—El proyecto tiene algunas cosas buenas. Apunta a contener el gasto y enfoca bien el problema de la sustentabilidad financiera: el grueso del ajuste debe ser por el lado del gasto.
Pero cuando en el diagnóstico se hablaba de una inequidad intergeneracional se prestaba para discutir un diseño más amplio de la seguridad social y hacer un rebalanceo del gasto. No me gusta —lo he dicho— eso de contener el gasto para después aliviar la carga del IASS o el IRPF. Pero sí había que contener el gasto y el proyecto avanza en esto. Puede haber matices, en cuanto a si había que aumentar la edad mínima de retiro en cinco años de manera obligatoria o si generar incentivos, pero es cierto que en esa idea de contener el gasto el proyecto lo hace lo mejor posible, sin afectar la cobertura y tratando de que la suficiencia de las prestaciones no caiga en términos absolutos; se pagan por menos tiempo y por eso cae el gasto.
Hasta ahí va bastante bien. Ahora, ¿todos ganan? Ahí el gobierno tiene un error de comunicación. Nuestras cuentas no nos dan que la gente pospone el retiro y todo el mundo se va con una jubilación más alta. Eso no va a pasar. Y que hayamos salido a decir que no va a pasar no quiere decir que la forma de hacer el ajuste, centrada en posponer el retiro, no sea una forma relativamente buena.
Veo otras dos buenas iniciativas. Es una buena idea tener una convergencia hacia un sistema común: el mismo set de tasas de reemplazo y la misma ventana para el cálculo del sueldo básico jubilatorio, salvo la Notarial, que mantendrá los 30 en vez de los 25. Pero los subsistemas no convergen desde el lado de los aportes; los bancarios mantendrán una tasa más alta, los notariales mantendrán unos mínimos de aportes y se pueden generar desarbitrajes con los aportes por encima del tope de $ 215.000 que siguen en las cajas paraestatales. Es una convergencia rara.
También tiene el problema de que, si bien se mejora la situación actual, el BPS va a seguir requiriendo asistencia financiera, es cierto que estabilizada, pero no poca plata. ¿Cómo hace por ejemplo el subsistema bancario para, con los mismos parámetros, ser autosustentable? ¿Por qué estos subsistemas no serían deficitarios? Si se los hace converger y no se les da asistencia, se los está llevando a un camino de no sustentabilidad. Eso no está resuelto y va a causar problemas.
—Esos problemas, si ocurren, se harán visibles en algunas décadas. Quizás haya otra reforma entonces.
—Sí. En particular las que tienen más problemas, que son la Caja Profesional y la Bancaria, ya de pique tendrían una ley exprés.
—¿Qué otro aspecto positivo le ve al proyecto de reforma?
—La instalación del suplemento solidario es buena, porque focaliza mejor los subsidios en las jubilaciones en las de abajo y en las de arriba no tanto. Genera una caída en las jubilaciones que no necesariamente son tan altas —de entre $ 40.000 y $ 60.000— pero focaliza mejor los subsidios. Sobre este punto surgió el comentario del presidente: este espíritu se contrapone con bajar el IASS. Hoy, en parte, el IASS retira un poco el subsidio a las jubilaciones altas.
Si el suplemento solidario se ajusta por Índice Medio de Salarios y no se va licuando y desapareciendo en el tiempo corregirá parte de esos problemas de diseño que tiene hoy el sistema.
Por otro lado, soy crítico con la reforma desde el lado de los ingresos, porque no plantea nada. Está lleno de regímenes excepcionales que aportan distinto, y no se avanzó ahí. Además, la postergación del retiro obligatorio en las cajas policial y militar, que son las más deficitarias, es más blanda que para el régimen general.
—Hay críticos del rol que se les da a las AFAP, en el sentido de que se les amplía el negocio. ¿Es así?
—No cambia demasiado. Las AFAP no son ganadoras con la reforma. Van a tener más gente al incorporar al régimen mixto a todos los subsistemas. Pero el BPS es más del 90%, entonces, lo que crece es menos del 10%. Y con la reforma se van a aportar 10% a reparto y 5% a las AFAP, en lugar del 7,5% y 7,5% actual. Creo que a las AFAP les termina generando menos volumen de negocio que lo que ganan por margen extensivo.
No diría que el régimen de ahorro individual se fortalece con la reforma. Seguiremos en el marco de un sistema mixto donde incluso el reparto, en el régimen general, se expande un poco en comparación con la situación actual.
—El presidente y la ministra sostienen que esta es una reforma “urgente” que los gobiernos del Frente Amplio postergaron. ¿Lo ve de esa forma?
