El proyecto de ampliación de la ANE

Defensa de la coordinación nacional de la educación

El restablecimiento de los Consejos de Educación en Primaria, Secundaria y Educación Técnico Profesional, junto con la ampliación de sus competencias en materia de planes, administración, personal y fiscalización, favorecerá respuestas divergentes entre los distintos subsistemas y dificultará la formulación de políticas educativas coherentes y coordinadas. La educación, como bien público, requiere objetivos comunes, una planificación articulada y capacidad de implementación integrada. La dispersión de competencias tiende a reproducir lógicas sectoriales que afectan la eficiencia institucional y la igualdad de oportunidades educativas.

Necesidad de fortalecer una gestión profesional

Las transformaciones educativas contemporáneas exigen instituciones capaces de responder con rapidez a los cambios tecnológicos, sociales y productivos. La experiencia internacional muestra la importancia de diferenciar los ámbitos de deliberación y orientación política de los ámbitos de gestión ejecutiva, mediante estructuras profesionales y responsabilidades claramente definidas. El modelo vigente, establecido por la Ley 19.889 (Ley de Urgente Consideración, promulgada el 9 de julio de 2020) combina un Codicen colegiado, responsable de la conducción general, con direcciones generales unipersonales dotadas de responsabilidad ejecutiva. Esta articulación preserva la deliberación colegiada en el nivel estratégico y, al mismo tiempo, aporta mayor ejecutividad en la gestión. Dicha norma fue, además, posteriormente respaldada en el referéndum por el cuerpo electoral, ratificando la actual integración, por lo que consideramos que modificar la misma es no respetar la voluntad “del pueblo”. El retorno a órganos colegiados de gestión diluirá responsabilidades, ralentizará la toma de decisiones y dificultará la evaluación objetiva de los resultados. Por esas razones, no resulta conveniente derogar una solución institucional que procura equilibrar la conducción colegiada con una gestión ejecutiva claramente responsable.

Preocupación por la corporativización y la politización de la gestión educativa

La ampliación de los espacios de representación sectorial puede incrementar la influencia de intereses corporativos sobre decisiones que deben orientarse, prioritariamente, al interés general de los estudiantes y de la sociedad. Ello puede reducir la eficiencia y la rapidez de la toma de decisiones, además de promover dinámicas gremiales y endogámicas.

Una estructura excesivamente colegiada en los órganos de gestión favorecerá la fragmentación de las orientaciones generales. La educación pública requiere participación, pero también exige que las decisiones estratégicas se fundamenten en criterios técnicos, académicos y de política pública. Debe evitarse que los órganos de gobierno se conviertan en ámbitos permanentes de disputas político-gremiales o que se reiteren debates ya sustanciados en otros niveles institucionales.

Sobre las comisiones consultivas

El proyecto propone crear comisiones consultivas en los centros educativos, integradas por diversos actores. Sin desconocer el valor de la participación de las comunidades educativas, entendemos que esta propuesta se superpone con mecanismos ya previstos en la normativa vigente. La creación de nuevas estructuras puede debilitar la autoridad pedagógica y administrativa de las direcciones de los centros y favorecer dinámicas de carácter corporativo.

Actualmente existen y se encuentran en funcionamiento los consejos de participación, establecidos por la Ley General de Educación como ámbitos consultivos y de formulación de propuestas, así como los consejos asesores consultivos en el ámbito del Consejo de Formación en Educación (CFE). Asimismo, existen comisiones de fomento en escuelas y liceos, especialmente en el interior del país, como espacios tradicionales de apoyo económico, social y edilicio, integrados principalmente por las familias de los estudiantes y por docentes.

Estos ámbitos participativos colaboran estrechamente con las direcciones de los centros educativos. Por ello, pueden y deben ser fortalecidos mediante mecanismos de colaboración que contribuyan a la gestión. No resulta pertinente ni eficiente crear estructuras paralelas que dupliquen las ya existentes.

Por todo lo expuesto, el Grupo Propuestas solicita la revisión integral del proyecto de ley y propone preservar el papel articulador y estratégico del Codicen como órgano rector de la ANEP. Asimismo, considera necesario asegurar la continuidad de políticas basadas en evidencias y no en preconceptos ideológicos, especialmente cuando el marco vigente fue sometido a un referéndum derogatorio que no alcanzó la mayoría requerida. Que impone el respeto a la decisión soberana. En consecuencia, corresponde dejar de lado propuestas que reintroduzcan diseños institucionales que han demostrado generar problemas de gobernabilidad y conflictos entre los distintos ámbitos de la ANEP.

Por Grupo Propuestas: Graciela Fabeyro, Eduardo Andreoli, Javier Grilli, Milka Nabhen, Nelly Leites, Víctor Pizzichillo, Enrique Martínez, Graciela Carlevaro, Graziella Chiribao, Patricia Viera, Pablo Fuce, Ademar Cordones, Javier Lasida, María del Carmen Dos Santos, Ivonne Constantino, Jorge Delgado, Silvio Previale, Oscar Yañez, Lylian Strada, Jorge Delgado, Alicia Gaillardo, Agustín Briano, Beatriz Rissotto, Juan Pedro Mir, Claudio Rama. Siguen firmas.