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    Vecinos y alcalde de Pando molestos con apoyo del MTOP a mejoras en una piscina privada

    Reclaman obras similares para la plaza de deportes pública y cuestionan que un directivo de la institución beneficiada tenga un cargo político en la Unasev

    En el marco del programa Convenios Sociales de la Dirección Nacional de Arquitectura, el pasado viernes 28 de julio el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, suscribió una serie de acuerdos con instituciones privadas de Canelones. Entre ellos, uno financiará mejoras de infraestructura en el Centro de Protección de Choferes de Pando que incluyen cambiar el techo y climatizar la piscina de la organización.

    Este convenio causó molestias entre algunos vecinos, quienes reclaman desde hace años que se destinen recursos para realizar obras en la única piscina pública de la ciudad. Así lo confirmó a Búsqueda el alcalde Alcides Pérez, que si bien dijo no estar en contra de la iniciativa, afirmó que es necesario “atender primero la molestia de la gente”.

    “El proyecto de la piscina pública es algo que las personas reclaman hace muchos años, porque funciona solo en verano al ser abierta y no estar climatizada”, explicó Pérez. Según contó, recibió en los últimos días quejas de personas que llegaron de forma independiente y también de los integrantes de la Comisión de Apoyo de la Plaza de Deportes, donde está la piscina pública. A su entender —y asegura que es el “sentir” de los vecinos “en general”— con el convenio firmado se prioriza destinar fondos a privados en lugar de apuntar al público de menores recursos que no puede costear una cuota, “que es la mayoría”.

    “Lo público se ha dejado en segundo lugar”, lamentó.

    El director de deportes de la comuna canaria, Alejandro Pereda, dijo a Búsqueda que está al tanto de los reclamos históricos de la comunidad respecto al techado y la calefacción de la piscina pública que administra la Secretaría Nacional de Deporte. Sin embargo, explicó que este tipo de convenios son impulsados por el Ministerio de Transporte solo con instituciones privadas, por lo que una cosa “no estaría en contraposición de la otra”.

    De todas maneras, se refirió a los reiterados cuestionamientos que existen respecto a los criterios con los que se rige el ministerio para seleccionar estos acuerdos, vinculados sobre todo al mecanismo por el cual se implementan. “Muchas veces no pasan por un proceso de selección de distintas propuestas, sino que se acuerdan directamente con la institución. Eso es así y en definitiva son todos dineros públicos, por lo que la población puede preguntarse por qué, si hay dinero para convenios con privados, no se destina para inversión en una estructura pública que es para todos”, opinó Pereda. Para el director, esa división de los dineros también es una decisión política.

    Por otro lado, sostuvo que si bien “el camino ideal es lograr que la infraestructura pública sea la que ofrece las mejores condiciones”, reconoció que es algo costoso. No se trata solo de hacer la obra, explicó, sino de mantener luego el funcionamiento.

    “Requiere una organización y un destino de dinero previo a tomar la definición de desarrollar el espacio público, pero es el camino que hay que empezar a recorrer”, agregó.

    Según indicaron las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), la inversión total para las obras será de $ 3,55 millones, de los cuales $ 1,8 millones serán aportados por la cartera. Como contrapartida, además, la institución brindará el uso de sus instalaciones a los alumnos de cuatro escuelas de la zona por un período de cinco años.

    Este año, el MTOP decidió triplicar la partida presupuestal que destina al programa Convenios Sociales —que hoy pasa los $ 200 millones— con el fin de abarcar proyectos en todo el país. Es así que mientras en 2022 se firmaron 70 acuerdos, en 2023 la cartera pretende cerrar al menos 90, dijo a Búsqueda el subsecretario de la cartera, Juan José Olaizola.

    El jerarca dijo que el ministerio estableció como tope adjudicar US$ 50.000 por convenio, con el objetivo de “dividir lo más posible” los recursos de los que dispone. Consultado sobre el acuerdo con el Centro de Protección de Choferes de Pando, el segundo que se cierra con esta institución privada, aseguró que con poco dinero se logrará “generar un impacto social importante” al establecer como contraprestación que los alumnos de las escuelas Nº 111, 112, 198 y 274 puedan hacer uso de las instalaciones por algunos años.

    “Se nos presentan muchísimos convenios para hacer con instituciones privadas, que muchas veces no tienen la posibilidad de generar los recursos para mejorar sus instalaciones o infraestructura. Es ahí que aparece la conjunción del aporte del Estado y de la institución para llevar adelante las obras”, explicó el subsecretario al mencionar otros acuerdos vinculados, por ejemplo, a clubes de baby fútbol, organizaciones relacionadas a la salud, a personas con discapacidad, a migrantes y a mujeres en situación de violencia doméstica, entre otros.

    Olaizola explicó además que siempre se les exige una contraprestación social y económica. En el caso de instituciones que ya hayan tenido un convenio, como es este centro, se estudia si antes cumplió con lo que se comprometió y se realiza una rendición de cuentas de los recursos asignados.

    Ambos lados del mostrador

    Otro de los puntos que produjo molestias entre algunos vecinos de la localidad de Pando y que llegaron a oídos del municipio fue que el presidente del Centro de Protección de Choferes de Pando, Alejandro Draper, también ocupa en la actualidad un cargo de gobierno al desempeñarse como presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev).

    Al respecto, Pérez opinó que “esas cosas hacen ruido” y que “la balanza se vuelca para el lado de la gente de la Lista 400”.

    “Draper está de los dos lados del mostrador, en el gobierno y como presidente de una institución, entonces se le hace más fácil el acceso. Pero no es un tema de la persona, sino de conducción política”, comentó.

    En tanto, Olaizola afirmó que para el MTOP ese es un aspecto que resulta “indiferente”. Es decir, el ministerio firmó un convenio con esa institución al ser una institución “totalmente arraigada y con mucha influencia” en la que de manera circunstancial “hay un presidente que ocupa un cargo de gobierno”.

    “No podemos evaluar un convenio social porque el presidente o un directivo ocupe un cargo nacional o departamental… No es de recibo. Lo que importa son las instituciones y la obra social que realizan”, concluyó.

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