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La agricultura familiar en América Latina y el Caribe enfrenta diversos desafíos. Aunque muchos de estos son específicos de la idiosincrasia de cada país, existen problemas comunes que requieren una respuesta conjunta.
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Los gobiernos, la Reunión Especializada en Agricultura Familiar (REAF) y las organizaciones de productores trabajan para encontrar soluciones que fortalezcan una producción agrícola sostenible, rentable y digna. Un ejemplo destacado en la región es Uruguay, cuyo modelo de política de agricultura familiar se ha convertido en referencia, especialmente por la permanencia de los productores en el medio rural.
Este tema fue abordado en la Conferencia Regional para la Transformación Sostenible de la Ganadería de América Latina y el Caribe, en el módulo denominado Better Life: Medios de vida resilientes mediante una ganadería inclusiva. Allí participó la directora del Departamento de Desarrollo Social y Empleo de la OEA, Evelyn Jacir de Lovo, quien destacó que en la visita a la empresa Tropicalia (ver página 4), se dijo que además de tener un sistema productivo rentable se buscaba que los empleados fueran felices.
“Tener al centro del esfuerzo en mejorar la productividad, la producción y rentabilidad es lógico, pero se debe también tener un espacio de desarrollo y bienestar para los que viven en el ámbito rural, que es donde tenemos la deuda más grande del continente” dijo.
“Lo importante es fortalecer capacidades para que se puedan sentir realizados todos en el rubro”, expresó. Subrayó que el 20% de la población en América Latina vive en zonas rurales, y cuanto más alejadas están de los centros urbanos, más inaccesibles son los servicios como la educación y la salud.
De Lovo resaltó que ejemplos como el de Uruguay muestran que es posible tener una ganadería sostenible e inclusiva, que combine la producción con la conservación de pastizales y bosques nativos, apuntando a un modelo que reduzca las emisiones y aumente la productividad de la carne vacuna. Este modelo también tiene el potencial de empoderar a las mujeres y jóvenes rurales, generando nuevas oportunidades de desarrollo. Según la experta, una solución clave es promover una ganadería sostenible, como motor de desarrollo inclusivo.
Por su parte, la directora general del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Fernanda Maldonado, compartió la experiencia del país en políticas de inclusión social en la agricultura familiar. Destacó la importancia de poner a las personas en el centro de las políticas de sostenibilidad social, y mencionó el Plan Nacional de Género de Políticas Agropecuarias, construido en conjunto con la REAF, que tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las mujeres rurales.
También se refirió al Decenio de la Agricultura Familiar Internacional, una iniciativa global que busca fortalecer el sector agrícola en países con dificultades para acceder a recursos, financiamiento y servicios básicos, como la educación y la salud. Y enfatizó que la producción agropecuaria es clave para la soberanía alimentaria de los países.
El secretario técnico de la REAF, Lautaro Vizcay, subrayó la importancia de la cooperación entre gobiernos, productores y la academia para promover políticas que mejoren la sostenibilidad en la ganadería. A través de un diálogo político inclusivo, la REAF ha logrado implementar recomendaciones de políticas efectivas para mejorar la ganadería familiar y combatir la pobreza y desigualdad en las zonas rurales.
“La transformación de la sostenibilidad en la ganadería, porque es un codiseño con los gobiernos, los productores y la academia”, expresó. Y planteó que es necesario avanzar en el acceso a la tierra y en la innovación de prácticas para que los productores puedan adaptarse a los desafíos actuales, como el cambio climático.
