La instalación de un megabasurero localizado a metros del arroyo Solís Chico es una preocupación tanto para los vecinos de Costa de Oro como para las autoridades de la Intendencia de Canelones (IDC), quienes desde hace meses discuten la viabilidad del proyecto.
Desde la oposición también rechazan la medida, al entender que la zona no es apta para tal actividad. Y es que si bien el fin municipal de crear un sitio de disposición final de residuos urbanos sólidos a orillas del arroyo responde a la necesidad de generar un nuevo espacio para verter basura —la planta de Cañada Grande está colapsada—, grupos de pobladores entienden que el nuevo vertedero afectará a uno de los principales cursos de agua del departamento.
Al mismo tiempo, sostienen que la propuesta planteada ya adjudicada por la comuna a la empresa Aborgama no se corresponde con el proyecto aprobado por los ediles de la Junta Departamental de Canelones (JDC). “Por los costos, el proyecto de la nueva planta fue bajando de categoría para pasar de ser una iniciativa de punta a nivel tecnológico a un vertedero tradicional”, dijo a Búsqueda la arquitecta Noel Gortari, representante del grupo de vecinos en defensa del arroyo Solís Chico.
Los pobladores comenzaron en enero a buscar incongruencias entre lo que se determinaba en los instrumentos de planificación territorial y lo que planteaba la evaluación ambiental estratégica del área, acerca de la instalación de un basurero sobre el arroyo. Estudiaron el marco legal de la licitación publicada en 2017 y entendieron que en los pliegos nunca se menciona el plan de ordenamiento.
Igualmente desde la IDC, el intendente Yamandú Orsi informó a Búsqueda que ninguna de las empresas perdedoras impugnó la licitación y que eso es un indicio de que el procedimiento fue correcto.
Asesorados por diferentes profesionales, entre ellos Pablo Ligrone, grado cinco en Urbanismo y director académico de la maestría en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de la Universidad de la República, encontraron distintas irregularidades. En esa línea, afirmaron que la adjudicación del nuevo vertedero, sin posibilidad de reciclaje, sin valorización del biogás recuperado ni tratamiento de los materiales como se aprobó en un principio, es “fraudulenta por donde se la mire”, dijo a Búsqueda la vecina Elisa Orr.
“Es solo un relleno sanitario, que además no cumple con las exclusiones vitales propuestas en los pliegos: se olvidaron, por ejemplo, de las tomas de agua de OSE en Soca, que se abastecen únicamente con agua subterránea”,agregó. De esa forma, no se tuvo en cuenta que un relleno sanitario no debe estar a menos de 5.000 metros de una toma de agua de cualquier tipo.
Por otro lado, como el gasto de instalación de esta nueva planta no estaba contemplado dentro del presupuesto quinquenal de la IDC, una vez que se adjudicara la licitación, esta debía pasar al Tribunal de Cuentas (TC) para ser analizado. En ese sentido, el grupo aseguró que la última resolución emitida en noviembre “es una vergüenza pública”.
Según los documentos, al ser consultados acerca de por qué no se presentó al Tribunal una comparación técnica de los tres oferentes, ponderando el puntaje según los distintos requisitos solicitados, la comuna respondió que era complejo.
“Se omitió debido a la descalificación de dos de los tres oferentes, considerando que dejaría de ser relevante la presentación de un análisis comparativo con un único oferente en competencia, que por el tipo de servicio público a concesionar y a la diversidad de tecnologías existentes para la resolución de diferentes aspectos ambientales a evaluar, dificulta realizar una evaluación cuantitativa de algunos de los componentes”, sostiene el documento al que accedió Búsqueda a través de los vecinos.
A su vez, la intendencia afirmó que la evaluación cuantitativa de los antecedentes de las empresas resulta “poco verosímil”, ya que estos fueron presentados mediante cuadros técnicos en proyectos de diferente magnitud, relacionados de formas distintas con el tipo de tareas a desarrollar en la licitación.
Posteriormente, la IDC solicitó a la Dinama analizar “la compatibilidad del emplazamiento de la propuesta recibida por parte de la empresa adjudicada en el marco de la licitación y el proyecto aún no consolidado planteado por OSE”, indica la documentación. “¿Cómo le van a pedir a Dinama que opine antes de que entre el proyecto completo para ver si el predio es válido o no?”, dijo Gortari.
En enero, la intendencia indicó entre los lineamientos planteados a las empresas que, dada la localización de las propuestas y la planificación establecida para el uso del agua en el arroyo Solís Chico, no se aceptaría este curso de agua ni sus afluentes como receptores de residuos o lixiviados.
Corredor biológico.
En noviembre se confirmó la vigencia de un decreto del Poder Ejecutivo que establece a favor de OSE una reserva de agua del Arroyo Solís Chico en donde podrá construirse una obra hidráulica de embalse de aguas de dominio público. Así sería posible abastecer de agua potable a los balnearios desde Costa Azul hasta Jaureguiberry, que hoy no cuentan con cobertura. La construcción del megabasurero, según los vecinos, terminaría con ese objetivo, al estar ubicados exactamente en los mismos predios y por eso ya llevan reunidas en la plataforma Change.org cerca de 30.000 firmas digitales y 2.300 firmas físicas en contra.
Gortari manifestó la preocupación de los vecinos de ubicar el nuevo vertedero en un predio de 110 kilómetros cuadrados al norte de la Ruta 8, y en cuanto a las variables medioambientales, indicó que desde la Dinama reconocieron en el Parlamento que no se habían realizado estudios preliminares de localización para determinar el impacto que el emprendimiento podría llegar a tener en uno de los arroyos menos contaminados del departamento, caracterizado por la comuna como un “corredor biológico”.
Según indicó Ligrone tiempo atrás en Radio El Espectador, con este emprendimiento la Intendencia está violando el artículo 47 de la Constitución, que protege el agua y el medio ambiente. Además, dijo que las autoridades omitieron hacer una evaluación ambiental estratégica, algo previsto en la ley de ordenamiento territorial de 2008.
A su vez, durante una asamblea de vecinos celebrada en agosto, el especialista aseguró que los principales proyectos presentados en los últimos años estuvieron apartados de las pautas que marca la ley. Y afirmó que los estudios a los que se hace referencia en el llamado a licitación no fueron realizados en el marco de un proceso de planificación.
Por su parte, Alfonso Lereté, exdirector de AFE y referente del Partido Nacional en el departamento, dijo a Búsqueda que las razones por las cuales no comparte el accionar de la intendencia se basan en que la comuna canaria solicitó a la JDC que aprobara una planta modelo “espectacular”, pero que con el transcurrir de la licitación, las empresas oferentes plantearon modificaciones al pliego original y distorsionaron el proyecto.
A su vez, sostuvo que hoy la IDC “va a contrapelo de lo que se hace” en el mundo. “Con la basura se generan recursos. Pero acá con los residuos (el intendente Yamandú) Orsi nos endeuda casi tres veces más y no soluciona el problema de fondo”, dijo en referencia al aumento del costo por tonelada que generará la nueva planta.
“Acá hay un claro responsable de toda esta desinformación y falta de precisión en los estudios, que es el director de Gestión Ambiental de la intendencia, Leonardo Herou”, acusó Gortari. Según la profesional, el jerarca aseguró que se habían llevado adelante estudios previos junto a la Dinama para determinar el sitio seleccionado para el vertedero.
