En el predio de la familia Link reside un matrimonio, su sobrino, y tres empleados asalariados. Se trata de tierras agrícolas de alto valor productivo, con índice Coneat entre 220 y 250. La Dirección General de Recursos Naturales señala que los suelos predominantes en la zona son 10.8a, 10.8b y 10.11, categorías que poseen una gran aptitud agrícola, pero en algunos casos presentan un alto riesgo de erosión, lo que podría contribuir a la eutrofización del agua contenida en el polder que prevé el proyecto, según advierten los vecinos de la zona.
Las 15 familias afectadas por la expropiación de padrones para el Proyecto Arazatí tenían sus esperanzas puestas en la resolución 2003/2024 de la Junta Departamental de San José, que aprobó una medida cautelar que protege los predios de ser expropiados. Link destacó que desde el principio contaron con el apoyo del presidente de la Junta Departamental, el edil nacionalista Mario Guerra. Sin embargo, la intendenta Ana Bentaberri no acatará la resolución, lo que motivó su llamado a sala (ver nota aparte). Agro de Búsqueda intentó consultar a la intendenta, pero no obtuvo respuesta.
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La zona donde se instalarán las bombas que extraerán el agua del río De la Plata
“Aristas inconclusas”. Los productores reflexionan que el proyecto presenta aristas inconclusas cuando se analiza su complejidad. Cuestionan la localización, el costo “exorbitante” (US$ 800 millones), la pertinencia y la forma de implementación. Argumentan que no se simplifica “por interés”, y porque “hay mucha plata en juego”.
Link consideró que para asegurar un buen abastecimiento de agua, OSE antes debe resolver sus graves problemas de eficiencia e infraestructura, ya que “se pierde el 40% del agua potable en Montevideo debido a problemas en la red de tuberías”. De todos modos, subrayó que los vecinos no se oponen a la totalidad del proyecto, sino que reclaman reconsiderar la construcción del monorrelleno y del polder en esa zona.
Al recorrer la zona destinada a la inundación, se observa que los tubos de muestra están ubicados a lo largo del camino. Según los informes y planos del Ministerio de Ambiente, las tomas se encuentran dentro de los predios. Sin embargo, hasta ahora los productores no han permitido a las concesionarias ingresar a sus terrenos, por lo que se optó por colocar las tomas junto al camino.
El productor señaló que los análisis ambientales “no están siendo realizados por el del Ministerio de Ambiente, sino que se basan en informes de la misma empresa adjudicada para el proyecto”. También denunció que se presentan “pozos semisurgentes” cuando, en realidad, son perforaciones “con caños que no superan los tres metros de profundidad”, indicó Héctor Link.
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Esta chacra, donde este año se cosechó maíz, quedará inundada
Las perforaciones tienen como objetivo medir la infiltración del agua que ocupará la nueva reserva. El informe señala que se filtrarán “62 litros por segundo” al acuífero Raigón, lo que equivale a casi 5,5 millones de litros por día.
La cuchilla servirá de contención para el espejo de agua, que abarca alrededor de 250 hectáreas, y encima de la cuchilla hay varias viviendas, que “están vulnerables a cualquier incidente que provoque pérdida de agua”, advirtió Link. El productor afirma que los estudios manejan esa posibilidad como un riesgo. “No quiero ver 15 millones de metros cúbicos por la colina. Se llevan ganado, personas, todo lo que haya”, dijo. Estimó que una rotura en la contención del área inundada podría llegar “a las 700 hectáreas”.
También advirtió que el polder, que inicialmente almacenaría 15 millones de metros cúbicos de agua, se vaciaría en seis años sin una toma de agua continua. Toda esa infiltración va hacia el acuífero Raigón, una de las mayores reservas de agua dulce en Uruguay, que abastece a agricultores y pobladores de todo San José.
El presidente (de la República, Luis Lacalle Pou) me dio una palmada en la espalda y me dijo: quedate tranquilo que vas a seguir ordeñando vacas, comentó a Agro de Búsqueda Ariel Link, integrante de la familia, que está próximo a su retiro. El presidente (de la República, Luis Lacalle Pou) me dio una palmada en la espalda y me dijo: quedate tranquilo que vas a seguir ordeñando vacas, comentó a Agro de Búsqueda Ariel Link, integrante de la familia, que está próximo a su retiro.
