Informes manejados por Crysol, la organización de expresos políticos, indican que en Uruguay hubo 25.000 detenidos, 6.500 de ellos procesados, 200 desaparecidos (muchos de ellos en Argentina) y una cifra similar de fallecidos en diferentes circunstancias.
Hace unos meses, los familiares de los presos de Domingo Arena y Coraceros se han organizado bajo la consigna de que estos fueron encausados sin las debidas garantías y que se trata de delitos ya prescriptos.
“La fiscalía especializada tiene una idea fija y está ideológicamente identificada, reclamamos el imperio del debido proceso” dijo el martes 15 en Canal 12 Diego Flores, el vocero de los presos recibido unos días antes por Lacalle Pou en Suárez.
Flores sostuvo que los 41 detenidos reciben un “tratamiento sesgado”, lo que provocó la reacción de los periodistas del programa Desayunos informales, quienes le recordaron las torturas, asesinatos y desapariciones frecuentes antes y durante la dictadura que explican el término “terrorismo de Estado”.
El vocero admitió “excesos” pero negó incluso que los “rehenes” tupamaros hayan estado en condiciones extremas y en algunos casos en pozos. “Eso es mentira, muéstreme alguna foto del pozo”, expresó.
Sin embargo, en la película El Círculo, un documental del realizador Aldo Garay que cuenta la experiencia de uno de ellos, Henry Engler, no solo hay fotos fijas sino también imágenes en movimiento y entrevistas que muestran en detalle las condiciones que pasaron.
Lo primero que se reprocha a la nueva organización de familiares es la definición de “prisioneros políticos”. El jueves 10, en el programa En perspectiva, dos frenteamplistas, el exdiputado y sociólogo Martín Couto y el economista Santiago Soto, cuestionaron que el presidente haya recibido a una organización con esa impronta.
“Es insultante para la república y para la Justicia”, dijo Soto, mientras Couto precisó que fueron juzgados según leyes vigentes y por eso no son prisioneros políticos, ya que están procesados y en algunos casos condenados con todas las garantías de un Estado de derecho.
El ministro de Defensa, Javier García, consultado por Búsqueda, tomó distancia de los familiares: “Puedo comprender desde dónde se hace la afirmación. Pero Uruguay es una democracia plena y en democracia no hay presos políticos. Es incompatible. Se puede estar de acuerdo o discrepar con los fallos. De hecho, discrepamos con un fallo un año atrás. Pero la Justicia es un poder independiente”.
En el espacio que conduce Emiliano Cotelo, Marcos Methol, fundador de Cabildo Abierto y redactor responsable del semanario La Mañana, defendió que Lacalle Pou los haya recibido y aludió a los polémicos casos de los militares ya fallecidos, Miguel Dalmao y Juan Carlos Gómez, procesados “por testimonios de oídas”. También recordó las conocidas prevenciones de la exministra de Defensa frenteamplista Azucena Berrutti respecto a los juicios que se realizan tantos años después, con gran dificultad para obtener pruebas.
La cárcel especial de Domingo Arena alberga a 18 presos
Funcionarios y civiles
En el penal especial de la calle Domingo Arena hay 18 presos, con una edad promedio de 74 años. A estos hay que sumar los cuatro detenidos en la Guardia de Coraceros, que tienen entre 73 y 83 años, y 17 que gozan del beneficio de la prisión domiciliaria y tienen en promedio 83 años, informó a Búsqueda el vocero Flores, quien estima que unos 25 exfuncionarios están citados en estos días por causas relacionadas con violaciones a los derechos humanos. Otros 20 ya han fallecido, incluyendo el caso del coronel Gómez, que fue sobreseído y dejado en libertad en 2013 después de pasar tres años preso por un delito que no había cometido. Años después se conoció el testimonio del ex teniente coronel José Gavazzo durante un Tribunal de Honor. Dicha declaración tardía, motivo de su pasaje a reforma, hubiera evitado la prisión de su camarada, tal como está contado por el periodista Leonardo Haberkorn en el libro Gavazzo. Sin piedad.
Otro que discrepó con la decisión de Lacalle Pou de reunirse con un representante de los recluidos por graves violaciones a los derechos humanos es el presidente de la asociación de expresos políticos Crysol, Gastón Grisoni, quien reprochó al ministro García que nunca fueron recibidos por Lacalle Pou y que ni siquiera obtuvieron respuesta a dos cartas enviadas el año pasado.
Los defensores de los exagentes del Estado presos sostienen que el doble pronunciamiento popular (1989 y 2009) y el tiempo transcurrido hacen ilegítima la prisión, a pesar de la nueva ley y el fallo de la Suprema Corte que declaró inconstitucional la ley de caducidad, y por eso reclaman una nueva solución política incluso más amplia que la polémica propuesta legislativa de Cabildo Abierto que enviaría a prisión domiciliaria a todos los presos mayores de 65 años.
Grisoni, al contrario, afirma que tanto el Poder Ejecutivo como el Judicial, muy criticado en estos días, “están omisos en cumplir con la última sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
Es que el 15 de noviembre pasado el Tribunal dictó una sentencia mediante la cual declaró la responsabilidad internacional de Uruguay por las violaciones a distintos derechos humanos, en perjuicio de Luis Eduardo González González y Óscar Tassino, víctimas de desapariciones forzadas durante la dictadura, y también determinó la responsabilidad internacional del Estado por violaciones a derechos humanos en perjuicio de los familiares de Diana Maidanik, Silvia Reyes y Laura Raggio, quienes fueron ejecutadas por militares en la misma época.
