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¿Es justo que Uruguay pierda la credibilidad internacional construida sobre el respeto a la institucionalidad, a raíz de la desacertada resolución de dos integrantes de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep)?
El informe de la asesoría jurídica de la Jutep determinó que el presidente de ASSE, Álvaro Danza, incurrió en incompatibilidad e inconstitucionalidad al absorber funciones públicas y privadas. La praxis de Danza es inconstitucional e incompatible. Violenta el artículo 200 de la Constitución y cuatro artículos de otras tantas leyes, según informe de los servicios jurídicos de la Jutep. No obstante, la mayoría de la Jutep determinó que no era de recibo el informe de su organismo asesor en materia jurídica y dictaminó la continuidad de Danza en sus cargos. “Lo político está por encima de lo jurídico”, dijera el expresidente José Pepe Mujica.
El profesional implicado optó por renunciar a la función privada, luego de varios meses de haber incurrido en esa inconstitucionalidad e incompatibilidad puestas en evidencia por la Jutep, que se le habían señalado reiteradamente desde sectores de la oposición, más allá de que en el toma y daca partidista se haya incurrido, desde ambas partes, en desaciertos en materia de calificativos.
Nunca es buen momento para desconocer la institucionalidad. Pero este tiempo es el peor. Tras décadas de esfuerzos institucionales en el Occidente por normativizar la vida democrática, la fuerza vuelve a imponerse en varios casos. Veamos algunos ejemplos.
En Estados Unidos la actual administración pugna por avanzar sobre los otros dos poderes y la institucionalidad estatal. En política exterior, aplica la pena de muerte sin más.
El presidente Lula da Silva, quien debe su libertad al respeto por la institucionalidad, desde que un desacierto jurisdiccional fue el argumento para invalidar su procesamiento de 2017; en julio de 2025 erosiona la institucionalidad argentina al visitar en prisión domiciliaria y respaldar a la expresidenta Cristina Fernández, condenada a seis años de prisión y procesada en otros juicios penales por la justicia de Argentina.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en abril de 2024 violentó la institucionalidad internacional —Convención de Viena— al ingresar por la fuerza en la embajada mexicana en Quito para capturar al exvicepresidente Jorge Glas procesado por corrupción. La consecuencia fue la ruptura de relaciones entre ambos países.
En mayo, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, determinó que la Asamblea Legislativa de ese país aprobara la Ley de Agentes Extranjeros mediante la cual determinará qué organizaciones de derechos humanos o medios de comunicación independientes pueden trabajar o no en el país.
El martes 11 de noviembre, el ministro del Interior colombiano, quien ha sido incluido recientemente en la Lista Clinton, ante una medida de investigación judicial dispuesta en su contra, injurió públicamente a una magistrada integrante de la Corte Suprema de Justicia de ese país, descalificándola —la llamó “loca”, “prevaricadora”, “delincuente”, entre otros insultos más gruesos—, con una conducta que, según algunos juristas colombianos, podría incurrir en “obstrucción a la justicia” y violación del Código Disciplinario. La Procuraduría General de la Nación colombiana inició una indagación.
A los uruguayos les gana la satisfacción cuando en los informes de Transparencia Internacional, en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) o en otras mediciones internacionales, Uruguay lidera o aparece en los primeros lugares en un mundo donde escasean los países con democracias plenas. No llegan a treinta.
La renuncia de Danza deja más en videncia la ineptitud de dos de los tres integrantes de la Jutep para analizar la ética en la función pública. No lo merece la trayectoria de la Jutep, que en las anteriores instancias en que debió pronunciarse evidenció hacerlo acorde con su razón de ser: vicepresidencia de Ancap; ex intendencias de Soriano y Colonia; Antel Arena o Gas Sayago, entre otras.
Pero más importante aún, la imagen del país, no de hoy, la que viene desde el fondo de la historia uruguaya. Recuérdese, sin ir más lejos entre otras distinciones internacionales, que el expresidente uruguayo José Serrato participó de la Conferencia de San Francisco en 1945, antecedente inmediato de la Carta de las Naciones Unidas.
