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    Zimmer dice que caer en el delito de abuso de funciones “era lo menos malo” ante el “caos” que vivió en 2007 por las patentes

    “Como el mismo rancho o sancocho que todos los presos. No tengo privilegios”, asegura el intendente de Colonia, Walter Zimmer, quien tiene una vacancia en su cargo votada por la Junta Departamental de ese departamento desde que fue procesado con prisión a fines de marzo por la jueza Virginia Ginares por “abuso de funciones”.

    Zimmer se aloja en una modesta vivienda junto con el ex director de Hacienda de la comuna, José Ahunchaín, en la cárcel de Piedra de los Indios. La pieza de bloques tiene un dormitorio de unos 3 por 2 metros en cuyo interior hay dos camas de pino con colchones gastados. Sobre el piso de hormigón lustrado se apoya un ventilador que apunta al techo “por la humedad que hay” y una biblioteca fabricada por reclusos en la que se apilan unos 20 libros de varios autores.

    Pegado a esa pieza hay un baño sin azulejos pero con calefón, un water y una pileta. La cisterna estaba rota desde hace días —un recluso la estaba arreglando— por lo que el baño se inunda. Del otro lado del cuarto y separado con una cortina hay una suerte de cocina-comedor de 3 metros por 3 metros, con una pileta, una cocina cuya hornalla eléctrica oficia de estufa, una repisa y una mesa con seis sillas. Sobre un mueble se ubica una televisión de unas 20 pulgadas conectada a DirectTV. “Todos tienen DirectTV. Lo pagaban los que estaban antes y lo seguimos pagando nosotros”, aclara Zimmer. “Es una verdadera distracción y entre los partidos de fútbol, el básquetbol y alguna cosa más se pasa el día”.

    Además de la televisión y la lectura son frecuentes las visitas que reciben los procesados. En las dos horas que duró la entrevista se acercaron 10 personas a saludarlos. “Y los fines de semana llegamos a recibir a 100 personas por día”, asegura Zimmer.

    Los únicos “lujos” que se observan a simple vista son un habano Cohiba a medio fumar y dos heladeras tipo frigobar.

    El ex intendente de Colonia —quien fue el primer jefe comunal en la historia en ser procesado en ejercicio del cargo— defiende con pasión su actuación el 31 de diciembre de 2007, día en el que resolvió que las personas que se encontraban a las 10 de la mañana para reempadronar sus vehículos pudieran concurrir en las siguientes jornadas. Si no hacía nada, asegura, podía ser denunciado por omisión y la Intendencia tendría que pagar millones de dólares en demandas.

    Señala que con los criterios que maneja la Justicia no sale “más” de la cárcel porque comete el delito de abuso de funciones “todos los días”. A su juicio esa figura penal es un “absurdo” y tiene que derogarse aprobando el nuevo Código Penal.

    Zimmer, cirujano de 68 años que fue fundador del Movimiento 26 de Marzo pero se alejó de la izquierda y se acercó al Partido Nacional porque se sintió “defraudado” por el Pacto del Club Naval, sostiene que su caso provocó “alarma pública” pero por “la positiva” ya que la gente le manifiesta “permanentemente” su apoyo.

    Lo que sigue es un resumen de la entrevista que Búsqueda realizó a Zimmer en la cárcel de Piedra de los Indios el lunes 5.

    —¿Qué sintió cuando le comunicaron que lo habían procesado con prisión?

    —Pensé que algo andaba mal, que no era cierto. Hablé con mis abogados y les pedí el mejor de los escenarios y me dijeron que era el archivo. Ese era el que yo esperaba. Cuando me plantearon mis abogados —los doctores Gastón Chavez y Gustavo Bordes— que se había dado el peor de los escenarios me dieron a leer el papel que decía que había sido procesado con prisión. Ahí quedé helado.

    —¿Confía en que el Tribunal de Apelaciones revoque el procesamiento?

