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En este mes de abril se cumplen 50 años de episodios que conmovieron las raíces de nuestra comunidad. La dictadura se había terminado de instalar hacía casi dos años (27 de junio 1973), y el gobierno ilegal e ilegítimo decidió celebrar ostentosamente los 150 años de los acontecimientos de 1825. Parte de una política cultural, aunque a veces la desconocemos o afirmamos que no existió, dirigida a ganar adeptos.
Sin embargo, podemos aseverar que el Año de la Orientalidad (1975) es uno de los ejemplos que señalan o marcan preocupación en ese ámbito. Incluso se intentó imponer un relato apoyado en un supuesto revisionismo histórico sin sustento documental. En ese marco de celebraciones, la política represiva se estaba profundizando.
El investigador Álvaro Rico propone una periodización de la etapa dictatorial y su previa, iniciada en el año 1968 (medidas prontas de seguridad y gobierno por decreto), e indica el año 1975 como el del inicio de una fase “de tendencia totalitaria o propiamente de terrorismo de Estado”. Son ejemplos de esto las operaciones Trabajo y Morgan y en noviembre el acuerdo transnacional conocido como Plan Cóndor.
En abril se puso en marcha la Operación Trabajo, dirigida a impedir posibles movilizaciones el 1º de mayo, Día de los Trabajadores. Hasta hace pocos años, los estudios historiográficos ubicaban la represión, en el marco de este operativo, en Montevideo y San José, pero a partir de las investigaciones llevadas adelante por la Asociación Civil Ágora, Identidad, Derechos Humanos y Memoria Canaria se ha hecho visible que el departamento de Canelones también fue foco de dicha represión y que tuvo como uno de sus centro Los Vagones, instalados en el parque Prado de la ciudad capital.
Estos espacios, centros clandestinos de detención y tortura, a cargo de la Policía departamental en coordinación con el Ejército (Fuerzas Conjuntas), estuvieron ubicados en una primera etapa en la entrada del parque Artigas, en el lugar donde operaba la denominada Fuerza de Choque, siendo trasladados en octubre de ese mismo año (1975) al barrio Olímpico en un predio ubicado en la intersección de las calles Rodó y Colombes, donde tenía sus instalaciones el Departamento 3 —Investigaciones— de la Jefatura de Policía de Canelones.
En ese mes de abril, nuestra comunidad y otras comunidades canarias se vieron sacudidas por la detención de vecinas y vecinos, militantes sociales y políticos, quienes fueron secuestrados sin motivo, privados de libertad por largo tiempo y sometidos a interrogatorios y tortura durante sus detenciones, repitiéndose un mismo modelo operativo: allanamiento, saqueo (robo), secuestro, tortura…, sumados al espionaje y al seguimiento.
En esa represión estuvo representado prácticamente todo el espectro social, incluso personas que desde sus lugares de visibilidad se solidarizaron con quienes estaban sufriendo represión injustificada. Tal es el caso del sacerdote de origen italiano Antonio Moretto, cuyo padre había sido partisano durante la Segunda Guerra Mundial y que reconocía la prisión en vagones del ferrocarril como una práctica del fascismo contra sus opositores.
Estos conceptos fueron expuestos y desarrollados durante una misa en la catedral, al pronunciar la homilía, lo que dio lugar a su posterior detención. Conducido a los vagones de la extinta Fuerza de Choque se lo recluyó en el espacio donde estaban las mujeres y fue torturado psicológicamente con la reproducción en forma reiterada y continuada de sus propias palabras. La Iglesia uruguaya pudo sacarlo del país y desde los vagones fue trasladado directamente al Aeropuerto de Carrasco y de allí a Perú con destino a un poblado perdido en medio de la cordillera andina.
Las personas detenidas en el marco de este operativo, procedentes de diferentes localidades del departamento tales como La Paz, Las Piedras, Progreso, Canelones, Santa Lucía y Sauce, luego de un tiempo no menor a un mes fueron trasladadas al Grupo de Artillería 4, localizado en la ciudad de San Ramón. Posteriormente, pasaron por el juez militar; a partir de allí su destino fue diverso. Tras otra oleada de detenciones en el mes de setiembre, en octubre se pone en marcha la Operación Morgan, ya de carácter transnacional, en el marco del Plan Cóndor.
Profesoras María Julia de Izaguirre y Graciela Lugano
Integrantes de Asociación Civil Ágora, Identidad, Derechos Humanos y Memoria Canaria