Foto: Centro Fotográfico de Montevideo
Verdades ocultas
Decenas de policías y militares cayeron por balas tupamaras entre 1966 y 1972. Algunos murieron en enfrentamientos y otros sin posibilidad de defenderse, como el coronel Artigas Álvarez.
El 14 de abril de 1972 los tupamaros mataron a dos policías, un militar y un civil acusados de integrar un escuadrón de la muerte y las Fuerzas Conjuntas a ocho guerrilleros. El 18 de mayo murieron cuatro soldados que custodiaban la casa del comandante en jefe del Ejército.
El caso del capitán Wilfredo Busconi, que resultó herido el 17 de abril de ese año en Agraciada y Valentín Gómez y murió meses después, nunca fue resuelto por la Justicia, igual que ocurrió con los ocho militantes del Partido Comunista abatidos en el mismo ataque provocado esa madrugada en el Paso Molino por efectivos del Ejército y de la Guardia Metropolitana.
La bala que mató al capitán Busconi era de uso militar, pero aun así este pasó a integrar la lista de las víctimas de la subversión y así está recogido por el Ejército, al menos hasta 2018.
Otra muerte donde la verdad permaneció en tinieblas durante décadas es la del capitán Roberto Botti Porras, ocurrida en febrero de 1976.
En una placa recordatoria ubicada en el hall del Centro Militar y en decenas de publicaciones, Botti figura como víctima de la subversión, y su hijo, que también siguió la carrera militar y hoy es coronel de artillería y entonces tenía tres años de edad, nunca tuvo acceso a la verdad de lo que ocurrió con su padre.
Una de las razones para pensar en un ataque del bando contrario es que –a diferencia de Busconi cuatro años antes– la bala que hirió a su padre era de calibre 38, que no es de uso militar.
Es cierto que el capitán murió en el cumplimiento de su deber, o al menos en funciones, pero las investigaciones de la época indican que en realidad recibió un tiro por error de uno de sus soldados.
Sobre las dos de la madrugada del 4 de enero de 1976, el capitán Botti pasó, sin previo aviso, a controlar una “ratonera” que horas antes había montado en la vivienda de la calle Municipio de Las Piedras, donde vivían dos militantes del Partido Comunista.
Un pedido de acceso a la información realizado semanas atrás por Búsqueda al Ministerio de Defensa permitió conocer detalles de las actuaciones de la Justicia Militar que, aunque archivó el caso, determinó sin lugar a dudas que el autor del disparo que hirió a Botti en el cuello fue el soldado de 1ª O.D., uno de los tres que estaban en la casa esperando la llegada de las personas a detener.
Botti, el también capitán Eduardo Caussi, el alférez Gustavo Cirillo, que hicieron carrera en Inteligencia militar, junto al soldado de 1ª Florial Picos, pertenecían al Grupo de Artillería Antiaérea N° 1 pero formaban un “equipo de trabajo” que operaba en el departamento de Canelones bajo órdenes del Organismo Coordinador de Actividades Antisubversivas (OCOA) de la División 1, entonces abocado a la Operación Morgan.
Los agentes de OCOA vestían de civil, usaban vehículos sin identificación militar y portaban todo tipo de armas.
Según las actas del Juzgado Militar de Instrucción de 5° turno, donde consta la actuación del coronel Mario Garrone y como secretario el alférez de navío Roberto Verdera, Botti regresó a controlar la ratonera acompañado de Caussi, que esperó en el auto junto a Cirillo y un detenido que había aportado información.
El capitán, armado con una pistola Walther 9 mm que no llegó a sacar, bajó con una linterna en la mano y cuando estaba a la altura de la puerta de la vivienda recibió un disparo en el cuello.
“No tiren que somos nosotros”, gritó Cirillo segundos antes de encontrar a su camarada herido en el umbral de la casa, según las actas.
Entre Cirillo y Caussi llevaron al herido de vuelta al vehículo y lo trasladaron al Hospital Militar, donde falleció el 18 de febrero.
Botti llegó a ser interrogado. En el expediente figura que el 17 de febrero, horas antes de su deceso, declaró ante el juez Garrone, constituido en el hospital, y sostuvo que cuando saltó el muro para ingresar a la casa no se identificó porque los soldados lo conocían, pero que había media luz.
El 25 de febrero de 1976, apenas una semana después de la muerte de Botti, el coronel de la Fuerza Aérea Luis H. Medina, en calidad de fiscal, aconsejó clausurar las actuaciones al no haber encontrado semiplena prueba de delito militar ya que uno de los soldados declaró que se había dado la voz de alto y el otro que no.
Entre enero y mayo de 1974, Botti había hecho un curso de inteligencia militar para oficiales en Panamá y ya antes integraba el estado mayor de la unidad como S-2 (inteligencia).
Siempre había recibido buenas calificaciones de sus jefes, los tenientes coroneles Enrique Rossi y Juan Rebollo.
Entre algunos presos se había ganado el apodo de Aquaman, el personaje de DC Comics, por su desempeño en los interrogatorios bajo la tortura conocida como “submarino”.