—No. Es relativo lo de la urgencia y eso se evidencia en que esta reforma tiene una transición larga. No está a punto de explotar una bomba. Los cálculos del gobierno muestran que el gasto en pasividades aumentaría en dos o tres puntos del Producto Interno Bruto (PIB) al 2070; los ingresos, hoy, son cerca del 30%. Si no se hiciera una reforma, dentro de casi 50 años sería como pensar en aumentar la presión fiscal de 30% a 33%. En 50 años, con una tasa de crecimiento razonable, el PIB per cápita se duplicaría, y pensar que ahí no habría margen para tener tres puntos más de ingresos no lo veo. Pero sí hay que pensar en armar ese rebalanceo del gasto público, que hoy ya está sesgado (hacia las personas de mayor edad). No pienso que haya que hacer todo esto pero, si pasara, no sería una bomba que genere una deuda explosiva.
—Si no es un problema urgente, ¿por qué el gobierno propone una reforma que puede serle costosa electoralmente?
—Si lo que se quiere es contener el gasto para, eventualmente, ese espacio fiscal dedicarlo a otras cosas, la ventana para hacerlo es ahora. Si no se quiere afectar a los jubilados actuales y a los que están por jubilarse, hay que hacerla ahora. Pero, si la reforma se hiciera en el período que viene, en proyecciones a tan largo plazo, dos o tres años no cambiarían mucho. Insisto: la urgencia es relativa. No hay nada a punto de explotar.
Es cierto que es una reforma que no es la más simpática de todas, pero a todos los gobiernos les gusta tener reformas estructurales importantes. Pierden por un lado, pero, por otro, es poder decir: “Hice una reforma de la protección social”, si bien cuando arrancó el trabajo de la comisión era más ambiciosa. No soy muy optimista con la educativa; la de la seguridad social sería la reforma que podría mostrar este gobierno como logro. Si no la concreta, no sé cuál es el legado reformista de este gobierno.
—La regla fiscal, que destacan mucho las autoridades, ¿no es una reforma relevante?
—No es estructural; es una reforma que quedó en proceso.
Las metas fiscales dependen mucho de la brecha de Producto, que es una variable inobservable. Depende lo que dé esa brecha. De hecho, hay distintos cálculos de brecha de Producto y no en todos se está cumpliendo actualmente con la meta.
Tampoco hay mecanismos claros de responsabilidad en caso de no cumplir, con lo cual no sé si cambia mucho respecto a lo que había antes. Hay regla, pero si no la cumplo no pasa nada. Ni siquiera hay que ir al Parlamento para pedir autorización para salirse de la regla, lo que, de todos modos, para un gobierno con mayoría no sería un problema.
Entonces, se cumple con una meta que todavía es un poco difusa. De hecho, en el último informe del Consejo Fiscal Asesor no se mostraron los cálculos que el Comité de Expertos haría de la brecha Producto porque creo que no se pidió a este órgano que los hiciera. Hubo un primer pedido en su momento y los resultados fueron superheterogéneos. Parte del problema es que la metodología que plantea el gobierno requiere de series, en particular de capital físico, que no están disponibles. El consejo ya había recomendado al ministerio publicar las series con las que trabaja y todavía no se avanzó en eso. Nadie hoy es capaz de replicar la brecha que calcula el gobierno. Si el logro de cumplimiento del resultado fiscal estructural depende de algo que es inobservable y que lo calculo solo yo, no lo considero por ahora una reforma estructural relevante.
Por otro lado, el consejo hace advertencias sobre la rebaja de impuestos, y como no existe ningún mecanismo de enforcement, eso no hace que se cambien las decisiones. Son de esas cosas que, en idea, avanzaron bien, pero que no están plasmadas concretamente.
—Ante el comentario del Consejo Fiscal en el sentido de que habría que tener financiamiento estructural para los alivios impositivos, desde el Ministerio de Economía señalaron que en su proyección fiscal estructural ya está incorporado el impacto de la rebaja.
—Yo no sé si fue tan clara la respuesta del ministerio para mostrar que eso no genera ningún problema. Pero, si no lo mostraba, tampoco pasaba nada.
No veo una reforma que de manera probada mejore sustancialmente lo que había: una regla de tope de deuda que, cuando no se cumplía, el gobierno le pedía al Parlamento que moviera el tope. Quizás tienen que pasar más años para demostrar que es una institucionalidad que modifica los comportamientos.
—¿En el sector de los combustibles tampoco ve una reforma relevante de este período?
—De nuevo, el gobierno fue fijando el precio de los combustibles con un grado de discrecionalidad que no sé si hay una reforma importante. Está el cálculo de paridad de importación, ¿pero cuántas veces fueron las veces que el gobierno se apartó de la regla? Pueden ser por motivos deseables —a veces electorales, a veces fiscales—, pero termina siendo una discrecionalidad. El hecho de que la discrecionalidad siguió reduce la dimensión de la reforma a tener un valor indicativo. Desde mi punto de vista es una reforma pequeña.
