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No importaba el día ni la hora, los vecinos del Parque Batlle cuentan que antes de 2007 en el barrio sobraba el espacio para estacionar. Salvo cuando había partido en el Estadio Centenario, los autos solo se veían pasar por la zona. Un total de 6.205 km2 prácticamente libres. La creación del Fondo Nacional de Salud, en 2007, cambió la situación. La competencia entre los prestadores de salud se disparó y con ella el desarrollo de mutualistas como Médica Uruguaya y Universal, y de seguros privados como el Hospital Británico y el Seguro Americano. Los cuatro prestadores atienden actualmente a unos 400.000 usuarios. Eso significa que ya no hay tanto espacio para estacionar en el Parque Batlle.
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“La gente empezó a atenderse aquí y el barrio se fue llenando de autos. Nuestra preocupación surge cuando, con los autos, aparecen personas desconocidas en cada esquina. Empezaron los robos, los arrebatos. Como no hubo respuesta policial, respondimos nosotros”, dice Leonardo Traversa sobre Vecinos en Alerta Parque Batlle, un grupo creado en 2012 para combatir la inseguridad en la zona. Seis años después, el grupo se ha extendido bastante más allá de su propósito original: además de prevenir delitos, puede solucionar problemas de contenedores desbordados, contaminación atmosférica o peleas de boliche entre adolescentes para los 63.090 habitantes de la zona. “Nos hemos dado cuenta de que no siempre podemos esperar a que nos solucionen las cosas sin que nosotros hagamos nada”, afirma Traversa, creador de la organización, a Búsqueda.
Aunque está trabajando en el Cordón, durante el rato que conversó con Búsqueda —entre las 12:00 y las 13:40 del martes 17— la pantalla del celular se le iluminó cada dos minutos con notificaciones en verde de Vecinos en Alerta: rompieron el vidrio de una camioneta, sí, pero también hay quejas por excrementos de mascotas en lugares equivocados, o mensajes con sugerencias para el próximo presupuesto participativo. Es que con el tiempo entre los vecinos surgieron como inquietud otros temas más cercanos a la convivencia que a la seguridad. Y, en cuanto a la respuesta política, han logrado tener más éxito por ese camino.
“Evolucionamos bajo la necesidad de no ilusionarnos con que el Estado hará todo lo que pedimos. Hoy, más allá de la prevención en seguridad, funcionamos como grupo de presión ante cosas puntuales”, dice Traversa.
Entre esas cosas menciona el convenio firmado en mayo de 2016 entre el Pereira Rossell y Montevideo Gas, por el cual se sustituyó la caldera a fuel oil del hospital por una estación de generación de vapor para calefacción y agua caliente sanitaria. El cambio se dio a instancias de los ciudadanos. El denso humo de la enorme chimenea del hospital no solo dejaba negra la ropa blanca que colgaban los vecinos del barrio. El grupo presentó a los directores del hospital, Federico Eguren y Rodrigo Barcelona, un informe sobre las afecciones pulmonares que la caldera del Pereira Rossell producía en los niños.
Con el Seguro Americano lograron algo similar luego de que un estudio demostrara que el hospital generaba ruidos molestos en la zona con sus equipos energéticos. También se reunieron con el dueño del boliche Azabache, Rodolfo Apardian, cuando el local se mudó meses atrás a la calle Pedro Campbell, y consiguieron que el municipio colocara focos de iluminación en los alrededores para evitar los típicos problemas entre quienes salen a bailar. Ahora están cerca de recibir la aprobación de la Intendencia de Montevideo para que se coloquen 200 rampas de accesibilidad en las escuelas y liceos de la zona.
De Boston a Montevideo.
Concejal vecinal del municipio CH, Traversa vive en la calle Bahía Blanca esquina Lorenzo Batlle, a cuatro cuadras de la Seccional 9ª de la Jefatura de Policía de la ciudad. En esa seccional es donde más se denuncian hurtos de vehículos en Montevideo, según un informe de 2016 de la Fiscalía General de la Nación.
“Los hurtos de vehículos en la zona se dan en un contexto de actividades rutinarias de las víctimas y victimarios que siguen ciertos patrones ligados al uso de esa zona de la ciudad, donde se da gran concentración de autos. El lugar carece de controladores naturales, los delitos se cometen sin esfuerzo y sin arriesgar demasiado, contando con amplios bulevares y avenidas propicias como rutas de escape”, detalla el informe.
La iglesia del Nazareno de Tres Cruces funcionó en 2012 como primer lugar de acogida para que los vecinos del Parque Batlle se organizaran contra esos robos. Una vez al mes todavía se juntan allí para discutir propuestas. También continúan dejando papeletas debajo de las puertas, aunque el llamado boca a boca del inicio ha perdido fuerza con la tecnología; primero Facebook, ahora WhatsApp.
En esa plataforma de mensajería las 700 familias que forman parte de la organización han conseguido comunicarse con un orden autorregulado en el tiempo. “Nos hemos ido puliendo. Las cadenas de San Expedito se enviaron una, dos, tres veces. A la cuarta no se enviaron más”, dice Traversa. Para evitar que el objetivo principal de la organización se desvirtuara, se dividió el barrio en cuatro zonas geográficas y en cada una se crearon dos chats: uno de propuestas y otro, el original, para emergencias de seguridad. Además se crearon chats específicos para parque canino, higiene ambiental, ruidos molestos, presupuesto participativo y comunicación.
Vecinos en Alerta Parque Batlle es parte de otras iniciativas similares en barrios de Montevideo y Canelones. La idea la trajo a Uruguay el exministro del Interior Guillermo Stirling en el 2000, pero el antecedente se remonta a 1985 en Boston, Estados Unidos, cuando el Departamento de Policía lanzó una unidad de vigilancia vecinal que capacitaba a los propios ciudadanos para colaborar en el combate al crimen. El esquema fue ampliado en 1997 por la Policía Metropolitana de Londres.
En Uruguay, los grupos de vigilancia formaron una coordinadora nacional que aglomera más de 75.000 personas, según lo expresado por representantes de esa coordinadora el martes 3 en la comisión especial de seguridad pública y convivencia de la Cámara de Senadores. Piden al gobierno mejores políticas en la materia, revisión de artículos del Código del Proceso Penal, protección y garantías a las víctimas del delito, penas más duras y sanciones efectivas.
Además, remarcan que sus intereses no tienen detrás ninguna operación política, como se lo hizo saber Diego del Valle, integrante de un grupo de vigilancia vecinal de Suárez, a la senadora frenteamplista Daniela Payssé: “Somos apolíticos, honorarios y laicos”.
