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    Sistema de información de seguros del MGAP abarca 280.000 hectáreas y otorgó apoyos por US$ 336.000

    Opypa advierte una serie de restricciones para ampliar la cobertura de cultivos, como “altos” costos y “muchos” requisitos; sostiene que el riesgo climático es la “principal fuente de incertidumbre” para la producción

    Redactor Agro de Búsqueda

    “Altos” costos, “muchos” requisitos y “falta de información” figuran entre las principales “restricciones” para el desarrollo de los seguros de rendimiento y paramétricos en la producción agrícola de Uruguay, según un informe de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa), al que accedió Agro de Búsqueda.

    Indica que “no solo la falta de información constituye una restricción para acceder al reaseguro, sino que muchas veces las empresas reaseguradoras no están dispuestas a asumir todo el riesgo que pretenden transferir las aseguradoras”. Eso ocurre “en particular en años con pronósticos de sequía, imponiéndoles limitaciones en la superficie a asegurar y/o en el nivel de cobertura del seguro, o directamente no participan de esa cartera de seguros”, señala.

    Al analizar uno de los principales temas impulsados por la actual administración pero que no llegaron a consolidarse, como pretenden los productores de granos, esa repartición técnica del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) sostiene que “este problema se hace mayor cuanto menor sea la posibilidad de dispersar el riesgo espacialmente, como sucede en Uruguay, por su reducido tamaño territorial y concentración geográfica de la producción en algunas regiones del país, tal como sucede con los cultivos de cereales y oleaginosos, y la producción granjera”.

    Es por esta situación que “sin la participación del Estado para facilitar el acceso a seguros que cubran riesgos sistémicos como la sequía, mediante el subsidio a la prima y/o la retención de parte del riesgo catastrófico, la penetración de este tipo de seguros es baja”, considera.

    Advierte que esto explica por qué “el 80% de la superficie asegurada del país lo esté con seguros de granizo y adicionales que no cubren los riesgos de sequía, ni de exceso hídrico”.

    El informe elaborado por la técnica Angela Cortelezzi indica que para “promover” el aporte de datos de rendimiento, el MGAP otorga “apoyos” a los aglutinadores, para “financiar los gastos administrativos” generados por la “recolección, validación y transferencia” de datos a dicho sistema de información.

    Esta secretaría de Estado brinda un pago compensatorio a la prima de seguros de rendimiento contratados por los productores que hayan adherido a este programa, dando el aval a los aglutinadores para el aporte de datos de chacras al MGAP. Ese apoyo es de “US$ 10 por hectárea, con un máximo de 300 hectáreas por productor”, señala.

    Y detalla que hasta el momento “en el sistema correspondiente a la información de los seguros agrícolas se cargaron y validaron unas 279.000 hectáreas por las zafras 2021-2022 y 2022-2023, que han sido aportadas por 16 aglutinadores y 290 productores”, quienes han recibido un “apoyo total de casi US$ 336.000 por concepto de área informada y subsidios a las primas de seguros”.

    La distribución de estas cifras y datos fue de la siguiente manera: en la zafra agrícola 2021-2022 el área total de cultivos de verano reportada y validada fue de 146.850 hectáreas, el área asegurada total con seguros de rendimiento llegó a 35.444 hectáreas, lo que refiere al área con seguros que se postuló a obtener el beneficio del pago compensatorio a la prima del seguro. Y los pagos por área informada y validada US$ 108.339, pagos compensatorios por subsidios a las primas US$ 80.600, lo que determina un total de pagos de US$ 188.939, según Opypa.

    Los fenómenos que generan mayores pérdidas económicas son el exceso de precipitaciones y la sequía, señala el informe de Opypa

    Señala que en la zafra 2022-2023 el área total verano reportada y validada fue de 131.816 hectáreas, el área asegurada total con seguros de rendimiento fue de 23.752 hectáreas, lo que refiere al área con seguros que se postuló a obtener el beneficio del pago compensatorio a la prima del seguro.

    En tanto, los pagos por área informada y validada fueron US$ 72.222, y los pagos compensatorios por subsidios a las primas US$ 74.326, lo que resultó en un total de pagos de US$ 146.548, indica el informe de Opypa.

    Sistémico y catastrófico. Para Opypa el riesgo de origen climático constituye la “principal fuente de incertidumbre” respecto a las posibilidades de alcanzar los objetivos de producción. Dentro de este tipo de riesgo, “los fenómenos que generan mayores pérdidas económicas por su carácter sistémico y catastrófico”, dado que afectan a una gran proporción del territorio nacional y, por tanto, a muchos productores a la vez, son el “exceso de precipitaciones” y en particular la “sequía”, sostiene.

    En la misma línea que lo plantean operadores públicos y privados del sector asegurador, la oficina técnica del MGAP advierte que “el riesgo de pérdidas económicas por eventos climáticos ha venido aumentando como consecuencia del incremento de la variabilidad climática y del capital expuesto en las actividades productivas”, lo que responde a la necesidad de “invertir en tecnologías que aumenten la productividad” y, al mismo tiempo, contribuyan a la “sostenibilidad de los recursos naturales”.

    Es en este contexto que resultan “clave” para Uruguay “no solo las acciones de política pública que promuevan el desarrollo de los seguros agropecuarios”, sino también la “adopción de una política de gestión integral del riesgo para mitigar los impactos y aumentar la resiliencia” de las actividades agropecuarias a los eventos climáticos, plantea.

