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El sector portuario de Uruguay, pilar fundamental de su economía, se encuentra hoy en el ojo de una “tormenta perfecta” (así lo definía un importante operador de transporte marítimo) que amenaza con revertir décadas de crecimiento sostenido. Tal como la célebre película, donde una combinación de fenómenos extremos converge para crear un desastre, la ineficiencia, la baja productividad y la falta de inversión en dragado se unen y amenazan con hundir el desarrollo de la industria.
Desde la histórica reforma portuaria que modernizó la actividad y la convirtió en un motor de desarrollo, nuestros puertos han sido sinónimo de eficiencia y progreso. Sin embargo, en lo que va de este 2025, una serie de conflictos internos está socavando esta fortaleza y pone en riesgo no solo la competitividad, sino también la reputación del país como centro logístico regional.
Las causas son múltiples. Por un lado, la politización de la gestión portuaria ha causado incertidumbre y ha paralizado la toma de decisiones estratégicas. El control de la actividad, más que una búsqueda de eficiencia, se ha transformado en un campo de batalla de intereses que poco tienen que ver con la operatividad y la proyección del sector. Esta inestabilidad política se ve agravada por una escalada de conflictos sindicales que están generando un impacto directo y perjudicial en las operaciones. Los bloqueos, los paros y las tensiones internas en la principal terminal portuaria están alejando a las navieras, que buscan predecibilidad y seguridad en sus operaciones.
La consecuencia más inmediata y alarmante es la pérdida de tráficos de carga. Las líneas marítimas, ante la falta de garantías operativas, han comenzado a desviar sus rutas hacia puertos vecinos. Lo que es aún más grave, Uruguay está perdiendo su rol como puerto de transbordo para países como Paraguay, una función que había logrado consolidar con gran esfuerzo. Esta sangría de operaciones no solo afecta a los trabajadores del puerto, sino que tiene un efecto dominó sobre una vasta red de servicios conexos: despachantes de aduana, transportistas, agencias navieras y, en última instancia, toda la cadena logística del país. El impacto en el Producto Bruto Interno (PBI) es inminente y podría ser significativo si la situación no se revierte a tiempo.
Es fundamental que los actores involucrados —políticos, operadores y sindicatos— comprendan la gravedad de la situación y actúen con responsabilidad. La solución no es la confrontación, sino el diálogo y la búsqueda de acuerdos que prioricen el interés nacional por encima de los intereses particulares. Uruguay ha construido su prosperidad portuaria sobre la base de la estabilidad y la confianza. Es hora de dejar de lado las diferencias y trabajar en conjunto para recuperar la vitalidad de un sector que es un verdadero motor del desarrollo nacional. La sostenibilidad económica del país está en juego y no podemos permitir que los puertos, que han sido nuestro faro, se conviertan en un ancla que nos impida avanzar.
