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Es martes 13 y en una escuela del barrio Belvedere un grupo de madres y padres vende ropa de segunda mano para juntar fondos destinados a la comisión de fomento. En eso un hombre entra al local y saca un cuchillo con el que amenaza a una de las madres. Roba $ 600, algunas prendas y una tarjeta de Mi Dinero. La policía lo detiene en las calles que dan al fondo de la escuela, tras ser identificado por las cámaras de seguridad, e incauta todo lo robado, el dinero y el arma.
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Es la segunda rapiña registrada en una escuela en menos de 24 horas. El lunes dos jóvenes irrumpieron armados en otro centro escolar ubicado en Manga y, encañonando a dos maestras y a un niño que esperaba a sus padres, exigieron las llaves de un auto estacionado en la puerta y huyeron, según cuenta la maestra Daysi Iglesias, que visitó la escuela ese día para acompañar a sus colegas.
Iglesias, también consejera electa por los docentes en el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), dice que jamás vivió una situación así. “¡Le pusieron un revólver en la cabeza a una maestra! ¡Y le apuntaron a un niño de siete años que esperaba a sus padres para ser retirado de la escuela!”, afirma.
El fenómeno no es nuevo, pero gana la agenda pública ante la seguidilla de agresiones y los niveles de violencia. Este año los episodios más graves tuvieron lugar en los liceos Bauzá y Dámaso Antonio Larrañaga. Pero la lista incluye centros de Canelones y Maldonado, además del Liceo 4 (Zorrilla), el 38, La Teja, el 41, Cerrito, el 49, Punta de Rieles, y la UTU Figari, entre otros.
En el Codicen existe consenso en que hay una “violencia instalada” en la sociedad que trasciende el ámbito de las instituciones de enseñanza. La violencia va más allá de la educación, asegura el también consejero docente del Codicen, Julián Mazzoni, que visitó esta semana el Liceo 38, donde un padre fue agredido por “unos gurises armados” al ir a buscar a su hijo que había recibido amenazas.
El tema fue tratado en la sesión del Codicen de este miércoles 14. Los consejeros buscan acelerar las acciones para dar una respuesta más efectiva. Según Iglesias, por un lado, el consejo plantea una acción “disuasoria o de prevención” ya definida, aunque aún no implementada por la ANEP. Otra vía considerada, “la acción punitiva”, incluye afirmar la acción policial y judicial. Y, por otro lado, aplicar una acción dirigida a “la contención social” de los jóvenes, lo que requiere mayor coordinación de los agentes del Estado.
De hecho, las autoridades educativas reclaman mayores esfuerzos “interinstitucionales” que liguen efectivamente las acciones de la ANEP con las de los ministerios de Desarrollo Social (Mides), Interior y Salud Pública, particularmente con ASSE, y las del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).
El objetivo es implementar políticas de mayor impacto frente a la violencia registrada en los centros educativos. Para atacar el problema, el Codicen ya aprobó la dotación de $ 20 millones a la compra de unas 400 cámaras de videovigilancia y a reforzar el sistema de alarmas, lo que aún no ha comenzado a ejecutarse.
El reclamo había sido planteado por el asesor en seguridad de la ANEP, el comisario retirado Johnny Trías, que explicó tiempo atrás a Búsqueda que la instalación de las cámaras servirá para disuadir algunos delitos en particular. Este exsubjefe de Policía de Canelones también advierte un cambio “social y cultural” en la modalidad delictiva, que resumió en “el daño por el daño”.
Trías diseñó además un plan de protección de los locales de enseñanza aprobado por el Codicen, que incluye la mejora del servicio de monitoreo y respuesta de alarma y coordinar con las guardias y la vigilancia en móviles de los servicios 222 del Ministerio del Interior, entre otros objetivos.
En la sesión del Codicen, Mazzoni presentó un informe escrito al presidente del consejo, Robert Silva, y a la directora general de Secundaria, Jenifer Cherro, sobre situaciones de inseguridad registradas en varios locales de educación media, en particular de Montevideo y Canelones.
Para el consejero político Juan Gabito existe “un clamor” entre las comunidades educativas —docentes, estudiantes, familias— por reforzar los “equipos multidisciplinarios”, integrados por psicólogos, asistentes sociales y de servicios de salud en las instituciones. Esta demanda se intensificó tras la vuelta a la presencialidad plena, cuando quedaron de manifiesto muchos problemas sociales y psicológicos que la pandemia dejó en alumnos y educadores.
Según datos de la ANEP, un total de 478 psicólogos y trabajadores sociales cumplen funciones y cubren más del 50% de los locales de Secundaria. El promedio es de un psicólogo cada 1.000 estudiantes. El presidente del Codicen destacó este martes en el programa Desayunos informales, de Canal 12, la contratación de 60 psicólogos por parte de Secundaria para ser destinados a distintos liceos este año, objetivo que, según explicó, está en el proceso de selección. También remarcó que otros 15 psicólogos fueron contratados por UTU.
La idea de Silva es trabajar desde una “lógica regional” para cubrir aquellos liceos de pequeño o mediano porte —con pocos alumnos— e instalar equipos multidisciplinarios estables en instituciones de mayor porte. Su intención es reforzar estas modalidades de acción, superar la fragmentación entre subsistemas y actuar con independencia de si se registran problemas en una escuela, un liceo o una UTU.
La ANEP pedirá en la próxima Rendición de Cuentas “recursos incrementales” para atender estas situaciones.
Para el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, el problema de la violencia juvenil no es de ahora, tiene muchas causas y una parte de ellas está en la educación. “Cuando alguien se siente frustrado, inseguro o enojado y no puede expresarlo con palabras, es usual que acuda a la violencia. También, por eso, ¡más transformación educativa!”, tuiteó Da Silveira el 18 de marzo.
Desde los gremios docentes advierten que los psicólogos no dan abasto para abarcar la magnitud del problema y que esta situación de inestabilidad es tan “grave” que impide cualquier transformación.
Captados por el narco
Más allá de estas líneas de acción, las autoridades detectan “un número importante” de enfrentamientos entre adolescentes y jóvenes por problemas que van desde rencillas personales hasta asuntos asociados a “movimientos en las bocas (de pasta base)”, ubicadas en zonas próximas a los locales de estudio, “aparentemente captados por el narco”.
“Hay niños y adolescentes que andan en la calle y que son utilizados por personas que se dedican al narcotráfico. Algunos se dejan ver en las puertas de las instituciones educativas, particularmente de los liceos y las UTU, y plantean problemas”, afirmó Mazzoni. “Este fenómeno está generando miedo ya no solo entre los alumnos, sino también entre los docentes y funcionarios de las instituciones, porque estas barras de gurises los amenazan con armas”.
Iglesias coincidió con Mazzoni. “La sociedad está permeando hacia hábitos y situaciones de violencia, está permeando transgresiones. Y por eso hay que hacer un pedido de ayuda a la comunidad para que censure estos actos y demos un mismo mensaje en el barrio: ‘El lugar donde estén los más pequeños, los niños, es intocable’”, planteó la consejera, que a su vez lamentó que todo el proceso administrativo sea “tan lento” cuando lo que está pasando requiere de atención “inmediata”.
Tras recorrer esta semana las escuelas atacadas de Manga, Paso Molino y La Teja, la consejera docente rescató la capacidad de sus colegas para sobrellevar estas situaciones y proteger a sus alumnos. Una de las maestras, a la que apuntaron con un arma de fuego, le dijo: “Cuando llegué a casa, lo único que pude hacer fue abrazar a mis hijas”.
