Ya “maduro”, el programa de “operadores confiables” para la Aduana incorpora a UPM e internacionaliza sus beneficios

Como otro dato que sostiene la idea de que este pilar de la reforma está “suficientemente maduro”, anunció que es inminente una etapa de internacionalización del programa con la firma de acuerdos de homologación con otros países. De esta forma, las empresas uruguayas certificadas como OEC podrán beneficiarse de un trato preferencial cuando sus mercaderías pasen por la Aduana de la contraparte. El primero de estos entendimientos se suscribirá el próximo martes 13 con Brasil, a la vez que están en negociación acuerdos con Corea del Sur, Estados Unidos, Panamá y Bolivia.

A la fecha son 33 las empresas certificadas: agentes de carga, transportistas, usuarios de zonas francas, exportadores, despachantes, entre otros actores del comercio exterior.

La participación en este programa es voluntaria. Para poder hacerlo, la firma —importador o exportador, despachante de aduana, transportista, depositarios de mercaderías— debe estar legalmente constituida y contar con una antigüedad mínima de tres años como operador de comercio exterior, ser financieramente solvente, tener un historial satisfactorio de cumplimiento aduanero, tributario y judicial, así como contar con un sistema de seguridad ajustado a los riesgos asociados a la naturaleza y la escala de su propio modelo de negocios. Al operador se le exige mantener procedimientos de seguridad en relación a sus socios comerciales —ya sean proveedores o clientes—, en la contratación de personal y en el acceso a su establecimiento, por ejemplo. Todo debe ser auditado regularmente.

El certificado de OEC lo otorga la DNA con vigencia por tres años, renovables, y si bien no tiene costo, es posible que la empresa que lo tramita deba invertir en, por ejemplo, la adecuación de su infraestructura, la implementación de un sistema de gestión de la seguridad o en capacitación. Según encuestas efectuadas por la DNA, al 59% le insumió de seis meses a un año implementar las exigencias para poder certificarse, mientras que a una proporción similar le costó entre U$S 3.000 y U$S 5.000 contratar consultores con ese propósito.

Los beneficios de certificarse son, principalmente, la aplicación de procedimientos simplificados en el proceso aduanero, con menos controles intensivos y la prioridad al momento de efectuarse los mismos, así como el reconocimiento de la Aduana como socios “confiables”. El 80% de los OEC aseguró haber percibido ahorros en tiempos o costos, aunque la gran mayoría no pudo cuantificarlos, conforme con encuestas de la DNA. Un beneficio “intangible” constatado por todos fue la “mejor imagen de la empresa” y su diferenciación; 80% logró una mayor eficiencia en la gestión de riesgo y 70% más seguridad en la cadena logística, por ejemplo.

A juicio del coordinador del programa, la mayor ventaja para las empresas certificadas es la agilización de los trámites y tener menos operaciones sometidas al llamado “canal rojo”, por el cual la DNA hace una verificación física de las mercaderías y de la documentación. Puso como ejemplo el caso de la industria Cristalpet, la primera exportadora que recibió la certificación, que pasó de tener 15% de los envíos sometidos a esos controles intensivos a aproximadamente 2% o 3%.

Pero, dado que los procesos aduaneros “ya de por sí son ágiles”, para los OEC “la zanahoria tendría que ser más grande”, sostuvo Casella. En ese sentido, informó que se trabaja para que otros organismos estatales —como el Instituto Nacional de Logística o la Administración Nacional de Puertos— concedan ventajas adicionales a esos operadores certificados, y un plan piloto será puesto en práctica con el Instituto Uruguay XXI en 2017.

Otro resultado que trae el programa es una “profesionalización” en un sector de actividad, como el de los despachantes de aduana, en el cual muchas empresas emplean a pocas personas y son de origen familiar, destacó Casella.