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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáEl acuerdo alcanzado entre Terminal Cuenca del Plata y el sindicato portuario puso fin a un conflicto que durante meses afectó seriamente la operativa del Puerto de Montevideo. Es una buena noticia, pero sería un error pensar que con el levantamiento de las medidas terminó el problema.
Ahora comienza el verdadero desafío: recuperar la confianza y la competitividad de nuestro principal puerto.
Los perjuicios generados exceden ampliamente a las empresas directamente involucradas. Cada jornada de paralización afecta a exportadores e importadores, transportistas, depósitos, agencias marítimas, operadores logísticos, despachantes y a toda una extensa cadena de servicios vinculada a la actividad portuaria. Son pérdidas millonarias para el comercio exterior y para numerosas empresas que dependen de que el puerto funcione con normalidad.
Pero existe un costo aún más difícil de cuantificar: la pérdida de confianza de las compañías navieras.
Una naviera organiza sus servicios sobre la base de itinerarios, tiempos de operación y confiabilidad. Cuando un puerto deja de ofrecer esas condiciones, los buques pueden ser desviados hacia otros puertos de la región. Y una escala perdida no necesariamente vuelve cuando termina un conflicto.
Montevideo compite con Buenos Aires, Río Grande, Itajaí, Santos y otros puertos por las mismas cargas y por los mismos servicios marítimos. Por eso, recuperar los transbordos regionales, particularmente los que históricamente tuvieron a Montevideo como centro, debe ser una prioridad nacional.
El día después no puede consistir simplemente en volver a trabajar como antes.
Uruguay necesita un plan estratégico para recuperar la competitividad del Puerto de Montevideo, con objetivos concretos y una visión de mediano y largo plazo. Hay que reducir los costos operativos de todo el sistema, simplificar trámites, disminuir la carga burocrática, avanzar en la digitalización y mejorar la eficiencia.
La competitividad portuaria no depende solamente de tener más metros de muelle, más grúas o mayor profundidad. Depende también de ofrecer costos razonables, eficiencia, previsibilidad y confiabilidad.
Pero este conflicto debería dejarnos otra lección, quizás menos visible y no por ello menos importante.
La actividad portuaria es demasiado compleja y estratégica para que su conducción dependa exclusivamente de criterios políticos. La política debe establecer los objetivos y las prioridades; pero quienes administran y conducen el sistema deben poseer conocimiento, experiencia e idoneidad técnica en materia portuaria.
No sostengo que la falta de formación técnica sea por sí sola la causa de la extensión de este conflicto. Pero resulta inevitable preguntarse si una mayor comprensión de la actividad, de sus actores y de sus consecuencias económicas no habría contribuido a encontrar antes caminos de solución.
La pregunta merece ser formulada: ¿estamos eligiendo a quienes conducen nuestros puertos por su conocimiento de la actividad o fundamentalmente por su condición política?
No es un asunto menor. Una decisión equivocada en materia portuaria puede significar la pérdida de una carga, una línea marítima o un mercado que después resulta muy difícil recuperar.
Hay además una oportunidad que el gobierno debería analizar.
La sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que anuló la disposición del Decreto 114/021, que impedía instalar nuevas terminales especializadas de contenedores, modificó el escenario competitivo del puerto. A ello se suman los retrasos acumulados en las inversiones comprometidas por TCP respecto del cronograma originalmente acordado.
Sin desconocer derechos ni obligaciones contractuales, estas circunstancias abren una ventana de oportunidad para renegociar el acuerdo, procurando que las condiciones futuras respondan al interés estratégico del país, fomenten la competencia y permitan recuperar la competitividad perdida.
El objetivo debería ser claro: volver a atraer las cargas que se fueron, recuperar los transbordos regionales, generar condiciones para que las navieras vuelvan a confiar en Montevideo y lograr que nuestro puerto sea nuevamente una alternativa atractiva dentro de la región.
Para ello hace falta algo más que solucionar el conflicto de hoy.
Hace falta una política portuaria de Estado, que trascienda los períodos de gobierno y establezca qué puerto queremos para los próximos 10, 15 o 20 años.
El Puerto de Montevideo tiene condiciones geográficas y estratégicas excepcionales. Pero esas condiciones, por sí solas, no garantizan nada. Las navieras elegirán siempre aquellos puertos que les permitan operar mejor, con menores costos y mayor previsibilidad.
El conflicto terminó. Ahora comienza el día después.
La verdadera prueba será saber si somos capaces de aprender de lo ocurrido y transformar una crisis en una oportunidad para reconstruir la competitividad, recuperar la confianza y darle al Puerto de Montevideo la política de Estado que hace mucho tiempo necesita.
Pablo Viera