    Considera una “política de gestión integral del riesgo” a la “promoción de un conjunto de estrategias complementarias” entre sí, “orientadas a la prevención y mitigación” del riesgo, así como a la “preparación y atención de emergencias agropecuarias”, incluyendo la “protección financiera” mediante “instrumentos de transferencia de riesgos (seguros y otros instrumentos financieros)”.

    Algunas de las acciones de política pública que se implementan son realizadas con el apoyo financiero y técnico del Banco Mundial, a través del proyecto “Sistemas Agroecológicos y Resilientes en Uruguay” (SARU), subcomponente “Mejora de los mecanismos de gestión de riesgos agrícolas y desarrollo de soluciones de transferencia de riesgos”.

    Estas acciones están orientadas al desarrollo de una “propuesta de estrategia de mediano plazo para la gestión integral de los riesgos climáticos”, incluyendo la “mejora del sistema de seguros agropecuarios existente”, de forma que “contemple mejor las necesidades de cobertura de los productores”, además de los “requerimientos del sector asegurador” para alcanzar ese objetivo y su actividad tenga “sostenibilidad” en el tiempo, según el informe.

    Indica que la mejora de los seguros agropecuarios, en cuanto a su penetración y diversidad de riesgos cubiertos, supone un “desafío importante”, debido a las “asimetrías” de información entre “el asegurado y el sector asegurador”, las características del agro y la incidencia de riesgos catastróficos que generan una “alta siniestralidad”.

    Los seguros que cubren este tipo de riesgo, ya sean de “rendimiento o paramétricos”, presentan un “costo alto”, debido a los niveles de siniestralidad que pueden generar en una misma zafra, lo que “exige la contratación de reaseguros por parte de las aseguradoras locales, por la imposibilidad de asumir todo el riesgo, aumentando aún más el costo de estos seguros”, que “suelen ser hasta tres veces más caros que los seguros contra riesgos no sistémicos como el granizo”, advierte.

    Estrategia y desafíos. Otro de los capítulos del informe del MGAP aborda el tema vinculado con las empresas reaseguradoras, que “imponen muchos requisitos en cuanto a la calidad de la información para el cálculo de la prima de riesgo y determinar el nivel de cobertura que están dispuestas a brindar”, por lo que “la falta de información productiva y climática constituye una limitante” para el desarrollo de los seguros, particularmente los que incluyen riesgos sistémicos y catastróficos.

    Este es un asunto de especial atención en el mercado de seguros de cara al futuro ver Agro de Búsqueda N°37).

    Ante esta situación, la propuesta de diseño de estrategia de mediano plazo del MGAP para la gestión integral de los riesgos climáticos apunta a la “promoción de un conjunto de estrategias complementarias entre sí, que van desde la prevención, mitigación y transferencia del riesgo por parte de los productores, hasta la “preparación y atención de emergencias agropecuarias por parte del Estado, causadas por riesgos no cubiertos por el sistema de seguros”.

    Este plan de gestión integral del riesgo climático “deberá incluir los aspectos institucionales para la articulación interinstitucional y con otras políticas de desarrollo agropecuario”, tanto a nivel nacional como local, además de una “estrategia de protección financiera contra riesgos catastróficos mediante instrumentos de transferencia de riesgos a nivel macro (seguros y otros instrumentos financieros), articulados con el sistema de seguros, incluyendo el marco institucional para su implementación y financiamiento”, según Opypa.

    El MGAP implemento un Plan Piloto desde 2021-2022 a 2023-2024, en el marco del Proyecto “Sistemas Agroecológicos y Resilientes en Uruguay” (Banco Mundial), que promueve el aporte de información de rendimientos georreferenciados por el sector productivo. Esto se hace a través de aglutinadores de productores (organizaciones de productores agropecuarios, cooperativas y empresas financiadoras de insumos y/o que presten servicios agropecuarios).

    Los datos de rendimientos ingresados al sistema de información que desarrolla el MGAP para esto serán “anonimizados e integrados con datos de suelos y de variables agroclimáticas relevantes” para estos cultivos. Esta información estará “disponible como bien público, con diferentes niveles de agregación, para los productores y aglutinadores participantes, las cinco aseguradoras que firmaron un acuerdo” con esta secretaría de Estado, así como para “el público en general”.

    En cuanto a medidas vigentes, el MGAP indicó que hay un “subsidio a la prima de seguros agrícolas para el subsector granjero”, que “opera desde hace 20 años”, y los porcentajes de subsidio sobre las primas son de 70%, 60%, 45% y 30%, en función de la superficie cultivada, y en la zafra 2022-2023 significó el pago de subsidios por el MGAP de US$ 2.115.351, del Fondo de Fomento de la Granja.

    Los beneficios fiscales para la contratación de seguros comprenden: exoneración del IVA (Ley No 17.123 de junio de 1999) a “todos los seguros agropecuarios que cubran riesgos climáticos e incendio”, lo que “incluye a los seguros y reaseguros que cubran riesgos climáticos y de incendio en cultivos agrícolas, hortícolas, frutícolas, forestales y estructuras de protección para los cultivos mencionados y todas las especies de la producción animal”, pero “no abarca a los seguros para colmenas, galpones de aves y cerdos”, conforme con el informe técnico.

    Señala los beneficios tributarios para la contratación de seguros de índice para déficit hídrico para cultivos agrícolas (Ley 19.686/2018), tanto para los productores que tributan por el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) y por el Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (Imeba). Esta ley determina que “el Poder Ejecutivo podrá otorgar el mismo tratamiento a otros seguros que cubran riesgos de déficit o exceso hídrico”, lo que “no estaría reglamentado”, indica.