A pocos días de realizadas las elecciones internas de los partidos políticos, celebradas el pasado domingo 30 de junio, como parte del proceso previo a las elecciones generales del octubre, hay algunos temas vinculados con el sector agropecuario que ya están en la agenda de las agrupaciones.
“Más allá de integrar o no la coalición, uno de los principales temas es volver a plantear el proyecto forestal en la próxima legislatura, porque es importante regular una ley que tiene casi 40 años”, afirmó a Agro de Búsqueda el diputado de Cabildo Abierto (CA) Rafael Menéndez.
En diciembre de 2021, el Parlamento aprobó una nueva norma legal que modificaba algunos puntos de la ley 15.939 de 1987, especialmente para limitar las plantaciones a suelos que no fueran de prioridad forestal.
Pero esa iniciativa, impulsada por CA y que contó con los votos del Frente Amplio, no prosperó, ya que el Poder Ejecutivo la vetó, argumentando que la promulgación de esa ley generaría una “afectación de la cadena productiva forestal con impacto en la economía nacional”, además de considerar el eventual impacto en el cumplimiento de los contratos de inversión suscritos entre Uruguay y diversas empresas forestales.
Con la mira puesta en el próximo período parlamentario, CA tiene previsto insistir en la regulación de la actividad forestal en el suelo local, por lo que en caso de un cambio en el sector político que gobierne a partir de marzo de 2025, específicamente si fuera el Frente Amplio, esa intención del partido que lidera Guido Manini Ríos tendría posibilidades de concretarse.
Llegado el momento, eso dependerá de la postura que asuma la nueva administración en cuanto a temas del agro y las inversiones, pero en principio parece ser un escenario posible.
El fracaso y “muchos” debes
“Tengo la experiencia del proyecto forestal en el que prohibíamos plantar en zonas que no fueran de prioridad forestal y fracasamos con total éxito”, reconoció Menéndez.
Dijo que cree necesario ir por el lado de regular la forestación y también “el tema de las grandes multinacionales que vienen y usan el agua sin pagar un peso”. “Siempre cuidando las fuentes laborales porque ese es uno de los justificativos que tienen estas grandes empresas y Uruguay es un país pequeño, que necesita trabajo, pero lo que se necesita es promocionar las fuentes de empleo nacionales y locales”, sostuvo.
El diputado planteó la importancia de ser claros para que los propios productores “no se asusten cuando se habla de limitaciones”. “El argumento, por más que no lo comparto, es que en la propiedad privada se tienen que mantener las libertades y que cada uno de los productores debe ser capaz de darle el destino a su campo que más le parezca”, acotó el actual legislador, que hace algunos años presidió la Asociación Rural de Tacuarembó. Y vinculó ese criterio al tratar el proyecto de ley de preservación y cuidado del campo natural, que se encuentra en estudio en la Cámara de Diputados.
Apuntó que en Uruguay hay zonas que fueron declaradas “áreas protegidas”, “donde sí hay determinadas limitaciones para hacer, por ejemplo, forestación o agricultura”.
Acá “no tenemos selvas, pero el biopampa es nuestra selva”. “Siempre digo que cuando en 1833 (Charles) Darwin visitó Uruguay, con lo que más se impresionó fue que aquí no teníamos las selvas que él venía viendo por toda América del Sur, pero sí teníamos estas llanuras de grandes pastizales”, comentó.
Dijo: “tenemos que caminar siempre sobre el pretil de qué es –por lo menos desde el punto de vista político– lo correcto, lo más adecuado medioambientalmente”, y buscar “los consensos que se puedan lograr para empezar a trabajar en este sentido”.
Por otra parte, Menéndez se refirió a los objetivos previstos en temas agropecuarios en el comienzo de la actual administración, y que en varios casos no se llegaron a concretar, como fueron los planes de riego, los seguros agrícolas, el plan de erradicación de la mosca de la bichera y el problema de las jaurías de perros, entre otros.
“En los primeros dos años del período de gobierno estuvo el justificativo de la pandemia” Covid, por lo que “se debió destinar recursos hacia otras áreas”, pero hay “muchos debes” en las políticas públicas agropecuarias, admitió Menéndez.
El diputado de CA adelantó además que el grupo agro de ese partido político tiene una participación “interesante” de colaboradores, que trabajan en la agenda de temas para el próximo período parlamentario, como avanzar en el proyecto de ley de las jaurías, que ya cuenta con media sanción en el Parlamento, “defender la competencia entre los sistemas productores de campo o a campo” y también de la producción de “carne artificial”.
Hay que “establecer algún mecanismo de diferenciación” de la carne uruguaya natural, señaló.
Para Menéndez, el asunto de los ataques de perros en establecimientos rurales, que provocan pérdidas de ovinos y vacunos, entre otros daños, “es un tema que compete a toda la sociedad” y que “quedó sin resolver”.
El Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) realizó algunos acuerdos con intendencias departamentales, pero “lo concreto es que cuando se piensa en retirar los perros de los caminos es difícil encontrar un lugar a donde llevarlos”, porque “los refugios están desbordados”, advirtió. Y se lamentó: “por este problema, entre otros tantos, nos estamos quedando sin ovejas” en Uruguay.
Asamblea General ratificó el veto y legisladores marcaron posiciones
El veto del Poder Ejecutivo a la ley de suelos forestales fue ratificado con mayorías especiales por la Asamblea General, reunida en forma extraordinaria el 29 de diciembre de 2021. Los votos de los diputados y senadores de Cabildo Abierto (CA) y el Frente Amplio no alcanzaron para levantarlo. Blancos, colorados y el Partido Independiente votaron a favor de mantenerlo. El veto había sido anunciado por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, después de mantener una reunión con el líder de CA, el senador Guido Manini Ríos.
Luego de la sesión, varios legisladores realizaron declaraciones a la prensa manifestando sus posturas. Para el senador Guillermo Domenech (CA), el texto del Poder Ejecutivo da a entender que “los intereses de empresas oligopólicas están por encima del interés general”, además de sostener que la ley forestal “no contraviene ninguna norma constitucional”. Sobre la fundamentación jurídica del veto dijo que “es de la mayor irrelevancia”, y agregó que “deja inerme a miles de productores agropecuarios frente a unas pocas empresas extranjeras” que negociaron con el anterior gobierno y el actual “con secretismo”.
El diputado frenteamplista Alfredo Fratti afirmó que la Ley Forestal “protege el interés supremo de la nación” y que vetar la norma es “optar por dos intereses en disputa”. Por su parte, el diputado del Partido Independiente, Iván Posada, recordó que el presidente de la República manifestó su postura de rechazo a la Ley Forestal desde que comenzó a estudiarse en el Parlamento y que anunció que la vetaría.
El legislador del Partido Nacional, Sebastián da Silva, fue enfático al sostener que los blancos “no tienen que rendirle cuentas a nadie de su condición campera y de la preocupación del gobierno de Lacalle Pou por el desarrollo integral de cada paraje del Uruguay”. “Para hablar de campo hay que tener autoridad moral que muchos perdieron…mercaderes del chamullo”, agregó.
