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Distintas voces han repetido en los últimos días que la intervención de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro infringen el derecho internacional, que así se atenta contra la libre determinación de los pueblos, por lo que condenan este acto de injerencia y claman por una resolución pacífica del conflicto, en cuanto el fin no puede justificar los medios, según dicen.
Sorprende que estas manifestaciones provengan de relevantes actores políticos nacionales y extranjeros, puesto que parten de una ingenuidad inusitada y desnudan un desconocimiento de cómo funciona la geopolítica, cómo se moviliza y ejerce el poder y, lo que es peor aún, un desconocimiento de la propia naturaleza humana.
Para empezar, el derecho no tiene aplicación real sin la existencia de una entidad que monopolice el uso de la fuerza y pueda hacer cumplir coactivamente las normas. Cuando no existe un sujeto que asuma dicho rol, prevalece la ley del más fuerte y el hombre vuelve a ser el lobo del hombre.
Así funciona la política internacional cuando de potencias hablamos, puesto que no existe ningún sujeto que ostente el monopolio de la fuerza global ni pueda imponerse con claridad sobre los demás actores relevantes sin una hecatombe nuclear, que no dejaría más que vencedores vencidos.
Ello determina que las superpotencias puedan campar a sus anchas por el globo, un globo que hace las veces de su tablero de juego y parece cada vez más dividirse en regiones, dentro de las cuales las superpotencias tienen mayor o menor libertad de acción, según sus áreas de influencia.
Parece que, tras la Segunda Guerra Mundial, nos hemos acostumbrado —ilusamente, a mi modo de ver— a una cierta coexistencia pacífica de los Estados, donde en términos generales la resolución armada de los conflictos se volvió excepción.
Pero ello no parece ser normal en la historia humana, sino más bien excepcional. Ante el surgimiento de nuevas potencias y la multipolarización del globo, la paz mundial se advierte una vez más como la consecuencia ocasional de un delicado equilibrio entre las distintas potencias, sin que el derecho internacional público tenga un rol relevante en ese equilibrio.
De tal manera, resulta cuanto menos ingenuo pretender resolver por la vía del derecho lo que no pertenece a dicho ámbito, puesto que, cuando las armas hablan, las leyes callan.
Máxime cuando lo que ha ocurrido es el derrocamiento de un dictador que de lo contrario se habría perpetuado en el cargo, puesto que no ha respetado elección alguna y ha violado todos los derechos cívicos y humanos posibles. Una vez más, pretender que la historia de Maduro se resolviera de manera pacífica es más propio de un cuento de hadas que del mundo real.
Y digo la historia de Maduro, puesto que la historia de Venezuela está lejos de encontrarse resuelta y habrá que esperar a los meses venideros para determinar su porvenir y el efecto real que la intervención de Estados Unidos tiene en esta.
Pero, lo que es claro, es que no tiene caso invocar leyes a quien ciñe espada.