    — Claro. Yo no voy a juzgar en absoluto a un poder independiente pero esperamos que en el tribunal se revea todo. Van dos carpetas al tribunal: una pide la excarcelación inmediata de nosotros porque no somos peligrosos, ni vamos a salir del país, ni vamos a amenazar a nadie, ni tenemos que ocultar pruebas. En la segunda carpeta va directamente el pedido de archivo del procesamiento.

    —En este tiempo de reclusión recibió la visita del presidente José Mujica y de varios ministros. ¿No se puede leer como una presión a la jueza del caso?

    —El “Pepe”, como yo le digo, vino con Lucía (Topolansky) y hablamos de la vida y tomamos mate. No vino como presidente, sino como “Pepe” Mujica. Tampoco es una presión que haya venido el “Ñato” (ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro) y el “Bicho” (ministro del Interior, Eduardo Bonomi). Ellos vinieron a ver al amigo, al compañero.

    —Usted asegura que es inocente. ¿No es una conducta reñida con la legalidad reempadronar vehículos más allá del plazo establecido?

    —Todo esto se da en el marco de la llamada guerra de las patentes; de otro modo no se entiende. Cuando se vota la ley 18.456 se establece como fecha límite el 31 de diciembre de 2007 para empadronar sin exigir documentación de radicación al titular del vehículo. Ese día, el 31 de diciembre, era casi feriado y había medio horario en la Intendencia. A las 10 de la mañana se bajan las ventanillas y la gente que estaba empezó a golpear las puertas y a gritar. Empezaron a llover las llamadas telefónicas al contador Ahunchaín, quien inmediatamente me llamó a mi. Era tan caótica la situación que había gente labrando actas con escribanos para hacer demandas judiciales porque la persona que viene en tiempo y forma tiene derecho a ser atendida. Cuando decidimos darle la posibilidad a esas personas que empadronaran los primeros días de enero solucionamos un problema de justicia tributaria. Si yo no tomaba esa medida conjuntamente con el contador (Ahunchaín) el 31 a las 10 de la mañana, el intendente que viene tiene 2 o 3 millones de dólares de demandas para pagar Entonces, si no hacía nada caía en la figura de omisión por no atender a las personas, tenía que pagar las demandas y desprestigiaba a una institución que siempre se ha comportado seriamente en todos los pasos que ha dado. Si tomaba el camino que seguimos, caía en abuso de funciones —algo que nunca pensamos— que dentro de lo que estaba pasando, era lo menos malo. ¿Qué tenía que hacer para no caer en omisión ni en abuso de funciones? ¿Cuál es el camino del medio? No existe. Usted está en el filo de la navaja y tiene que hacer algo. Nadie me ha sabido contestar a esa pregunta.

    —¿La decisión que ustedes tomaron no implica violentar un acuerdo del Congreso de Intendentes? ¿No pueden el resto de los intendentes sentirse engañados en su buena fe?

    —No hubo ninguna intendencia que se haya quejado. Le digo más: hubo 8 o 10 intendencias que hicieron lo mismo pero la diferencia es que nadie las denunció. Yo tengo el apoyo de todos mis colegas, de los que son del partido y de los que no son del partido. Yo voy a Montevideo y la gente me aplaude. Si usted toma el pulso de lo que está sucediendo en el departamento de Colonia, el apoyo popular es enorme y no solamente de la gente blanca, sino del Partido Colorado y del Frente Amplio.

    —La magistrada menciona que usted cobró dinero de su pareja de un convenio internacional y que no haría lo mismo por cualquier funcionario de la comuna. ¿Qué puede decir al respecto?

    —Ese tema no lo voy a contestar porque eso está siguiendo un trámite administrativo y se está elaborando un informe. Ese es un tema que no tiene nada que ver; la Junta de Transparencia y Ética Pública ya dijo que no había nada ilícito allí. No falta un solo peso, eso está auditado por el Tribunal de Cuentas, por una auditoría interna y por la propia Unión Europea.

    —Usted fue denunciado por un intendente en funciones del propio Partido Nacional. ¿Considera que hubo una venganza política?

