cuidados. 

El Programa Calle está dirigido a personas solas, mayores de 18 años y que viven a la intemperie. En esos casos se les permite dormir en la noche en alguno de los 33 centros. El objetivo del programa es reducir el tiempo de permanencia de la persona en la calle, que pueda acceder a servicios de salud y que participe en actividades de integración. Además, se les facilita el acceso a las prestaciones sociales, como pensiones, jubilaciones o transferencias monetarias.

El programa que atiende a madres con hijos busca fortalecer el “cuidado y crianza”, el acceso a la atención en salud y a los centros de educación y busca una solución habitacional. Este tipo de centros están abiertos las 24 horas. 

El tercer programa es el de Cuidados, que atiende a personas en proceso de recuperación o con patologías crónicas. 

En la presentación ante el Consejo de Ministros, Arismendi planteó cuatro grandes desafíos que tienen los organismos que participan en el plan de atención.

Uno es ver de qué forma se atiende a las personas que están en la calle en el marco de la nueva ley de salud mental. El segundo, según el informe del Mides, es prevenir que quienes salen de la cárcel o estaban hospitalizados vuelvan a la calle. Un tercer desafío es tener soluciones habitacionales estables para estas personas. Por último, aparece la necesidad de ampliar los dispositivos de abordaje para las personas que por violencia, discapacidad, consumo de drogas o patologías psiquiátricas pasaron a vivir en la calle.

Campamentos. 

Las autoridades del Mides defendieron su gestión en varias apariciones públicas registradas en los últimos meses. Uno de los argumentos principales que utilizaron, y que reiteró Arismendi ante los ministros, fue que cambió el perfil de esa población.

“Hay una nueva forma de estar en la calle”, dijo la subsecretaria Ana Olivera, en junio pasado, durante su comparecencia en el Parlamento. Explicó que detectaron que muchas de las personas que viven en la calle forman campamentos. “Estas personas son mayoritariamente hombres; son agrupamientos de seis, siete y hasta nueve personas, es el máximo que hemos detectado”, dijo. La mayoría de quienes integran esos grupos son personas que recién salieron de la cárcel, añadió.

Olivera dijo que están trabajando una nueva “estrategia” para atenderlos, pero que algunos no quieren ir a los refugios. “Mantienen en la calle el criterio de la cárcel, de agrupamiento”, explicó. “En un centro de contingencia tuvimos un grupo que, como tal, se acercó a ese refugio de contingencia y quiso aplicar algunas prácticas carcelarias que inmediatamente el equipo técnico del centro logró desarmar”.

El 94% de las personas que vivían y dormían en la calle censadas en 2016 eran hombres. Entre quienes iban a refugios, los hombres eran un 83%. 

Poco más de la mitad de los censados no superaban primaria como su máximo nivel educativo. En ese momento, 20% de las personas relevadas por el Mides declararon que tenía algún problema de salud mental. Además, el 80% de los entrevistados dijeron que consumían algún tipo de sustancia psicoactiva. El alcohol y la pasta base, con más del 60%, fueron las sustancias más nombradas. 

Estas cifras y los datos más recientes, según el Mides, demuestran que la población en situación de calle es distinta a la que había en 2005. Para las autoridades, no hay familias con niños en situación de calle gracias a que se crearon los centros especializados.