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La importancia de la noticia motivó que los medios recogieran muchas opiniones sobre este tema. Si bien cada una de ellas tiene un enfoque particular, es posible distinguir, en la mayoría, dos opiniones.
Una es que Maduro fue un dictador que persiguió, encarceló y torturó a sus opositores, suprimió los derechos individuales, provocó el exilio de millones de venezolanos, desconoció los resultados electorales que le fueron adversos y retiró a su país de los organismos encargados de la protección de los derechos humanos.
La otra es que la operación militar norteamericana por la que se capturó y sometió a la Justicia de aquel país a Maduro fue violatoria del derecho internacional.
El énfasis que se puso en cada una de estas dos posiciones estuvo alineado con el perfil de los operadores políticos en nuestro país, lo que motivó que la Comisión Permanente del Poder Legislativo no pudiera emitir una declaración sobre el tema con el voto de todos sus integrantes.
Mientras tanto, la realidad es que subsiste la incertidumbre sobre cómo evolucionará la situación en aquel país. Si bien no es mucho el tiempo transcurrido, no se perciben aún señales que permitan albergar esperanzas sobre la restitución de la democracia a corto plazo. ¿Será porque a Estados Unidos solo le interesa gestionar el negocio petrolero y no la normalización institucional de Venezuela? No creo que sea así. Estimo que no se trata de si quiere o no hacerlo, sino de que no puede lograrlo ahora, requiere tiempo.
Al respecto está la declaración del secretario de Estado en la que propuso seguir una agenda de tres etapas. La primera de estabilización para evitar el caos. La segunda de recuperación para mejorar la economía y la tercera de transición para lograr la reconciliación, disponer amnistías, liberar presos y reconstruir la sociedad civil. No se han establecido plazos para cumplir este proceso.
A los uruguayos nos cuesta entender la demora que supone este plan porque nuestra experiencia para salir de la dictadura fue diferente. Vale recordar que, en un intento por mantener cierta participación en la conducción política, las Fuerzas Armadas sometieron a consulta popular un proyecto de reforma constitucional y que ante el resultado adverso acataron la voluntad ciudadana.
También debe tenerse presente que la salida en paz se logró mediante el diálogo entre los mandos y personalidades políticas, las que, si bien con exclusiones, eran representativas de amplios sectores de la población.
Esta posición determinante de nuestras fuerzas no ha sido suficientemente considerada al juzgar la trayectoria de la institución y de sus integrantes. De hecho, gran parte de nuestra población desconoce estos antecedentes.
Nada de eso podría suceder en Venezuela porque sus Fuerzas Armadas al tiempo que poseen las armas constituyen un partido político. Así se pronunciaron oficialmente como integrantes del PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela), creado por Chávez en 2006.
La prueba la tuvimos cuando en junio de 2012 arribó a nuestro país una representación del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela. Aquella delegación realizó una exposición en nuestro Instituto Militar de Estudios Superiores, que consistió en una propaganda política explícita del socialismo que se practicaba en aquel país, lo que motivó críticas de políticos de la oposición de la época, sin que las autoridades nacionales se pronunciaran.
Si las fuerzas militares de un país integran un partido político, cualquiera sea su orientación, será más difícil que accedan a entregar el poder que detentan.
