Y agregó: “pedimos que US$ 0,50 por kilo de miel producido o exportado vuelva al sector, que en 12 millones de kilos son US$ 6 millones”.
El dirigente comentó que en el MEF “nos dijeron que los US$ 6 millones los sacamos de cualquier cajón” y que “ustedes lo que necesitan es lograr voluntad política, pero eso no está en nosotros, eso está en ustedes”, expresó a los legisladores.
Y en ese encuentro con las autoridades del MEF también se les dijo: “No es que les tire el fardo, pero si no hay una voluntad política esto no avanza”. Recordó que esto mismo se “planteó hace cinco años”, al entonces ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, “y nos dijo: no, de plata ni hablamos, no hay un peso, hay déficit fiscal”.
Problemas y mercados
Rodríguez enfatizó que “el sector está complicado, por dos grandes temas: con uno de ellos no podemos hacer nada, porque es la baja del precio internacional, a raíz de mieles de Asia, de procedencia dudosa, que ingresan a Europa y a Estados Unidos a mitad de precio, y no hay manera de competir”. Y el otro “gran problema”, es de “origen interno”, y “tiene que ver con el agronegocio, con todo el paquete químico que aplica, que directamente nos ha perjudicado”.
Recordó que hace unos años “el 60%, 70% de nuestras mieles, entraba en el mercado europeo, que era un mercado muy exigente, el que mejor pagaba, hasta que las mieles empezaron a salir con trazas de glifosato”.
“Alemania, que era nuestro principal mercado, muy exigente en la calidad, puso un tope de 50 partes por billón (PPB)”, indicó. Y agregó que en la actualidad “menos del 10% de las mieles que ingresan a Alemania son uruguayas”.
El 90% de lo que produce Uruguay entra a Estados Unidos, que “no mira mucho” esos temas, comentó.
Costos de producción
El sector apícola cuenta con estudios de costos de producción, uno pone como referencia un productor de 200 colmenas, otro de 500 colmenas y otro de 800 colmenas. “Los tres dan rentabilidad negativa”, subrayó Rodríguez. Agregó que hasta hace 10 o 12 años “éramos 4.000, y el año pasado éramos 2.400” apicultores.
El presidente de la SAU sostuvo que “tenemos un daño, que se puede constatar; es un daño provocado por el agronegocio, yo lo sé. Y nadie va a decir que es un daño que está hecho adrede. Es un daño involuntario. Quiero aclarar: no estamos contra el agronegocio, ni contra el glifosato”.
Respuesta de la oposición
El diputado del Partido Colorado, Carlos Rydström, dijo que la propuesta de la SAU “es interesante”, pero que, en primera instancia, “hay que tener el análisis profundo de cómo afecta este tipo de medidas en la economía toda, o en la producción toda”, para después tomar una decisión.
Planteó que es necesario establecer cuánto se produce y se vende, y si “equivale a lo que estamos buscando”. Opinó que “en las medidas a tomar en este sentido debemos buscar los caminos más amplios posibles para lograrlo, y esa discusión hay que empezarla y no necesariamente es tan sencilla como la de gravar impositivamente al producto culpable, y que eso se pueda transferir en el alivio para la producción”.
Respuesta del oficialismo
Por su parte, el diputado oficialista Gabriel Tinaglini (del Movimiento de Participación Popular), dijo que “puede haber ayudas indirectas para el sector”. Pero realizó varios planteos y preguntas: “¿En la carrera de Agronomía, la materia de apicultura se dio una vez como optativa y después nunca más? ¿Un agrónomo sabe que la polinización es importante, pero no está metido en el asunto?”.
Con respecto a los contaminantes, afirmó que “todos sabemos cómo funcionan en Europa”, donde son una especie de barrera no arancelaria. “Todo depende de los niveles y de los precios”, dijo el legislador.
En cuanto a las aplicaciones de fitosanitarios, Tinaglini consultó sobre el impacto del “retroceso que hubo”, ya que “íbamos por un buen camino”, porque “debían declararse las aplicaciones de tratamientos fitosanitarios en los predios y en forma obligatoria”, dijo.
Señaló que en el período pasado “se sacó esa obligatoriedad, que tenía la intención de unir la trazabilidad, la georreferenciación –tenemos la declaración jurada de todos los apicultores–, con las aplicaciones fitosanitarias en los predios”. Y consideró que “si seguimos transitando ese camino podríamos cruzar información para determinar cómo impactaba en cada uno de los apiarios”.
Otro asunto mencionado por Tinaglini fue el endeudamiento, “eso es una espada de Damocles”, expresó. En algún momento “dijimos que eran buenos créditos, pero teniendo en cuenta la situación de la apicultura, implicaban asumir un compromiso que, en el futuro, no se sabía cómo se iba a afrontar”.
Planteó que ahora “el dólar no vale y el precio de exportación tampoco”. Entonces, “queremos saber el grado de endeudamiento que existe y cómo están los trámites ante el Ministerio”. “Sabemos que esto se hace a través de República Microfinanzas, y que hay un grado importante de endeudamiento del sector”, agregó.
El diputado que representa al departamento de Rocha, ingeniero agrónomo de profesión, dijo que la SAU hizo referencia al propóleo. “¿En qué situación está hoy su exportación? ¿Qué caminos se están recorriendo para liberar la venta de propóleo?”, preguntó.
También se refirió a “la responsabilidad de los apicultores, y me incluyo”, por “el uso de algunos productos que contaminan”. Admitió que “tenemos una campaña importante de Amitraz, por ejemplo, que está dando contaminante, y sabemos que se está usando mal, a pesar de que se tienen productos orgánicos para curar la varroa”.
Por otra parte, dijo que se debe “avanzar más” en la trazabilidad, aunque destacó que ya “avanzamos muchísimo y nos abrió un mercado impresionante”.
“¿En qué medida influyen estos 2.500 o 2.400 productores que sabemos que generaron dificultades en el cambio de la trazabilidad? ¿Y cuánto subregistro puede haber por la posibilidad de que no se puedan inscribir, o por las dificultades que hubo en el cambio de la declaración jurada en forma virtual? ¿Se entiende? Son muchas cosas”, concluyó.
