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Asistimos, una vez más, al lamentable espectáculo de la política de la ignorancia al calor de un conflicto. La reciente paralización de actividades en el Puerto de Montevideo, a raíz de tensiones entre una empresa concesionaria con un régimen muy especial de preferencia de atraque y el sindicato, ha servido de termómetro para medir el profundo desconocimiento de algunos actores de la oposición —quienes gobernaron hasta marzo de 2025— sobre un pilar estratégico de nuestra economía.
Es, francamente, asombroso que legisladores y referentes que estuvieron al frente de la administración del país hasta hace siete meses se apresuren a emitir juicios y a reducir los reclamos de los trabajadores portuarios a un simple “fanatismo” o a actos ideológicos, sin reconocer que la operativa del puerto, sostenida por funcionarios públicos y privados, es un complejo entramado de seguridad, comercio exterior y soberanía. Las intervenciones revelan una alarmante ligereza y una incapacidad para entender la naturaleza dinámica de los conflictos en cualquier puerto del mundo, incluso en gigantes como Shanghái (que también tuvo sus líos). Reducir el debate a una cuestión de debilidad nacional es desconocer que la diferencia de Uruguay es, precisamente, la fortaleza de discutir estos temas a la luz del día, con libertad sindical y mecanismos institucionales de resolución.
Pero lo más preocupante es el patrón de errores estratégicos y desconocimiento que sus declaraciones actuales traen a la memoria. ¿Cómo podemos tomar en serio esos análisis sobre un conflicto portuario actual cuando su gestión dejó un desastre en materia portuaria y decisiones cuestionables ? Los hechos son elocuentes:
la inauguración de las operativas en el Puerto de Paysandú duró seis meses;
estaban empecinados en hablar de la hidrovía del río Uruguay, pero fracasaron en crear una estrategia coherente y sostenible;
le pusieron la lápida al cabotaje nacional, los barcos dejaron de operar (Provincias Unidas, Alianza del Plata, Guaran Feeder, Expreso del Plata), debilitando nuestra soberanía logística;
130 millones de dólares gastados en el puerto pesquero de Capurro, que después de cuatro llamados a licitación no logró atraer a interesados;
fracaso absoluto del sistema nacional de puertos, Juan Lacaze sin actividad, Salto convertido en un espacio recreativo y sin actividad comercial, Paysandú casi nula actividad, Fray Bentos escasa, Nueva Palmira muy bien, Montevideo con dificultades, La Paloma escasa actividad, Puerto Capurro escasa actividad;
las promesas sobre el dragado del Puerto de Fray Bentos a 34 pies y el fallido intento de impulsar el Puerto de Itapebí, al que, felizmente, la cordura del actual presidente de la República terminó por ponerle un freno;
la firma del polémico acuerdo con Katoen Natie, que extendió la concesión hasta el año 2081, generando un monopolio de hecho cuyas consecuencias tarifarias ya afectaron el volumen de operaciones.
Este conflicto en el Puerto de Montevideo nos deja grandes enseñanzas: la primera, que no se deben crear monopolios de ningún tipo; la segunda, que el Puerto de Montevideo es más estratégico de lo que muchos piensan, y la tercera, que no se deben tolerar planteos irracionales, vengan de donde vengan.
Los políticos tienen que ser humildes. Es hora de que quienes aspiran a gobernar o a ejercer una oposición constructiva dejen de lado la retórica simplista y reconozcan la complejidad del sistema portuario nacional; que escuchen y se asesoren, Uruguay es mucho más que un conflicto puntual y su reputación internacional se sostiene en tener un Estado que escucha.
Las intervenciones recientes, basadas en un alarmante desconocimiento de la actividad y la logística portuaria, solo confirman que, en este tema, siguen navegando a ciegas. Es un lujo que nuestro país, con la importancia estratégica de sus puertos, no se puede dar.