“Los pozos figuran en los campos de ellos (otros productores), pero nunca han entrado a hacer ninguna perforación”, indicó Link. Explicó que todos los sitios donde se establecieron las tomas “aparecen en los informes como si estuvieran dentro de los predios, por lo que la información de la napa que debería obtenerse en realidad se desconoce”.
También recordó que “el mismo (Arturo) Castagnino (gerente general de OSE) indica que no hay eventos de salinidad desde 2022”. El objetivo del proyecto es tener una reserva de agua dulce ante tales eventos. No obstante, “el agua contenida podría tener otros inconvenientes, como afloramientos de cianobacterias y contaminación de aguas servidas de Uruguay y Argentina, que también infiltrarían el acuífero Raigón”, insistió el productor lechero de la zona de Rincón del Pino.
Panorama complejo. La familia Link sostiene que, con las 70 hectáreas que les quedarán después de la expropiación, no podrán mantener su actividad productiva. La inversión necesaria para reformular su sistema y sostenerse con menos área ronda los “US$ 250.000”, afirmó Héctor.
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Perforaciones para medir la infiltración del agua que ocupará la nueva reserva
Una de las opciones para poder seguir produciendo leche en el predio sería la implementación de un sistema de cama caliente, pero su costo es muy elevado. “Queremos vivir de esto, no queremos plata”, insistió. Incluso dijo que le plantearon al presidente de la República “recibir campo para producir en lugar de dinero”, pero la respuesta fue negativa.
La familia Link lleva 50 años con su tambo en esa zona, y Héctor está en la actividad desde hace 22 años. El productor tiene una hija de tres meses y otra de cuatro años. “Me están dejando sin herencia y sin lugar a dónde ir”, dijo a Agro de Búsqueda. De todas las familias expropiadas, serán los Link quienes sufrirán el mayor impacto, por tener la mayor cantidad de hectáreas en el área donde se desarrollará el proyecto. Y sostienen que el dinero que se les pagará no les alcanzará para comprar un predio aledaño.
Sostiene que “si se pagara un precio justo y se añadiera el lucro cesante”, calculado en base a la remisión diaria de leche a Conaprole, podrían reestablecerse y continuar a pesar de la expropiación.
“Mi idea es quedarme, es lo que he hecho toda la vida”, dijo el productor. Explicó que ha planificado reservas de forraje “para un año en adelante”, pero no ve viable una inversión que le permita mantener el número de vacas en ordeñe.
Respaldo. La familia Link y sus vecinos recibieron apoyo de gran parte de la comunidad en sus reclamos. Además de las 2.000 firmas que recogieron, la oposición parcial al proyecto cuenta con el apoyo del Centro Comercial e Industrial de Libertad, de la Asociación Nacional de Semilleristas de Papa del Uruguay (Ansepa), de la Asociación Rural de San José, de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), de la directiva de la Cooperativa Agraria Río de la Plata Ltda (Cariplal), del directorio de la Asociación de Fruticultores de Producción Integrada (Afrupi), entre otras.
El productor planteó que si se unieran a otras organizaciones con una visión diferente podría ocurrir un conflicto de intereses. Explicó que las organizaciones como Tucu Tucu y Comisión Nacional por la Defensa del Agua y la Vida “se oponen a todo el proyecto”.
Link también mencionó que tienen programada una reunión con el abogado Juan Ceretta, activista en derechos humanos, docente del Consultorio Jurídico y Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.
Junta llamó a la intendenta
Los ediles del Partido Colorado y Frente Amplio de San José llamarán a sala a la intendenta departamental Ana Bebtaverri por negarse a aplicar medidas cautelares para detener las expropiaciones para el proyecto Arazatí.
El edil colorado Alfredo Lago dijo en conferencia que se realizará el llamado a sala para que la jerarca “venga a responderle a todos los ciudadanos de San José por qué no quiere asumir la responsabilidad para la que fue electa”.
Por su parte, la edila frenteamplista Lorena Saavedra comentó que “esto es como crónica de una muerte anunciada”. Reclamó que “el por qué no tiene que ser bien explicado y tiene que ser bien entendido”.
La Junta Departamental de San José aprobó por 19 votos de 27 –incluyendo el respaldo de una parte de la bancada del Partido Nacional– una medida cautelar que protege los predios de ser expropiados.