    —El señor denunciante... bueno, “señor”, no. El denunciante fue secretario general de la Intendencia entre julio de 2005 y noviembre o diciembre de 2006 y como tal contaba con mi plena confianza. No voy a entrar en detalles pero hizo que perdiera totalmente la confianza en sus actos...

    —¿Por qué?

    —No lo voy a decir, porque si no lo dije antes no lo voy a decir ahora. Hizo abuso de mi confianza y por lo tanto le pedí la renuncia cuando volvió de un viaje a España. No sólo no renunció, sino que se metió de madrugada en la computadora de la Intendencia a hacer no se qué cosa y entonces lo destituí. Eso pasó en diciembre de 2006 y después de todo eso el denunciante, que era mi segundo suplente, asumió cuando yo renuncié para hacer campaña en el 2010. El denunciante entonces dedicó los 5 meses de tiempo que tenía a buscar todo lo que podía para denunciarme.

    —¿Le parece que en su caso influyó el pedido de procesamiento del ex ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y del ex presidente de Banco República, Fernando Calloia, por el caso Pluna?

    —No voy a juzgar lo que dijo la Justicia en ese caso. Quiero ser claro en que no pido la cabeza de Calloia ni de Lorenzo. En el caso de ellos se trató de un procesamiento sin prisión y cuando vemos lo que nos sucedió a nosotros quedamos anonadados. Estar acá adentro no corresponde. Esa es la sensación mía y creo que de la población del Uruguay porque este caso causó alarma pública pero en positivo. Hizo que muchas personas que iban a asumir cargos públicos para dar una mano se nieguen para no caer en esta figura. Esto ha provocado una situación de incertidumbre en la administración pública.

    —¿Qué piensa sobre la resolución del Frente Amplio de derogar el delito de abuso de funciones?

    —Estoy de acuerdo. Para mí lo más fácil de todo sería aprobar el nuevo Código Penal porque eso hace que automáticamente todo lo que está atrás quede anulado.

    —¿Eso no sería beneficiar a personas con nombre y apellido?

    —No, no. Acá hay mucha gente que ha sido procesada por ese delito por estar ejecutando funciones públicas. Hay gente que fue presa porque donó bolsas de portland para un monumento al caballo... Eso es increíble. Parecería ser que nos estamos pasando facturas. El Frente no daba los votos para derogarlo porque consideraba que los puros eran ellos y los desprolijos éramos los blancos y colorados. Ahora aparecieron abusos de funciones en el Frente y hay una cola para adelante. Es tan absurdo esto que yo cometo abuso de funciones todos los días. Le estoy comprando con dinero de la Intendencia una pierna ortopédica a un tipo al que le falta una pierna y eso no está dentro de mis funciones. Hay dos pacientes a las que ni el Fondo Nacional de Recursos ni la mutualista le proveen un medicamento que necesita porque no está en el Vademécum y yo estoy comprándolo.

    —¿La Justicia podría considerar que lo que usted dice ahora es un abuso de funciones?

    —Claro; eso es abuso de funciones continuado porque lo sigo comprando y lo sigo comprando para la misma persona usando los dineros públicos. Si utilizamos los criterios a nuestro alcance, no salgo más de acá adentro. Si esta política sigue así, acá subirán los que quieren hacer la plancha porque todo esto es abuso de funciones. La Intendencia de Colonia hoy, no le digo que esté paralizada, pero está a cuarta máquina porque nadie firma nada. El propio intendente Miguel Asqueta debe tener 20 o 30 lupas por temor a que pase algo.

    ¿Piensa que la Justicia está politizada o que hay judicialización de la política?

    —Prefiero no contestar esa pregunta porque mi respuesta puede ser mal interpretada.

    —La Junta Departamental le votó una vacancia permanente. ¿Piensa volver a ser intendente?

    —Sí, porque a mí me puso el pueblo y me saca el pueblo. Yo voy a seguir.

    —¿No es una paradoja que a usted lo hayan procesado por abuso de funciones y quiera volver a ejercer funciones?

    —No. Quiero volver porque yo entré por la puerta grande y voy a salir por la puerta grande.

    Información Nacional
    2014-05-08T00:00:00

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