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Entre los poco más de 100 habitantes de Pueblo Bolívar, en Canelones, es posible que solo quede un recuerdo vago de la festiva visita realizada en 2005 por el entonces presidente Hugo Chávez para inaugurar un pequeño puente y conocer la escuela Nº 22, junto con Tabaré Vázquez.
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Un par de años después, con apoyo de la embajada se abrió un Centro Cívico, y allí mismo vecinos y autoridades locales le rindieron homenaje al líder de la “Revolución bolivariana”, en 2013, cuando murió. Después los funcionarios venezolanos dejaron de ir, y los pobladores ya no esperan contribuciones de su gobierno para, por ejemplo, reparar el techo del edificio comunal, que alberga actividades sociales y una policlínica de ASSE. Años atrás “dijeron que casi no tenían (plata) para ellos”, y “¡demasiado hicieron con el puente!” sobre la cañada, comenta a Búsqueda, comprensivo, Martín Mendoza, presidente de la comisión que gestiona el Centro Cívico de Bolívar.
Al igual que aquella simbología canaria de “hermandad” —como le llaman los vecinos al puente inaugurado por Chávez—, hoy descolorida, también para muchos empresarios uruguayos Venezuela remite a un pasado no tan lejano de oportunidades de negocio que se desmoronó al surgir problemas comerciales y derrumbarse la economía de ese país. Actualmente Uruguay tiene un Producto Bruto Interno (PBI) —en dólares corrientes— mayor que el venezolano, cuando a comienzos de la década pasada era apenas una séptima parte. Y recién ahora esa crisis en la nación de Simón Bolívar parece estar tocando fondo.
Durante los gobiernos del Frente Amplio, varias inversiones de ese origen llegaron a Uruguay de la mano de la amistad construida con Chávez, que después se entibió con su sucesor, el actual mandatario Nicolás Maduro; Luis Lacalle Pou, quien señala abiertamente al chavismo como una dictadura, puso hielo al vínculo. Algunos de esos negocios podrían eventualmente terminar en desinversión: hace un tiempo hubo “varios interesados” en comprar la filial uruguaya del estatal Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) de Venezuela, creado en 2006 tras comprar activos y absorber la plantilla de la fundida cooperativa Cofac, resolviéndole un problema al recién asumido presidente Vázquez. Los interesados, alguno de la región, llegaron a hacer “presentaciones y consultas” ante el Banco Central (BCU), pero para uno de los informantes de Búsqueda no está claro si se trata de algo serio. Las autoridades de Bandes no responden a las consultas periodísticas.
La filial bancaria da pérdidas casi constantes desde que abrió, mientras las demás entidades financieras del sistema local ganan plata. En enero-julio pasado el resultado negativo fue de casi US$ 7 millones. Su cartera de préstamos se estancó en meses recientes y los depósitos bajaron lentamente, analizados en dólares. A julio, el patrimonio de Bandes Uruguay era de US$ 28,3 millones, y su red física —la casa matriz en Ciudad Vieja, otras tres sucursales en Montevideo y 12 en el interior del país— es un activo interesante si se pretende apostar, por ejemplo, a las mipymes como clientes. Pero desde 2019 su operativa con el exterior está restringida por un bloqueo dispuesto por el Departamento del Tesoro estadounidense, como sanción ante movimientos que asocian a la corrupción del gobierno venezolano.
En afiliados y ahorros bajo manejo Integración AFAP es la más chica de las cuatro administradoras previsionales del mercado uruguayo, aunque a diferencia del Bandes reporta ganancias (US$ 2,7 millones en 2021). El banco venezolano es su accionista principal (77,4%).
También de la época de los gobiernos del Frente Amplio es la inversión, a través de la petrolera Pdvsa, en Alcoholes del Uruguay; el Estado venezolano tiene participación minoritaria (9,21%) en esa sociedad con Ancap.
Como es relativamente bajo, el stock de inversión directa venezolana ni siquiera aparece discriminado en las estadísticas que elabora el BCU y figura como parte de un total, junto con “Otros de América del Sur”, que sumaba US$ 1.158 millones en 2020.
