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Rescisión con Cardama desata choque político entre oficialismo y oposición
Dirigentes nacionalistas acusaron al gobierno de actuar con “saña política” y advirtieron sobre un posible juicio internacional, mientras el Frente Amplio defendió la medida y apuntó a irregularidades en la contratación
Sandra Lazo, Yamandú Orsi y Jorge Díaz durante la conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros en la sala de prensa de la Torre Ejecutiva en Montevideo.
La decisión del Poder Ejecutivo de rescindir el contrato millonario con el astillero Cardama para la construcción de dos patrullas oceánicas (OPV, por sus siglas en inglés) provocó la crítica casi inmediata de varios dirigentes de la oposición. Los principales cuestionamientos llegaron de referentes del Partido Nacional, que lideraba el gobierno de coalición cuando se firmó el acuerdo.
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El exministro de Defensa, Javier García, aseguro que la decisión anunciada este viernes por el presidente Yamandú Orsi fue “política” y no jurídica. “El objetivo es destruir lo que venga del gobierno de (Luis) Lacalle Pou”, escribió en su cuenta de X. “Lo intentaron con el puerto utilizando a la Justicia y perdieron. Ahora las patrulleras, también el proyecto Neptuno y el saneamiento para el interior. El único objetivo es destruir”.
El gobierno de Lacalle Pou, en diciembre de 2023, contrató a Cardama por 82 millones de euros para que construyera dos OPV. El astillero demoró 11 meses en conseguir las garantías que establecía el contrato, una de reembolso y otra de fiel cumplimiento, y que son cuestionadas por la actual administración.
En su publicación, García sostuvo que el gobierno del Frente Amplio puso “lo político por encima de lo jurídico nuevamente” y lo acusó de tener “ánimo de romper” ante su falta de “rumbo”. Auguró que va a costarle “carísimo” al país producto de la demanda internacional que probablemente inicie el astillero, todo lo cual “afecta la credibilidad jurídica del país”.
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Ante el anuncio del gobierno hoy: La decisión de rescisión estaba tomada desde el inicio y es por una sola razón: POLÍTICA. El objetivo es destruir lo que venga del gobierno de Lacalle Pou. Lo intentaron con el puerto utilizando a la Justicia y perdieron. Ahora las patrulleras,…
El presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, también recurrió a X para criticar la decisión del gobierno. Es una “enorme irresponsabilidad del gobierno, actuando con saña política”, escribió en respuesta a la publicación de García. “Para justificar su ataque contra el gobierno de coalición, exponen a todos los uruguayos a un juicio internacional y dejan al país sin las patrullas necesarias para vigilar nuestras aguas”.
El senador nacionalista Sebastián da Silva cuestionó con dureza la decisión del gobierno y sostuvo que “festejan dos colectivos”: los abogados, “que se llenarán de plata”, y los narcotraficantes, “que se aseguran un mar libre para sus negocios”. A su juicio, la medida también implica “una reivindicación a la impunidad”. “Quedan cuatro años de este gobierno, ojalá que el país aguante tanta desidia”, afirmó.
Por su parte, el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, acusó al Poder Ejecutivo de haber cometido “graves errores de procedimiento desde el principio” que, según dijo, “le van a costar muy caro al Estado”. “El gobierno no ha actuado de acuerdo a derecho y se lo van a cobrar en la Justicia. Se van acumulando errores en todas las áreas en el afán de atacar decisiones del anterior gobierno”, agregó.
Embed - Conferencia de Prensa
El MPP cierra filas tras la rescisión
Dirigentes del Movimiento de Participación Popular celebraron la decisión del gobierno de rescindir el contrato y apuntaron contra la gestión de la administración anterior. El diputado frenteamplista Sebastián Valdomir calificó la contratación como un “negocio infame” y enumeró “dos garantías inválidas, un astillero sin experiencia y decisiones internas para hacer todo de apuro”. “Quien defienda algo de lo que llevó a esto es parte de la joda. No hay otra conclusión plausible”, afirmó.
La senadora Bettiana Díaz respondió a las críticas de García, quien había señalado que se trató de una decisión “política”. “Políticas también son las responsabilidades de quienes fueron adelante con este proceso de compra con Cardama. El Estado uruguayo tiene que ir hasta las últimas consecuencias con los malos europeos y, sobre todo, los peores uruguayos que nos embarcaron en este fraude”, escribió.
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Políticas también son las responsabilidades de quienes fueron adelante con este proceso de compra con Cardama. El Estado uruguayo tiene que ir hasta las últimas consecuencias con los malos europeos y sobre todo los peores uruguayos que nos embarcaron en este fraude. https://t.co/av87YBexVH
En la misma línea, la diputada Julieta Sierra sostuvo que “todas las decisiones a fin de cuentas lo son”, pero marcó diferencias entre aquellas con “sustento jurídico”, en alusión a las “garantías truchas” que mantenían vigente el contrato, y las que, según indicó, se adoptaron pese a advertencias de que el país iba “rumbo a una estafa”.
El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, aseguró que el gobierno actuó para “defender al Estado uruguayo y la soberanía nacional” y confirmó que se iniciarán acciones para recuperar el patrimonio y determinar responsabilidades institucionales e individuales. Además, adelantó que el Ejecutivo trabajará para que el país cuente con las patrulleras oceánicas “con un proceso transparente y garantías reales” y remató: “Para Uruguay lo mejor. Ese es nuestro horizonte, esa es nuestra responsabilidad.”.
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Nos comprometimos y juramos defender al Estado uruguayo y la soberanía nacional.
Por eso decidimos cancelar el contrato con Cardama, iniciar acciones para recuperar el patrimonio uruguayo y buscar las responsabilidades institucionales e individuales.
En la conferencia de prensa, el presidente Orsi dijo que decidieron iniciar cuatro acciones: rescindir el contrato de suministro por incumplimientos contractuales graves e iniciar acciones por daños y perjuicios; iniciar acciones para recuperar el patrimonio del Estado; definir responsabilidades institucionales e individuales y tomar las medidas que correspondan, y procurar la adquisición de nuevas patrulleras oceánicas, "tan necesarias para la seguridad nacional”.
A su turno, el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, dijo que Cardama incurrió en “graves incumplimientos" en términos jurídicos y contractuales y en la construcción de los buques. Aclaró, no obstante, que la rescisión se basa en las falencias jurídicas y contractuales y anunció que, sobre los problemas detectados en la construcción de la primera OPV, el gobierno también tomará acciones.
