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Con aportes similares tanto de empleos directos como de indirectos, las zonas francas instaladas en Uruguay y las empresas que operan allí generan cerca de 29.000 puestos laborales. Una medición más amplia de los efectos económicos arroja como dato que este régimen libre de impuestos nacionales produjo un ingreso promedio anual al país de US$ 1.630 millones entre 2014 y 2019, equivalente a 2,9% del Producto Bruto Interno (PBI). Eso es atribuible principalmente a la compra de insumos, el diferencial de salarios pagados por las firmas que operan en él y sus inversiones realizadas.
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Bajo la metodología utilizada corresponde descontarle US$ 35 millones anuales, en promedio, por el uso de infraestructura y servicios de educación provistos por el Estado; de modo que el “beneficio país” neto de eso fueron US$ 1.594 millones (2,8% del PBI) al año en el período analizado.
La Dirección de Zonas Francas del Ministerio de Economía elabora informes anuales referidos a varios indicadores relacionados con la actividad de estos enclaves. El valor agregado bruto anual producido allí rondó el 4,9% del PBI, en promedio, entre 2017 y 2019 (último dato informado).
Según recoge el análisis del Ceres presentado ayer, las exoneraciones tributarias de las que gozaron las zonas francas y sus empresas usuarias —principalmente por impuestos a la renta y al Patrimonio— fueron de US$ 279 millones anuales, en promedio. El retorno por dólar exonerado tuvo un máximo de 7,3 en 2019; el promedio en los seis años estudiados fue 5,8, similar al que muestran regímenes de este tipo en otros países de la región.