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A partir del 7 de enero, la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación no evalúa más los estudios de impacto arqueológico que las empresas con proyectos de gran envergadura deben realizar para que sus emprendimientos no afecten bienes culturales, históricos o arqueológicos. El Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma), a través de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), se encarga de otorgar las autorizaciones a las empresas luego de presentados y aprobados estos estudios.
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Hasta el momento, la Dinama trabajaba en coordinación con la Comisión del Patrimonio, que encargaba a su Departamento de Arqueología la evaluación de los estudios. Lo que sucedió en los últimos años es que la Comisión se ha visto superada por el crecimiento de expedientes a analizar y no ha podido cumplir con los plazos establecidos por la Ley de Impacto Ambiental (16.466), de 1994.
“Ante el actual desarrollo económico del país vinculado a la estrategia de cambio en la matriz energética (parques eólicos, líneas de alta tensión, subestaciones térmicas, etc.) los estudios de impacto arqueológico se han incrementado exponencialmente desbordando las posibilidades materiales del Departamento de Arqueología”, dice uno de los considerandos de la resolución firmada por Alberto Quintela, director de la Comisión del Patrimonio.
Quintela se apoya también en que no es un “directo cometido legal” de la Comisión del Patrimonio abordar los estudios de impacto arqueológico. Por lo tanto suspende su tratamiento salvo los que se refieran a sitios declarados Monumento Histórico Nacional y da por aprobados los estudios que se encontraban en trámite y sin resolución antes del 7 de enero.
Esta decisión motivó una carta de la Asociación de Arqueología del Uruguay (en formación) firmada por 27 arqueólogos que trabajan en forma independiente, en la Universidad de la República o en el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) del que depende la Comisión del Patrimonio. En la carta, los arqueólogos muestran su preocupación por el “enorme margen de incertidumbre” que dejan los estudios aprobados sin una evaluación y por el curso que les dará la Dinama. También manifiestan que la resolución de Quintela “se produjo a cincuenta días del cambio de autoridades nacionales, lo cual añade un matiz caótico a la situación”.
Por último señalan que la “ineficacia” de la Comisión del Patrimonio “es más una consecuencia de la falta de preocupación por parte de las autoridades competentes en la materia (MEC) en fortalecer las instituciones (…) que una causa para la omisión de una función”. La carta fue elevada a las autoridades del MEC, del Mvotma y al decano de la Facultad de Humanidades que tiene un representante en la Comisión del Patrimonio.
Consultada por Búsqueda, Carmen Curbelo, vocera de la Asociación de Arqueología, señaló que a la Comisión del Patrimonio le faltó “haber peleado más desde adentro”, para recibir más apoyo del MEC. “No parece lógico que el propio Estado diga ‘yo regalo esta parte de mi patrimonio cultural porque no tenemos gente para abordar los estudios’. Lo que está en juego es la protección de los bienes culturales, que no son solo los arqueológicos”.
La Asociación aún no ha tenido respuesta a su carta que se presentó en momentos de cambio de autoridades en los ministerios. “Estamos preocupados por los colegas que ejercen la profesión en forma liberal porque estos estudios son una fuente de trabajo que se verá mermada”. Sin embargo, fuentes de la Dinama dijeron a Búsqueda que la resolución de la Comisión del Patrimonio no implica que los estudios no se realicen porque por ley la Dinama los seguirá exigiendo.
Consultado por Búsqueda, Quintela fue cauto en sus declaraciones, pero dio alguna información sobre los problemas que atravesó la Comisión del Patrimonio para cumplir con los plazos que la ley exige. Su Departamento de Arqueología cuenta con un arqueólogo para ocuparse de los estudios de impacto ambiental, tres profesionales más dedicados a otras áreas y dos estudiantes de arqueología. Básicamente la Comisión no ha crecido en el número de integrantes y una de sus dificultades es que no tiene cómo responder a las nuevas exigencias. “Quise sanear el trabajo de la Comisión para que no hubiera retrasos y crear un plan de acción y encarar la gestión y fiscalización. Podemos identificar los sitios arqueológicos, pero no hacer todos los estudios. El peor servicio que se puede dar es el que se da con atrasos”, afirmó el jerarca.
Por su parte, para los arqueólogos lo que falta es una legislación con respecto a los bienes arqueológicos. “En eso estamos todos de acuerdo, hemos trabajado en diferentes momentos e instancias para rehacer una legislación que está muy vetusta. La filosofía que está detrás con respecto a la concepción de Patrimonio ya no es la que se debe manejar. Es una ley con muchas trabas a la que le faltan muchos elementos para resolver, y que tampoco ha tenido grandes apoyos por parte de los legisladores”, dijo Curbelo.
Las nuevas autoridades del MEC aún no se han expedido con respecto a la decisión de la Comisión del Patrimonio y en sus discursos de asunción no han hecho menciones específicas a las políticas patrimoniales.
Tampoco se sabe quién será el director de la Comisión de Patrimonio. Quintela permanece en su cargo desde el gobierno anterior y aún no se confirmó si será sustituido o ratificado.