Hacia un sistema uruguayo de ciencia, tecnología, innovación y evaluación

Durante décadas, parte de la deliberación política científica estuvo organizada en oposiciones simples: investigación básica versus investigación aplicada, excelencia académica versus impacto social, autonomía científica versus orientación estatal, evaluación técnica versus deliberación democrática. Esas distinciones no son inútiles, pero tampoco agotan el campo de lo relevante. Lo mismo ocurre con el modelo lineal según el cual la ciencia básica produce conocimiento, la aplicada lo traduce, el desarrollo tecnológico lo convierte en artefacto y la sociedad finalmente lo usa. Hoy, pensamos, una cuestión central es comprender qué posibilidades reales, qué trayectorias de conocimiento y qué usos están disponibles en torno a situaciones particulares (a veces singulares) de CTIE, y entonces, qué mediaciones se necesitan y qué responsabilidades emergen para investigadores, instituciones científicas, organismos públicos y la democracia en general. La valorización de la ciencia, en ese paradigma, exige comprender que cada instancia de CTIE abre algunas posibilidades y ocluye otras. La responsabilidad no es exigir utilidad inmediata a toda ciencia ni teoría a toda práctica, sino evitar que se desperdicien posibilidades reales de valor público, epistémico, tecnológico y/o institucional.

La experiencia uruguaya muestra que existen capacidades técnicas relevantes para una evaluación rigurosa de políticas públicas, pero también enseña que esa rigurosidad debe pensarse y realizarse plural. La evaluación de impacto del Programa de Desarrollo Productivo Rural realizada desde la Oficina de Programación y Política Agropecuaria del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca es un caso muy interesante que combinó registros administrativos de diversas fuentes, construyó una base novedosa, utilizó una estrategia cuasiexperimental con Entropy Balance y Diferencias en Diferencias, aplicó pruebas de falsificación, explicitó una teoría de cambio y produjo recomendaciones de política. Al mismo tiempo, el informe incluyó evaluación cualitativa de los Planes de Fortalecimiento Institucional, entrevistas, análisis de mecanismos causales, advertencias sobre tiempos de maduración de los efectos y discusión de limitaciones. Sin embargo, este tipo de evaluación no debe convertirse en el modelo único de racionalidad pública. Las políticas de CTIE, como otras, tienen efectos distribuidos en el tiempo, mecanismos complejos, poblaciones heterogéneas, aprendizajes institucionales, necesidad de mayores infraestructuras de integración de datos y resultados que no siempre se dejan capturar en pocas variables, en una ventana temporal breve o en marcos conceptuales sectoriales.

¿Ha llegado el momento de evaluar cabalmente al Sistema Nacional de Investigadores (SNI)? El SNI es un instrumento especialmente importante y transversal de política pública de CTIE que debería ser evaluado con rigor y amplitud por la UNE-CTI y mediante una convocatoria abierta a investigaciones evaluativas independientes. El SNI ha cumplido funciones relevantes de reconocimiento, ordenamiento y estímulo de la investigación, pero también produce exclusiones y sesgos que deben ser evaluados explícitamente. Cuando la evaluación se organiza de manera predominantemente productivista —centrada en publicaciones, acumulaciones individuales disciplinares y señales reconocibles por pares establecidos— tiende a favorecer ciertos perfiles de carrera y a desvalorizar otros modos de producir conocimiento. Quedan en posición frágil las trayectorias interdisciplinares, transdisciplinares, territoriales, tecnológicas, evaluativas, institucionales, de desarrollo experimental, de creación, de diseño, de construcción de datos, de articulación con políticas públicas, de investigación lenta o de trabajo sostenido con actores sociales. El problema tiene aristas distributivas: quién entra, quién queda afuera, quién asciende, quién sale y quién permanece invisible. Pero, además, tiene una dimensión epistémica e institucional: qué formas de investigación el sistema aprende a reconocer como valiosas y cuáles empuja hacia los costados. Este sesgo se agrava cuando la evaluación se concentra en individuos, es productivista y no abarca políticas, instrumentos y condiciones de posibilidad. Lo que no se evalúa queda fuera del campo de visión institucional, y el sistema termina llamando excelencia a lo que sabe medir, no necesariamente a lo que más valor produce. Especulamos que se ha perpetuado en torno al SNI un “ciclo de punto ciego y reafirmación excluyente” que funcionaría así: primero, los instrumentos de evaluación reconocen solo aquello que sus indicadores operacionalizan. Luego, las instituciones distribuyen prestigio, recursos y oportunidades en función de ese reconocimiento parcial. Después, los investigadores adaptan sus trayectorias a lo que el sistema premia. Finalmente, el propio sistema interpreta esa adaptación como confirmación de que esas son las formas más valiosas de investigación. Lo que quedó fuera de foco aparece, entonces, como marginal, menos riguroso o difícil de evaluar, cuando en realidad fue el propio dispositivo evaluativo el que contribuyó a invisibilizarlo.

Entonces, aquí aparece un anclaje ético fuerte para la valorización mediada por la evaluación: si las instituciones pueden ampliar, estrechar, deformar o ignorar las posibilidades de la investigación en relación con los problemas públicos, entonces, no es éticamente neutro no ver u ocluir oportunidades de valor social, aprendizaje institucional o producción de conocimiento robusto y localmente relevante. La valorización de la ciencia es inseparable de una evaluación independiente, plural, ética y orientada al aprendizaje público. Dicho con más claridad: la evaluación ética no es un accesorio de la CTI ni una instancia meramente regulatoria que autoriza o rechaza proyectos de investigación cuando hay riesgos para personas. Es una forma principal de realización y valorización del sistema, porque pregunta por aquello que vuelve socialmente valiosa, institucionalmente responsable y democráticamente justificable a una práctica de CTI. Este aspecto suele ser bien comprendido por los Comités de Ética en Investigación, que en Uruguay evalúan ex ante proyectos concretos que involucran investigadores, personas, riesgos, autonomía, confidencialidad, justicia y valor social. Pero la realidad de esos comités es tensa y heterogénea. Hay campos e instituciones de las humanidades, las ciencias sociales, las tecnologías y las ciencias naturales y formales que no se sienten cómodos con la forma actual de evaluación ética en nuestro país. Una razón es la formación insuficiente de investigadores y evaluadores; otra es el predominio de un enfoque bioeticista-reduccionista que, además, a veces se implementa con grandes dificultades.

Por eso, valorizar la ciencia implica evaluar —lo que incluye la evaluación ética— no solo proyectos, sino también programas, políticas e instrumentos de ciencia, tecnología e innovación. Entonces el SNI, los fondos competitivos, los portales de información, las unidades de evaluación, las unidades académicas, las comisiones de investigación, los programas de becas o las políticas de innovación producen incentivos, exclusiones, jerarquías, agendas y trayectorias también deben ser objeto de evaluación ética. Una UNE-CTI —junto con otros espacios independientes de evaluación— debería resultar en mucho más que repositorios de datos u observatorios descriptivos. Debería ayudar a que el sistema de CTIE piense sobre sí mismo: que corrija sesgos, haga visibles sus supuestos, evalúe instrumentos y no solo individuos, combine métodos cuantitativos y cualitativos, involucre a la ciudadanía y sostenga independencia real. Una arquitectura de evaluación así merece apoyo financiero del Estado, porque valorar la ciencia no es solo medir lo que produce, sino comprender cómo contribuye, responsablemente, a construir futuro público.

Horacio Botti