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    jueves 20 de junio de 2024

    Violencia en el deporte

    Sr. Director:

    Ante los reiterados episodios de violencia, con sus dramáticas secuelas, que continúan impregnando nuestros escenarios deportivos, se torna imperativo dar cuenta de algunas reflexiones y propuestas que pudieron devenir de mi modesta, aun cuando extensa, experiencia en el segmento director de nuestro más popular deporte.

    Noviembre de 2008. Partido entre el Club Nacional de Fútbol y Danubio Fútbol Club. Final transformado en batalla campal. Rotura del tejido detrás del arco e invasión al campo de juego. Golpes a diestra y siniestra escenificaron lo que se consideraba un espectáculo deportivo. En la tribuna de los “hinchas” invasores ningún agente policial. Resultado: múltiples lesiones personales y diversos daños materiales. Violencia exacerbada que con la presencia en la tribuna de uno solo de esos agentes se podía haber evitado. Por consecuencia, suspensión del campeonato y solicitud a las autoridades estatales para que, mandato constitucional mediante, intervinieran en preservación de la seguridad interna y el orden público y dispusieran la presencia policial —como antes— en las tribunas de los escenarios. Habilitaría una más normal continuidad de los espectáculos. Propósito inherente a nuestra condición y responsabilidad de dirigente de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

    El requerimiento configuró un propósito frustrado por su respuesta negativa, aun cuando el episodio marcó un hito para que se procediera a la aprobación en el mes siguiente —diciembre de 2008— de un “Compromiso” —protocolo— por parte “del Ministerio del Interior, Ministerio de Turismo y Deporte, Intendencia Municipal de Montevideo y Asociación Uruguaya de Fútbol”, cuya expresa y literal finalidad consistió en “un claro compromiso público-privado y la asunción de responsabilidades compartidas en el ámbito de sus respectivas competencias, para preservar el derecho de la población a participar, con seguridad, de los espectáculos deportivos” (el destacado es mío). Obvio es destacar su expresa constancia de que cada uno de los mencionados organismos y entidades no renunciaban a sus responsabilidades y cometidos “en el ámbito de sus respectivas competencias”.

    No obstante esa inequívoca claridad de lo acordado, las autoridades del Ministerio del Interior de la época consideraron, a nuestro juicio erróneamente, que sus responsabilidades en el ámbito de las competencias que le atribuían la Constitución y la ley no incluían disponer la presencia e intervención de funcionarios policiales en el interior de los escenarios deportivos. En su mérito, expresamente descartados para hacerlo en sus tribunas y considerando, también erróneamente, que estas responsabilidades relativas a “la seguridad de los espectáculos deportivos” recaían en sus organizadores. Al caso, en la AUF.

    Más allá de algunas medidas presuntamente preventivas establecidas y otras anunciadas —distribución de entradas, derecho de admisión, designación de coordinadores, instalación de cámaras de reconocimiento facial y de vallas de contención, detectores de metales, tejidos perimetrales, etc.— esa equívoca interpretación y aplicación del compromiso suscrito y la consecuente omisión en adoptar otras medidas aconsejables no impidió la persistencia de episodios de violencia que siguieron nutriendo los escenarios deportivos. La demostrada ineficacia de lo “comprometido” impuso la celebración y suscripción, en setiembre de 2010, de un nuevo documento denominado “Acta de Antecedentes del Convenio de Colaboración entre el Ministerio del Interior y la Asociación Uruguaya de Fútbol (…) con el fin de posibilitar una adecuada, rápida y eficaz actuación del Estado en la prevención de la violencia en el fútbol (…) han resuelto suscribir el convenio de colaboración para el ejercicio del derecho de admisión y permanencia de espectadores…” (el destacado es mío).

    A través de este último instrumento se acordó en el numeral 4: “El gobierno nacional y las instituciones deportivas sin excepción han entendido imperioso desarrollar y profundizar las medidas de seguridad necesarias, tendientes a prevenir situaciones de violencia y/o impedir, mediante el ejercicio del derecho de admisión y permanencia, el ingreso de espectadores que puedan alterar el orden o afectar el normal desarrollo de los espectáculos deportivos” (el destacado es mío).