Bodegones y remesas
En el mejor momento de la relación con el gobierno bolivariano se establecieron acuerdos que abrieron puertas a negocios de exportación de lácteos y otros alimentos, fármacos, envases de vidrio, neumáticos de Funsa y software, por ejemplo, así como a importaciones de petróleo chavista. Pero el mecanismo de intercambio fracasó y hasta hoy están abiertos juicios de empresas uruguayas tratando de cobrar, que incluso derivaron en 2020 en el embargo de los activos del Estado venezolano en Uruguay (Búsqueda N° 2.078).
Si bien el 2022 no está siendo el peor de los últimos años, con exportaciones por US$ 53,7 millones hasta junio, ese flujo comercial es bajo comparado con la época de oro en la relación bilateral. De hecho, si no fuera por las ventas de arroz realizadas por la empresa riverense Damboriarena Escosteguy (US$ 42,3 millones en enero-junio), en lugar de ocupar el puesto 19º del ranking por destinos Venezuela caería por debajo del lugar 30º, a la par de socios como Panamá, Túnez o Arabia Saudita.
Ya sea lácteos, preparaciones a base de cereales, fármacos y algún producto químico, por ejemplo, otras 24 empresas exportaron al mercado venezolano en lo que va del año por pocos millones cada una o —como IBM Uruguay y Odisan— por apenas unos miles de dólares. Hay, sí, un incipiente microcomercio de algunos rubros que se venden vía Internet.
Ese panorama contrasta con los años en los que el chavismo y el frenteamplismo se demostraban afecto mutuo, como entre 2012 y 2014, cuando las exportaciones uruguayas superaban los US$ 400 millones anuales, y Venezuela secundaba a Brasil, China, Argentina y Rusia en el ranking de destinos (ver gráfico). Por entonces no menos de 90 empresas vendían mercaderías al mercado venezolano, analizó Búsqueda a partir de estadísticas del Instituto Uruguay XXI.
Una fuente conocedora de la realidad económica actual de Venezuela describió que en el último año y medio, desde que hubo ciertas liberalizaciones, por ejemplo, para las transacciones en moneda extranjera, el consumo interno está levantando y se superó, en general, la situación de desabastecimiento. Está habiendo buena demanda en rubros como el arroz —básico en la alimentación de los venezolanos— y en otros menos tradicionales, como los vinos, sin que haya problemas de pago como antes. Estos negocios se dan tanto por la vía de importaciones convencionales como de compras a través de portales web y entrega por couriers que hacen particulares para luego comercializar en pequeños almacenes conocidos como “bodegones”.
De todos modos, el sector fabril continúa atravesando un momento complejo y el abastecimiento energético es un cuello de botella para gran parte de la economía. Según las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional, el PBI de Venezuela crecerá 1,5% en 2022, con lo que apenas recuperará la caída del año pasado (–1,5%). Pero antes, en 2020, la pandemia de Covid agravó la crisis interna y el Producto se hundió 30%. Por limitaciones en las estadísticas venezolanas, el PBI a precios de paridad de compra más actual publicado por el Banco Mundial es de hace más de 10 años (2011), antes de la caída.
En el contexto de lazos económicos bilaterales mucho más modestos que en el pasado, el gobierno de Lacalle Pou expresa su frialdad política hacia Venezuela manteniendo al país sin embajador en Caracas, y desde marzo la representación diplomática está a cargo de un nuevo encargado de negocios. Mientras, Uruguay continúa acogiendo la migración venezolana (que envió remesas a familiares en su país por unos US$ 711.000 el año pasado, según datos del BCU). Si por el entorno de Pueblo Bolívar pasa alguien de esa nacionalidad, seguramente no sea un diplomático sino un migrante que llegó buscando mejor suerte, bromea Mendoza. Los vecinos aspiran a que la intendencia canaria colabore, porque golpear la puerta de la embajada para que apoye con el arreglo del techo del Centro Cívico que se llueve, hoy no es una opción.