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“¡Caíste en el Tribunal de Apelación equivocado!”, me dijeron —por separado— dos connotados abogados laboralistas. “¿Por qué?”, preguntó el (supuestamente) avezado periodista: “Porque hay dos de los cuatro tribunales en los que puedes tener alguna posibilidad de ganar, pero en el que cayó tu juicio y en el otro, difícil que algún trabajador gane una apelación”. Así de contundente, así de ¿evidente? Y tenían razón: perdí mi apelación y mi demanda laboral contra VTV-Tenfield.
En un Estado de derecho, en las democracias modernas, los fallos de la Justicia se respetan y se acatan, pero eso no impide que se los pueda cuestionar o criticar.
En mi caso, pensar siquiera que un canal de televisión podría contratar como director de informativos y conductor de su noticiero central a una persona que se maneje como ajena a la empresa demuestra un total desconocimiento de cómo funcionan los medios y el periodismo. No es un pecado ignorarlo, pero sí lo es no tomarse el mínimo trabajo de profundizar un poco más para entender que algo así es sencillamente imposible. Dar por cierta la versión de una empresa y sus abogados de que el director y conductor de un informativo central de televisión es un servicio externo y que no pertenece al canal es igualar un departamento de prensa y un servicio informativo con la empresa de seguridad contratada, la empresa de limpieza o la que mantiene destapadas las cañerías y graseras. No son ejemplos despectivos, son ejemplos de verdaderos servicios externos o tercerizados.
Que la Justicia dé por válido que un (posible) director de un noticiero y conductor del informativo central de televisión fue alguien que un día golpeó la puerta y dijo “dirijo y conduzco informativos, cuesta tanto” y ahí mismo fue contratado como una empresa ajena a un canal es —y reitero—, por lo menos, ser un ignorante de cómo funcionan los medios.
No reconocer una ficción creada para lograr en casos extremos fallos como estos es favorecer la ilegalidad de las relaciones laborales.
Un capítulo aparte merece(n) algunos prestigiosos bufetes de abogados, fundados por reconocidos catedráticos del derecho laboral, quienes han publicado obras que han establecido doctrina sobre casos laborales que se reiteran. Sin embargo, cuando son contratados por empresas, parecen olvidar los contundentes argumentos que ellos mismos defendieron en sus libros y en numerosos casos en los que abogaron por la seguridad jurídica y la protección de los trabajadores.
La Justicia, con fallos como este, alienta la precarización de las relaciones laborables. Estas sentencias absolutorias no se condicen con las leyes laborales vigentes y podría decirse que estimulan su violación. Pese a la insistencia de mi familia y mis amigos más cercanos, hasta este fallo definitivo me mantuve en silencio públicamente sobre mi despido, antes y después del juicio y también mientras esperaba la resolución de la apelación. Tampoco dije nada sobre que mi principal testigo (el ex gerente general de VTV) fue amenazado, cara a cara en el propio juzgado, por un alto funcionario de la empresa antes de ingresar a declarar. El “argumento” era que no podía hacerlo por un supuesto acuerdo de confidencialidad, que nada tenía que ver con mi relación laboral.
Esto se lo comunicó a la jueza antes de su declaración, sin que a la magistrada se le moviera un pelo. Tampoco al Tribunal esto le llamó la atención y terminó concluyendo que yo no era un subordinado ni alguien que dependiera de la empresa, yo era “un servicio externo”. Como dice alguien con quien trabajé mucho tiempo: si no fuera patético, sería gracioso.
La conclusión es triste pero evidente: en muchos casos, jueces, juezas y tribunales, aunque te tiren con todo el Código y hagan citas magistrales en sus alegatos: pueden y deben rendir más.
Como ya reflexionaba Aristóteles casi 2.400 años atrás: “Es ignorancia no saber distinguir entre lo que necesita demostración y lo que no lo necesita”. Cualquier parecido con el presente es pura coincidencia.