    Este proclamado y prometido desarrollo y profundización de medidas de seguridad mantuvo obstinadamente la no inclusión de la presencia y actuación de la Policía en las tribunas de los escenarios deportivos. Resultado: la violencia continuó y se incrementó. Múltiples ejemplos abundan. El del reciente partido entre el Club A. Peñarol y Club. A. Boston River en el Parque Alfredo V. Viera es por demás elocuente. Violencia con armas de fuego.

    Esta perdurable intransigencia de la autoridad estatal en no cumplir con el cometido persuasivo que se deriva de la sola presencia policial en las tribunas no puede fundamentarse en texto normativo alguno. El organizador del espectáculo podrá y deberá aportar los elementos materiales, tecnológicos, estructurales, etc., en prevención, contralor o detección de actos de violencia, así como medidas para la admisión de personas, pero no podrá emplear medios coercitivos para evitarlos o reprimirlos. Tal es la válida interpretación y correspondiente aplicación que debe darse a las normas que se le relacionan.

    Y esto último porque la debida aplicación de lo que dispone la Ley No 19.534 de 24/09/2017 no confiere a este organizador la potestad de excluir por la fuerza a un espectador que intente o ejerza violencia. Ni por sí ni mediante la intervención de personas que se desempeñen como guardias privados contratados. Estos tan solo pueden solicitar el apoyo y auxilio de la Policía Nacional a través del Ministerio del Interior (art. 6o). Ante tal impedimento constitucional y legal solo es admisible a tales fines la legítima intervención de la autoridad estatal. No solo porque ello deviene de la inexcusable obligación que emana de la Constitución de la República (art. 168, inc. 1o) sino porque, además de serle una potestad constitucional de carácter privativo, los sucesos de violencia se suscitan en la generalidad de los casos imprevista y abruptamente, generados por “barras bravas” o de delincuentes y que fácticamente solo pueden ser impedidos, neutralizados o reprimidos por la fuerza pública. Y si esta fuerza pública no se encuentra presente en el lugar y en el momento en que estos sucesos se desencadenan, las consecuencias son, y han sido, las que lamentablemente se han padecido y se siguen padeciendo.

    Robustece aún más esa insoslayable presencia y actuación policial en las tribunas de los escenarios deportivos los dictados de la propia Ley Orgánica Policial No 19.315, cuyo art. 1o reza: “El orden y la seguridad pública interna son competencia exclusiva del Estado. Su mantenimiento corresponde al Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior”. A lo que cabe agregar lo dispuesto subsiguientemente en cuanto a que: “La Policía Nacional es un cuerpo de carácter nacional y profesional, constituye la fuerza pública en materia de orden público y seguridad interna” (art. 2o); complementando a su vez: “Entiéndese por orden público, a los efectos de esta ley, el estado de hecho en el que se realizan los valores de tranquilidad y seguridad públicas; la normalidad de la vida corriente en los lugares públicos (…), además la Policía debe protección a los individuos, otorgándoles las garantías para el libre ejercicio de sus derechos (art. 3o) y, por otra parte, el art. 36 (Deberes inherentes al estado policial) impone: “H) Mantener el orden y seguridad públicos, previniendo, disuadiendo y reprimiendo el delito y la violencia en todas sus formas” (los destacados son míos).

    ¿Cabe concebir razonablemente que un guardia privado puede cumplir tales cometidos, previniendo, disuadiendo y reprimiendo a las mentadas “barras” para que no ejerzan su acostumbrada y delictiva violencia? La respuesta cae por sí sola.

    Concluyendo por consiguiente en que no debe partirse de una perspectiva reactiva como método para enfrentar esta problemática de violencia, sino de una de carácter preventivo y persuasivo, los dramáticos episodios que continúan ocurriendo reafirman nuestra firme convicción de que un paliativo más eficaz que los empleados hasta el presente y derivado preceptivamente del ordenamiento constitucional y legal vigente lo constituye, como en antaño, la presencia y actuación de agentes policiales instalados en las tribunas de los escenarios deportivos, sin perjuicio de su también necesaria intervención en lo exterior. Los hechos revelan que nuestro contumaz y manifiesto propósito de entonces en tal sentido debería ser objeto de mejor consideración.

    José Luis Corbo

    Expresidente de la AUF

    Cartas al director
    2022-10-19T21:17:44